Hace cuatro años se firmó en Cartagena el acuerdo de paz con las Farc, que significó la desmovilización y el desarme de la guerrilla más antigua y poderosa del país, la que más daño y víctimas causó. Nueve meses después, en junio del 2017, más de 10.000 combatientes dejaron sus armas en forma definitiva, las Farc desaparecieron como movimiento armado y conformaron un nuevo partido político.
La plataforma ciudadana Defendamos La Paz convocó para este 26 de septiembre la primera conferencia internacional ‘El mundo exige la paz’, con el fin de hacer un balance de los primeros años de vigencia del acuerdo. Participarán los premios nobel de paz Juan Manuel Santos, José Ramos Horta, Jody Williams y Denis Mukwege; el jefe de la Misión de verificación de la ONU; los expresidentes de España y Uruguay, Felipe González y José Mujica; líderes sociales de los territorios, los negociadores del Estado y de las Farc y organizaciones de derechos humanos y víctimas. Por el Gobierno asistirá el consejero Archila.
Será, entonces, una oportunidad para que la comunidad internacional reitere su compromiso con la paz de Colombia, que en este último año parece debilitado, por causa de la pandemia y de la apatía del Gobierno en la implementación del acuerdo. También, para conocer la posición de los distintos mecanismos de verificación y el balance de los jefes de los dos equipos negociadores sobre los avances, obstáculos y retrocesos de los últimos años. Escucharemos, igualmente, a líderes sociales y excombatientes que sufren una dura arremetida en los territorios, con el crecimiento acelerado de asesinatos y masacres.
Cuatro años después de la firma de la paz con las Farc es evidente que los niveles de violencia disminuyeron en el país, la reincorporación de los excombatientes avanza y los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los grupos ilegales se redujeron. Pero también es cierto que la ralentización de la implementación por parte de un gobierno que no disimula su antipatía por el acuerdo nos condujo a un recrudecimiento del conflicto en los últimos dos años. El último informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) así lo señala. Se amplió la presencia del ‘clan del Golfo’, Eln y disidencias de las Farc. Desde el 7 de agosto del 2018 a hoy pasamos de 99 municipios con presencia del Eln a más de 160 y de 56 municipios con disidencias, a 114.
Además, el Gobierno engavetó la implementación normativa del acuerdo. En dos años no hay un solo proyecto de reforma constitucional o de ley presentado al Congreso, obstruyen la entrada en vigencia de las 16 curules para las víctimas, los mecanismos de impulso bilateral a la implementación son mera formalidad, los proyectos de desarrollo rural integral y reforma política acordados no se presentan, la sustitución social de cultivos se abandonó y la inversión en los municipios Pdet se disminuyó al mínimo. Con ese panorama, no extrañan el desaliento de las comunidades en los territorios y el rebrote de la violencia en muchas zonas que alcanzaron a acariciar la paz, incluso desde antes de la firma del acuerdo, y ahora contemplan impotentes cómo se les escapa de las manos.
Hay tiempo de rectificar en los dos años restantes y ojalá la conferencia de esta semana se pueda aprovechar para abrir un diálogo que permita llegar a mínimos consensos en torno a la implementación, como se planteó al Gobierno desde Defendamos La Paz hace más de un año. La buena noticia es, entonces, que el Gobierno no pudo hacer trizas la paz y nos quedan diez años más para su consolidación. La mala es que engavetó los acuerdos. Y aún más complejo es que no se avanza en la implementación territorial, pero tampoco se combate con eficacia en lo militar al Eln, el ‘clan del Golfoc y las disidencias. No hay éxitos notables en ese frente. Ni lo uno ni lo otro.
Juan Fernando Cristo