La integración regional

La crisis ambiental que atraviesa el país tendrá incidencia en las políticas de movilidad y en la elaboración de los Planes de Desarrollo Territorial. El 2024 llegó con nuevos alcaldes, gobernadores y altas temperaturas. La UNGRD reportó en el mes de enero más de 322 incendios en todo el territorio nacional. Tendremos un primer trimestre con pronunciamientos oficiales sobre la calidad del aire, implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, transición energética y medidas para mitigar los efectos del cambio climático, entre otros. Una agenda temática ineludible.

En el centro del debate estará la convergencia regional, como quedó consignada en el Plan Nacional de Desarrollo, que, además, la incluyó como una de las cinco estrategias de transformación para el presente cuatrienio y le asignó un presupuesto de $ 136,5 billones –el 12 % del Plan Plurianual de Inversiones–.

Es difícil alcanzar la integración regional sin políticas que faciliten la movilidad de pasajeros y de carga. Según el gremio Aditt, sus 500 empresas atienden 10.000 rutas con una flota de 40.000 vehículos que movilizan más de 100 millones de personas al año.

De otro lado, según la Aerocivil, la red aeroportuaria moviliza casi 50 millones de pasajeros año (vuelos nacionales e internacionales). La Nación cuenta con 74 aeropuertos. Adicionalmente, existen 14 departamentales, 94 municipales y decenas de aeródromos territoriales. Para estos últimos, que ofrezcan servicios aéreos esenciales, la Aerocivil tiene preparado un plan de inversión. Un aporte necesario para el desarrollo de comunidades apartadas y vulnerables.

No obstante los avances, carecemos de una visión sistémica del transporte de pasajeros. Los aeropuertos no atienden integralmente las regiones y tampoco están conectados con los sistemas de transporte urbano. A su vez, estos no están integrados con las terminales de transporte intermunicipal y no existe vinculación de los modos terrestres con los fluviales o marítimos. Un vacío en la regulación que tiene alto costo para la ciudadanía.

Es urgente elevar el nivel de servicios para las personas. Hay que proteger al ciudadano de la informalidad y malas prácticas. En muchos municipios el transporte informal es la política oficial. La descarbonización de la economía tendrá su punto de quiebre cuando el transporte público la adopte y, a su vez, su oferta atienda las necesidades de las comunidades.

El Plan Maestro de Transporte Intermodal 2023-2051, que presentó el Gobierno Nacional en noviembre del año pasado, es una herramienta indispensable para comprender los retos de conectividad del país. Los recursos de la convergencia regional tendrán que fortalecer la infraestructura de transporte de pasajeros y carga. El país requiere promover los centros de intercambio modal (CIM) y la infraestructura logística especializada (ILE), como ejes de la productividad y competitividad local.

Las ciudades necesitan mejorar sus estándares de logística y abastecimiento. La carencia de centros de acopio y distribución de alimentos es un problema de seguridad alimentaria y, también, de competitividad regional. Muchos empresarios dependen de un transporte obsoleto, sin los rigores que exige la cadena de frío, con vehículos que circulan sobredimensionados y con exceso de peso.

El Ministerio de Transporte resolvió con acierto los temas de peajes y combustibles. Decisiones responsables, soportadas con criterios técnicos, dan tranquilidad a la ciudadanía y a los inversionistas del sector.

La definición de la estrategia multimodal, la integración de infraestructuras y tarifas, así como la reglamentación de los instrumentos de financiación –algunos de los cuales están vigentes desde la expedición de la ley 2294– exceden la capacidad técnica de las regiones y sus áreas metropolitanas.

Después de la posesión de los alcaldes y gobernadores, el Gobierno Nacional tiene completo el rompecabezas para trabajar en la convergencia regional. Manos a la obra.

ANDRÉS CHAVES

Exviceministro de Transporte

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