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Esta semana, de manera abrupta y alegando una supuesta grave crisis financiera, la empresa Viva Air decidió suspender todas sus operaciones y cancelar sus vuelos, tanto nacionales como internacionales. Miles de pasajeros, que hasta último momento ignoraban lo que iba a ocurrir, fueron engañados: pagaron pasajes, recargos por equipaje y otros costos, asumieron sus compromisos y fijaron sus agendas individuales, familiares, turísticas o profesionales, sobre la base de sus contratos de transporte.

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La conmoción fue enorme, y el caos absoluto en los aeropuertos se extendió por varios días. Muchas personas –incluidos niños, enfermos, adultos mayores y mujeres– tuvieron que dormir en el suelo de las terminales, y no pocos se quedaron atrapados y sin recursos, junto con sus familias. Hubo indignación cuando, al parecer, un alto funcionario oficial les recomendó por radio “tomarse un tinto y tener paciencia”. Se multiplicaron las protestas y los reclamos de los s, sin respuesta. Hasta riñas se presentaron, porque los pasajeros afectados quisieron bloquear e impedir la salida de otras aerolíneas.

La indispensable y oportuna información al cliente –una obligación de toda empresa– brilló por su ausencia. Todos fueron sorprendidos por un inconsulto y arbitrario cese de operaciones, sin datos, sin soluciones, con inaceptable irresponsabilidad.

Los perjuicios para esos s, tanto nacionales como extranjeros, así como para el transporte aéreo en general, han sido enormes. Y también han sido afectados el turismo y los hoteles, en varias ciudades.

Los s que fueron víctimas de este ilícito procedimiento empresarial, carente de toda justificación, tienen pleno derecho –que el Estado debe garantizar– a que se les reintegren los valores pagados y a que se los indemnice por los daños de todo orden que les fueron causados por Viva Air. La aerolínea debe ser investigada por la autoridad aeronáutica y por las superintendencias de Transporte y de Industria y Comercio –encargada de proteger a los consumidores–, las cuales deben imponer ejemplares sanciones. Pero, además, la Fiscalía General de la Nación debería iniciar una investigación de oficio contra las personas naturales que proyectaron y ejecutaron un evento abiertamente ilegal e ilegítimo, que generó incalculable perjuicio a los s, al tráfico aéreo, a la libre competencia y al interés público, si –como todo indica– varios delitos fueron cometidos.

Todo lo anterior, en cuanto a los hechos recientes, que todavía se encuentran en vías de solución –ojalá sea pronta y completa–, pero se debe ir más allá. Según se ha informado, lo acontecido guarda relación con algo más profundo: la anunciada integración o fusión entre Avianca y Viva Air, operación que en realidad, por lo visto, no es nada diferente a la absorción de la segunda por la primera. Si el dañino episodio de la cancelación de vuelos es una forma de presión o chantaje al Estado colombiano para que autorice la negociación correspondiente, es algo que las autoridades competentes deben investigar y sancionar, ya que estaríamos ante un gravísimo precedente.

Verifíquese si las empresas interesadas iniciaron su vinculación económica sin contar con la previa autorización estatal. Aunque meses atrás, la Aeronáutica Civil había negado la aprobación posterior, en decisiones recientes no fue clara, ni se mantuvo firme.

La Constitución, en su artículo 333, estipula que “la libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades”, y añade que “la empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones”.

El artículo 334 señala que el Estado intervendrá, por mandato de la ley, en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía, y el 336 establece: “Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con una finalidad de interés público o social y en virtud de la ley”. Todo lo contrario de lo que está pasando. El Estado debe actuar con celeridad, seguridad y firmeza. Lo ocurrido no se puede repetir.

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ