Los créditos para el agro

EL TIEMPO de 24-4-2020 nos habla de los 29 billones que destina el Gobierno para la pandemia. Es bueno escuchar que los organismos de control están trabajando coordinadamente para corregir los entuertos presentados con el sobreprecio de los mercados. No se trata de que lleven los precios “a sus justas proporciones”, sino que el peso de la ley caiga sobre las “ratas de alcantarilla”, como los llamó el Presidente. Igual debe caer sobre el fraude con cédulas.

Según dicen, se pasó lo de 33.000 millones para 8 préstamos del agro, esto es, más de 4.000 millones por cabeza. Creemos que estos beneficios no deben ser para los ‘vampiros intermediarios’, sino para pequeños y medianos campesinos que ahora no tienen cómo sacar al mercado sus productos. A ellos se les debe comprar para llevar a población vulnerable.

En estos momentos tan duros hay un sector humano, los venezolanos, que está pasando más angustias de las que venía afrontando. Es muy triste verlos por las carreteras, expuestos, muchos de ellos con hambre de regreso a su país. Por si fuera poco, en los últimos días, dos buses se han accidentado. Y, aparte de ello, vi que hay mafias que los engañan para quitarles lo poco que llevan. Por Dios. Seamos más solidarios con estos hermanos, y que las autoridades los protejan.

No es razonable ni justo continuar permitiendo que la mayoría de EPS sigan quebrando hospitales y clínicas e impidiendo el pago oportuno al personal de la salud y a los proveedores, por no cancelarles el valor de los servicios prestados a sus afiliados. Por eso debe instituirse el giro de los recursos directamente a las instituciones prestadoras de salud (IPS).

Ahora más que nunca, ante la trágica crisis sanitaria, social y económica, el país exige el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria y la institución de dignas condiciones laborales para los profesionales de la salud, a los que hoy aplaudimos y enaltecemos como héroes. La iniciativa del senador Motoa es urgente. 

EL TIEMPO informa acerca de sobrecostos en los contratos en los departamentos y municipios para atender la emergencia sanitaria. Ya se generaron suspensiones de algunos funcionarios comprometidos. Ojalá no se quede en la sola etapa investigativa, que es lo común en el país.

Tampoco pueden omitirse las pesquisas sobre los trece contratos que se reversaron, y que hubiesen significado cerca de siete mil millones de pesos de sobre costos. Era obvia la intención de “tumbar” al estado. Increíble que los corruptos sigan vigentes sin tener en cuenta el dramático momento que enfrenta la nación. Que caiga sobre ellos todo el peso de la ley. Mario Patino Morris

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