Presos sin batería

SEÑOR DIRECTOR:

Acerca de las noticias de la semana anterior relativas a la extorsión desde las cárceles, el director del Inpec, en un programa trasmitido el pasado domingo 10 de marzo, manifestaba que no se tenían actualizados los sistemas inhibidores de señal que operan en las cárceles y que la tecnología de estos estaba obsoleta, que por ello no servían en su gran mayoría y todas las llamadas realizadas desde estos lugares se hacían sin restricción, toda vez que si se ponen a funcionar los inhibidores de señal, estos afectarían a los vecinos de las cárceles y a los directivos, dejándolos incomunicados.

Ante semejante panorama tan desolador, se me ocurre una solución práctica, sencilla y económica: quitar las tomas de corriente de las celdas, pasillos y demás lugares donde los privados de la libertad cargan sus teléfonos, pues sin batería cargada no tienen cómo usarlos, evitando así que puedan hacer uso de los teléfonos móviles ingresados irregularmente a los penales. Si necesitan llamar, lo harán desde los teléfonos públicos de las cárceles, los cuales deben emitir su lugar de origen en el identificador de llamadas. Así, la persona que la recibe decide si contesta o no.

Se economiza hasta en el recibo de la energía.

Reconociendo las concurridas marchas de colombianos insatisfechos con el gobierno Petro y necesitados de ver un verdadero revolcón’ en la gestión del actual Gobierno, creemos que ese cambio no es nada distinto a que se retiren los proyectos de reformas de salud y pensional, iniciar ya con medidas que incentiven la reactivación de la vivienda y las obras de infraestructura, que no se apruebe una nueva reforma tributaria, que se haga una revisión a la baja de las tarifas de servicios públicos, actuar con mayor firmeza contra la corrupción, bajarles el tono a los enfrentamientos políticos y nombrar a los funcionarios por sus méritos.

Y, finalmente, pedirle al presidente Petro dejar su actitud reeleccionista y que se dedique a gobernar para todos los colombianos.

Cuesta creer que el presidente Petro siga insistiendo en cambiar la línea del metro de Bogotá. Nos acabamos de enterar de que por cuenta de los pagaimpuestos colombianos, el primer mandatario contrató con la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SIC) un estudio cuyo costo fue de 8.000 millones de pesos para aclarar varias dudas relacionadas con la viabilidad del actual proyecto. Los resultados del estudio no favorecieron los postulados del señor Petro, razón por la cual el Gobierno, en su momento, decidió no socializar el concepto de la SIC.

El inquieto concejal Julián Rodríguez Sastoque logró mediante una tutela que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) entregara los resultados del estudio.

Al margen de lo anterior, que no habla nada bien del Gobierno, y teniendo en cuenta la contundencia del informe de la SIC, esperamos que el Presidente acepte que el metro con el que sueña ya no es posible.