No más afrentas contra la justicia

En el último año, hemos visto defensas irrestrictas al narcotráfico y a la criminalidad, desconocimiento de la autonomía e independencia de la Fiscalía General de la Nación y ataques contra la Rama Judicial y la Procuraduría General de la Nación.

Cabe solo recordar que desde el año pasado ya se hablaba, tema que se volvió a poner sobre la mesa en la última semana por el ministro de Justicia, de traer una comisión contra la impunidad conformada por extranjeros para suplantar la justicia colombiana. Una afrenta.

Solo en los últimos días, el Gobierno, de forma articulada con varias personas, estableció un complot que yo había anunciado contra la vicefiscal general, Martha Mancera, atribuyéndole de forma infame y mendaz conductas delictivas con el propósito tal vez de sacarla del camino por la valerosa dirección misional que ha tenido en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en el país. Para rematar la función, el Presidente le envió un mensaje a la Rama Judicial, señalando que va a disminuir los sueldos de los servidores del Estado porque no le gustó la sentencia de la Corte Constitucional.

Ahora de nuevo se insiste, esta vez por un grupo de congresistas del partido de gobierno, en sintonía con el presidente Petro, en sacar de la cárcel a múltiples delincuentes de la autodenominada “primera línea” a través de mecanismos legales que no se compadecen con el sistema jurídico de nuestro país. Recordemos que estos posibles indultos o amnistías permitirían que personas que cometieron múltiples delitos como homicidios, lesiones personales, daños en bien ajeno, terrorismo, entre otros, salgan a las calles.

Los colombianos no pueden olvidar que durante 4 meses del 2021 se articuló, aprovechando unas legítimas protestas sociales, una estrategia de destrucción con organizaciones criminales de varias ciudades del país, con bloqueos en las rutas que traían desde el puerto de Buenaventura las vacunas contra el covid-19, con aniquilamiento del comercio, con quemas del Palacio de Justicia de Tuluá y la URI de la Fiscalía General de la Nación y de Medicina Legal de Popayán. Ciudades como Cali, Bogotá, Medellín, Pereira, entre otras, sufrieron el asedio criminal. Todo esto, instigado por varios grupos, a quienes el actual Presidente de la República terminó prometiéndoles que los sacaría de la cárcel. Un primer intento fallido se dio en diciembre del año pasado. Los llamaron sectores afectos a su movimiento “presos políticos”. Una ofensa a la justicia colombiana.

Los resultados del ente acusador han sido contundentes. Hubo reportes falsos de 627 desaparecidos presentados por una ONG internacional. Nunca los hubo. La única denuncia por desaparición forzada fue esclarecida. Se trató de un policía. Murieron 29 personas, de las cuales tenemos un esclarecimiento de un 55,2 %. De la autodenominada “primera línea” se imputaron 183 personas, hay 76 en la cárcel y 14 sentencias condenatorias. Del mismo modo, en el marco de esos hechos también el ente acusador imputó a 12 integrantes de la Policía Nacional. Un trabajo meritorio de nuestros fiscales y jueces.

La labor de la Fiscalía en ese momento histórico fue vital para el sostenimiento del Estado de derecho. No solo esas cifras denotan el trabajo del ente acusador de la mano con los jueces de la República, sino que la situación quedó evidenciada con la presentación de un informe con los resultados judiciales obtenidos a la Comisión Interamericana de DD. HH. y a la Oficina de la entonces Alta Comisionada de DD. HH. de la ONU.

El asedio permanente contra las instituciones judiciales, el intento de suplantación de jueces y fiscales y la amenaza contra los poderes públicos deben rechazarse con la Constitución y la ley en la mano. No hay duda de que el Congreso estará a la altura para rechazar esas grotescas iniciativas.

FRANCISCO BARBOSA

Fiscal General de la Nación

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