Retos para el próximo gobierno

Francis Fukuyama, en su obra Orden y decadencia de la política (2016), precedida de Los orígenes del orden político (2016), afirma que el Servicio Forestal de Estados Unidos, que fue creado en 1905, es considerado desde hace mucho tiempo una de las istraciones más exitosas de ese país.

A nivel mundial, los países que tienen importantes ecosistemas boscosos cuentan con Servicios Forestales Nacionales, o con sólidas instituciones públicas encargadas de la gestión de los bosques. Solo para hacer referencia a América Latina, pueden mencionarse los Servicios Forestales de Brasil y de Perú. En México existe la Comisión Nacional Forestal; en Chile, la Corporación Nacional Forestal y, en Guatemala, el Instituto Nacional de Bosques.

En Colombia, que tiene millones de hectáreas con potencial para el manejo sostenible de bosques, la reforestación comercial, la reforestación protectora y la restauración ecológica, actividades que generan empleo, ingresos y múltiples beneficios que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales, no tenemos ni Comisión, ni Corporación, ni Instituto, ni Agencia, ni Servicio Forestal Nacional.

Pero, en cambio, orgullosamente podemos mostrar que tenemos dos leyes de la República (37 de 1989 y 99 de 1993) que ordenan estructurar y poner en funcionamiento el Servicio Forestal Nacional. Aun para mayor orgullo, establecen lo mismo cuatro políticas públicas: (Política de Bosques-Conpes 2834 de 1996, Plan Nacional de Desarrollo Forestal de 2000, Estrategia Integral de Control de la Deforestación y Gestión de los Bosques de 2018 –Estrategia Nacional REDD+ de Colombia– y Política de Crecimiento Verde-Conpes 3934 de 2018).

Según este último “mandato” del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), los ministerios de Ambiente y de Agricultura debían garantizar que el Servicio Forestal Nacional iniciara su operación en el año 2020. Pero los ministros no movieron ni un dedo en esa dirección. Como la Política de Crecimiento Verde “se encuentra alineada con las recomendaciones e instrumentos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde)”, este podría ser un caso emblemático para análisis de esta organización, que “une a los países que se esfuerzan por alcanzar los más altos estándares en las políticas públicas mundiales para mejorar el bienestar y la calidad de vida de sus ciudadanos”.

A estos y otros aspectos estratégicos sobre los bosques y la gestión forestal, tales como el abandono del Plan Nacional de Desarrollo Forestal por los ministerios de Ambiente, Agricultura, Comercio y el mismo DNP, se refiere la carta recientemente dirigida al presidente Duque y los candidatos presidenciales, suscrita por la academia forestal, organizaciones de profesionales forestales, las Mesas Forestales Departamentales (espacios de diálogo, articulación y concertación entre actores públicos y privados, promovidos por el propio Minambiente) y casi quinientos ingenieros forestales de todos los departamentos del país.

Cualquiera que sea el próximo gobierno, deberá llevar a cabo, en forma seria, acciones integrales, no solo coercitivas, para enfrentar la deforestación. De lo contrario, será mejor que se reconozca, de una vez por todas, que las leyes y las políticas de Estado sobre bosques sirven para muy poco menos que disimular el real incumplimiento de los compromisos internacionales suscritos por Colombia en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Convenio de Biodiversidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

JOSÉ MIGUEL OROZCO MUÑOZ

(Lea las columnas de José Miguel Orozco Muñoz en EL TIEMPO aquí).