La resurrección de los corruptos

No me sorprende que Emilio Tapia haya aparecido en el escenario de nuevo. Tampoco me extraña que algunos de los congresistas mencionados en el caso Odebrecht y que hacían parte del llamado grupo de ‘los Buldócer’ vuelvan a ser mencionados en esta nueva trama de corrupción que apenas se está destapando.

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Los corruptos tienen las siete vidas del gato. Saben cómo reciclarse, cómo volver a constituir sociedades para seguir licitando con el Estado. Sus nombres nunca hacen parte de una lista que les impida seguir robándonos a los colombianos porque no existen normas draconianas que los excluyan como debería ser. Es más, si en algún momento algún Congreso y presidente valientes decidieran crearlas, seguramente la Corte Constitucional se las tumbaría alegando el sagrado derecho al trabajo de estos sinvergüenzas.

Las empresas que han incurrido en actos de corrupción tampoco son castigadas plenamente. No se me olvidará nunca que cuando le preguntaron al expresidente Juan Manuel Santos si debería prohibirse que la multinacional brasilera metida en semejante escándalo de corrupción siguiera en Colombia, Santos contestó: “No veo por qué a Odebrecht la deban castigar de por vida en nuestro país. Como en cualquier país del mundo, cuando hay un problema, las empresas pagan las multas, las personas que deban irse van para la cárcel, pero las empresas deben seguir cumpliendo su tarea”. En esas andamos y así nos va.

Tenemos un sistema que parece diseñado para que los corruptos se reciclen una y otra vez; para que resuciten cada tanto, apalancados en los dineros que no terminan de entregar y tienen bien escondidos en Suiza o en Dubái. Miren ustedes lo que ocurre con los contratistas de la alimentación escolar. Los mismos a los que pillan entregándoles a los niños carne de burro o leche descompuesta se aseguran de hacer parte de distintos consorcios y uniones temporales simultáneamente en otras regiones, de manera que si algo sale mal, siempre tengan un plan B a costillas del mismo Estado, que no es capaz de trancarlos porque no tiene herramientas reales para hacerlo.

Mientras otros países castigan la corrupción con cadena perpetua o, incluso, pena de muerte, nosotros ni siquiera les exigimos a los pillos plena reparación y restitución de lo que se embolsillaron. Los mandamos a la cárcel unos meses a seguir viviendo en medio de excesos aun tras las rejas y, como si fuera poco, no los marginamos de la contratación pública, de manera que, pasados unos años, cuando todo se olvida, vuelven a aparecer directa o indirectamente para seguir saqueándonos.

Ni siquiera, como decía Yolanda Ruiz en su más reciente columna, somos capaces de imponerles una sanción social y rápidamente los recibimos en clubes y restaurantes, como si tal.

La discusión sobre la muerte jurídica de las empresas y la responsabilidad penal de las personas jurídicas se ha ido diluyendo, y cada vez que se propone un debate en ese sentido aparecen, como vimos, algún influyente expresidente o unos cuantos congresistas que impiden que podamos ajustar nuestro sistema legal para que existan castigos ciertos que nos ayuden a frenar este fenómeno.

Aunque la Fiscalía está haciendo una buena labor en el caso del contrato podrido del Mintic que nos tiene hablando a todos, las cosas caminan mucho más lento en la Corte Suprema de Justicia cuando se trata de ajustar cuentas con los congresistas que, estando untados hasta el cuello de corrupción, les simpatizan políticamente a los magistrados.

Con este diseño institucional y con la falta de voluntad para incorporar medidas concretas que eviten la resurrección de los corruptos, la película se repetirá y los bandidos seguirán haciendo de las suyas.

JOSÉ MANUEL ACEVEDO

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