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Muchísimas normas de las tantas constituciones que hemos tenido se han quedado en el papel.

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En un acto de gran solemnidad, celebrado en la casa natal del general Santander, las cabezas de las ramas del poder público se dieron cita para conmemorar los 200 años de la promulgación de la primera Constitución de carácter nacional. Al evento en Villa del Rosario asistieron el presidente de la República, varios congresistas, magistrados de las ‘altas cortes’ y profesores de derecho constitucional.
(Lea además: Corrupción integral)
Aunque antes, durante la llamada Patria boba, ya se habían expedido varias constituciones provinciales, fue la de Cúcuta, promulgada en 1821, la que estableció los elementos esenciales de nuestro constitucionalismo. Muchas reflexiones pueden hacerse alrededor de este evento que coincidió con el XVI encuentro de la Jurisdicción constitucional que organizó el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado cucuteño Antonio José Lizarazo.
Se quiso plasmar allí el sueño de la ‘Gran Colombia’, con la integración de lo que hoy son Colombia, Panamá, Venezuela y Ecuador, que apenas se mantuvo por unos pocos años. Curiosamente, hoy cuando la Constitución del 91 dispone en su artículo noveno que “la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe” se mantiene cerrada la frontera con Venezuela y, además, los presidentes invitados de las “naciones hermanas” no estuvieron de cuerpo presente.
Bolívar, Santander y Nariño estuvieron asociados al surgimiento de esa primera carta política de carácter nacional. Quién iba a pensar que, apenas siete años después, Santander sería acusado de participar en la conspiración que pretendía asesinar al Libertador. Por eso fue condenado a muerte, pena que le fue conmutada por la de destierro, a instancias de una de las hermanas Ibáñez, bellas ocañeras cuyo corazón se disputaban los dos próceres.
Uno de los rasgos esenciales de nuestra política es la expedición de muchas constituciones que establecen mandatos que no se cumplen. Veamos nada más el artículo primero de esta Constitución de 1821, que evocó emocionado el presidente Duque: “La Nación Colombiana es para siempre, e irrevocablemente libre e independiente de la monarquía española, y de cualquier otra potencia o dominación extranjera, y no es ni será nunca el patrimonio de ninguna familia ni persona…”.
Uno de los rasgos esenciales de nuestra política es la expedición de muchas constituciones que establecen mandatos que no se cumplen.
Basta pensar que otro de los conspiradores contra Bolívar, Mariano Ospina Rodríguez, sería después uno de los fundadores del Partido Conservador y tronco de una familia con varios presidentes de gran influencia en la nación.
A veces, con la presencia de unos mismos apellidos en el poder, se podría pensar que por momentos hemos tenido –por la sucesión de padres, hijos, nietos, hermanos y primos– una monarquía pero sin sus pompas. A eso habría que agregarle la conocida cifra de que apenas un 5 por ciento de la población concentra más del 90 por ciento de la propiedad de la tierra. Y que, como lo reveló recientemente el Dane, más de seis millones de compatriotas “sobreviven” con medio salario mínimo.
En lo fundamental, la estructura constitucional actual viene de entonces: bicameralismo, presidencialismo –por cierto, acentuado en la Constitución de 1991–, descentralización, que aún no se cumple, y separación de poderes, entre otros, que por cierto y por lo que vemos en la práctica sigue siendo un simple enunciado.
Muchísimas normas de las tantas constituciones que hemos tenido se han quedado en el papel; entre ellas, la mayoría de las más de 80 sobre “derechos” consagrados en la última Carta Política.
Nos jactamos, por ejemplo, del artículo que dice que los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás. Pero a nadie parece importarle que muchos de nuestros niños vivan desnutridos, sin hogar, o que se mueran de hambre. Eso por no hablar del niño de 12 años que murió linchado porque, a falta de otras alternativas, acabó cometiendo un delito.
Probablemente Colombia sería otra si se cumpliera solo el artículo 3.° de esta Constitución promulgada hace ‘200 años’: “Es un deber de la Nación proteger por leyes sabias y equitativas, la libertad, la seguridad, la propiedad y la igualdad de todos los colombianos”.
ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ

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