Estamos otra vez en crisis del sector de la vivienda, con caídas en ventas del 60 % en los últimos meses. Como en este sector primero se vende la casa y luego se construye, esta nueva crisis todavía no se refleja en desempleo y despidos del orden del 60 % de los trabajadores. Todavía.
Aparte de la profundidad, la diferencia frente a las crisis de 1997 y 2008 es que esta es la primera que afecta principalmente a la VIS. En las anteriores crisis el frenón comenzó por el sistema bancario, pero la VIS y los subsidios pudieron ser usados como herramienta contracíclica para generar empleo y actividad. Pero esta vez lo que se trabó es justamente el mecanismo para promover la VIS. Como consecuencia, vamos hacia una fuerte recesión sectorial con doble efecto regresivo: desempleo en renglones de baja capacitación y menos a la primera vivienda para las familias de ingresos bajos.
¿Cómo arreglar el sistema? Muchas opiniones y soluciones se han escuchado, la mayoría sin distinguir si estamos frente a una falta de presupuesto o frente a una falla estructural. Como siempre, dependiendo del diagnóstico vendrá la solución.
Vamos hacia una fuerte recesión sectorial con doble efecto regresivo: desempleo en renglones de baja capacitación y menos a la primera vivienda para las familias de ingresos bajos.
Cuando se crearon los subsidios a la VIS, mediante la Ley 3.ª de 1991, promovida por el presidente Gaviria, los constructores comenzaron a interesarse en la VIS y aprendieron y compitieron por bajar los costos. Poco a poco, la construcción formal fue ampliando su cobertura hacia la base de la pirámide de ingresos. Este proceso tuvo un salto cuántico en el año 2000, cuando el alcalde Peñalosa creó legalmente la VIP (VIS prioritaria), dirigida a familias más pobres, con ingresos menores que dos salarios mínimos (s. m.).
Hoy, el éxito de la política continuada por muchos gobiernos se presenta junto a la crisis del modelo como dos caras de la misma moneda: siete de cada diez unidades construidas son VIS, y siete de cada diez familias esperan una ayuda del Estado para volverse propietarias. Familias y empresas constructoras se volvieron ‘subsidiodependientes’.
Así como los subsidios son un excelente medio para redistribuir el ingreso, también suelen producir efectos perversos que van creciendo con el tiempo. Los subsidios al desempleo llevan a que algunos dejen de buscar trabajo, el subsidio a la energía estimula el derroche, el del diésel hace que se importen camionetas diésel, etc
Con la vivienda, la subsidiodependencia nos trajo a un nuevo escenario: miles de viviendas nuevas vacías, y miles de familias de bajos ingresos en fila de espera, literalmente, porque completaron su cuota inicial, e incluso les aprobaron crédito, pero les falta la plata del subsidio para completar el precio.
Las soluciones cortoplacistas terminan en pedirle al Gobierno que aumente el presupuesto año tras año. Es una solución corta, tipo pambelé, porque ni este ni ningún gobierno podría cumplir la expectativa de subsidiar a la mayoría de familias de ningún país.
La solución estructural pasa por reducir la fila de familias subsidiadas a aquellas que verdaderamente dependen del apoyo público para ser propietarias. Minvivienda lo está ensayando con el Sisbén como filtro y es la vía correcta para focalizar, por supuesto con ajustes que tengan en cuenta la operatividad y la transición del sistema. Adicionalmente a esos ajustes –operatividad y presupuesto–, es hora de reducir explícitamente el umbral de beneficiarios del subsidio a los dos o máximo a tres s. m., algo que sería coherente con lo que propone el proyecto de reforma pensional. Enfocar una política pública redistributiva en beneficiar al 70-80 % del país no es una utopía sana: crea expectativas y dependencias que se convierten en frustración y desempleo.
ANDRÉS ESCOBAR URIBE