El naufragio de Venezuela / Análisis de Francisco Barbosa

El golpe de Estado perpetrado por el dictador Nicolás Maduro contra el presidente electo de Venezuela Edmundo González el 28 de julio de 2024 es una afrenta contra la democracia de ese país y una provocación en nuestro continente.

 Es la primera vez en la región que un Consejo Electoral declara electo a un presidente sin resultados. La astucia de la oposición en cabeza de María Corina Machado de tener en su poder las actas con sus respectivos QR en más del 73,2 % hace que cualquier solicitud de los gobiernos extranjeros sea innecesaria. La prueba del fraude y, con ello, del golpe de Estado contra el gobierno legítimo de Venezuela de González es una realidad. Las actas se pueden consultar en internet.

El domingo 28 de julio fue el corolario de múltiples eventos irregulares en el proceso electoral. Con meses de antelación se le impidió a María Corina Machado inscribirse como candidata con una sanción de la Contraloría sin sustento alguno. El régimen no permitió la inscripción de más de 7 millones de venezolanos que viven en el exilio producto de la dictadura de Maduro, aceptando que solo 68.000 pudieran hacerlo. 

También se excluyó el nombre de Corina Yonis, el remplazo de María Corina, quien tampoco pudo ser inscrita. Eso hizo que llegara Edmundo González, el actual presidente electo de Venezuela.

El día de las elecciones no hubo preconteo ni divulgación y no se quisieron publicar las actas. El fraude con las pruebas presentadas por la oposición debería llevar al procesamiento judicial de los del Consejo Electoral.

Pero, más allá de este hecho, que configura un golpe de Estado con el que se comienza a cerrar esta historia lamentable del chavismo en Venezuela, es importante señalar que la gran mayoría de los países de la región denunciaron el fraude. El secretario general de la OEA solicitó a la Corte Penal Internacional que se dicte una orden de aprehensión contra el dictador Maduro, y Estados Unidos reconoció la victoria de Edmundo González. Lo de Colombia es lamentable. No se tuvo el coraje de condenar el golpe de Estado ni la dictadura de Maduro.

Pero, más allá de esta historia de terror para Venezuela, que seguramente tendrá una salida militar que, tarde o temprano, derrocará al régimen, es importante recordar por qué esta situación llegó a este punto y cómo la democracia de este país viene naufragando desde 1993, cuando los venezolanos, en su mayoría, fueron minando y destruyendo su Estado de derecho.

Más allá de cualquier discusión, debe indicarse que la historia política venezolana estuvo marcada por gobiernos militares. No hay sino que observar lo que significaron los gobiernos dictatoriales de José Antonio Páez, José Tadeo Monagas, Antonio Guzmán Blanco y Joaquín Crespo en el siglo XIX o el de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, entre otros, hasta la llegada del general Marco Pérez Jiménez. 

La caída del general Pérez Jiménez en enero de 1958 fue fundamental para elaborar un pacto democrático entre tres fuerzas denominado Punto Fijo: AD (Acción Democrática), Copei (Comité de Organización Política Electoral Independiente) y URD (Unión Republicana Democrática).

Este pacto funcionó como un mecanismo de alternancia política donde AD y Copei se repartieron el poder entre 1959 y 1999. URD se retiró del pacto en 1962. En los 40 años existió una mayor preponderancia de AD, que representaba los valores liberales, mientras que Copei, los conservadores. De AD surgieron los presidentes Rómulo Betancourt, Carlos Andrés Pérez, Raúl Leoni y Jaime Lusinchi. De Copei, Rafael Caldera y Luis Herrera Campins. Todos ellos gozaron de grandes ventajas de gobernabilidad por la riqueza petrolera del país.

Todavía se recuerda la prosperidad en medio del terror durante la dictadura de Pérez Jiménez en los cincuenta o la bonanza petrolera en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez en los setenta, que con la nacionalización del petróleo permitió vivir en un país lleno de oportunidades.

Sin embargo, la historia es tozuda. En los ochenta, el precio del barril de petróleo cayó, la deuda externa aumentó y se devaluó el bolívar frente al dólar. El tamaño del Estado se multiplicó y la corrupción empezó a ser evidente.

Con el fin del gobierno Lusinchi (1985-89), Pérez vuelve al poder y comienza un proceso de ajuste del Estado, de privatización de las empresas públicas ineficientes, reducción de la inflación, recuperación del empleo, entre otras cosas. Los mejores profesionales de Venezuela entraron a su gobierno. Gran parte de ellos habían estudiado con la beca Mariscal Ayacucho fuera del país. Nombres como Miguel Rodríguez, Ricardo Hausmann, Moisés Naím y Pedro Rosas estaban en la lista. La respuesta de la élite política tanto de su partido como de la oposición fue atacarlo por todos los medios posibles.

El ataque comenzó a veinte días de su posesión en febrero de 1989. Un estallido social conocido como el Caracazo, contra su plan de ajuste económico y el aumento de tarifas de servicios públicos. Tres años después se intentaron dos golpes de Estado realizados por militares en 1992. 

Al contrario de lo que se espera, las empresas, los industriales y los medios privados de televisión se encargaron en algunos casos de justificar los ataques a Pérez, a los partidos políticos y a la democracia de Venezuela. Hasta el jefe de la oposición, el expresidente Rafael Caldera, validó los actos cobardes contra Pérez.

Meses después, al no poder deponer al presidente, la Corte Suprema de Justicia declaró viable la solicitud de antejuicio contra el jefe de Estado por los delitos de peculado y malversación de fondos públicos. 

Cuando se revisa parte del expediente, lo que hay es un proceso amañado para sacar a un presidente. Su pecado: usar gastos reservados para la seguridad nacional, evento usual de todos los presidentes de ese país. Todos estuvieron de acuerdo con el juicio y con la decisión del Congreso Nacional de separar y luego destituir al presidente Pérez a 8 meses de terminar su cargo.

Ese fue el sepelio de la democracia en Venezuela. El partido de gobierno AD no aceptó perder su burocracia en el ajuste económico y fueron reticentes a la elección popular de gobernadores que promovió el presidente Pérez. El partido opositor Copei se cobraba a un enemigo político. 

Los industriales y comerciantes del país no le perdonaban el fin de los subsidios, los militares la clausura de sus negociados, un grupo de notables liderados por un intelectual Arturo Uslar Pietri quien fue funcionario y ministro en dos dictaduras, López Contreras (1936-41) e Isaías Medina (1941-45), insistían en condenar la democracia y los partidos, y para rematar, los medios de comunicación pescaban en río revuelto.

Ya estaba hecho el daño. Los partidos políticos estaban muriendo, la democracia se había cobrado un presidente, los medios disfrutaban, incluso crearon una novela llamada Por estas calles, del escritor Ibsen Martínez, que vieron millones de venezolanos, en la que se criticaba la política, la democracia y se denunciaba la corrupción.

Era tal el ambiente de anarquía en Venezuela que, uno de los náufragos de la democracia en ese país, su sucesor Rafael Caldera, justificó los intentos de golpe de Estado que sufrió Pérez en febrero y noviembre de 1992 y luego sin vergüenza alguna indultó al coronel golpista de febrero, Hugo Chávez. La caída de Pérez, el ataque masivo de todos y la desvergüenza de Caldera permitieron la llegada de Chávez y el fin de la democracia.

Chávez fue el resultado de la degradación del sistema político venezolano y de la búsqueda de vengadores por parte del pueblo. El expresidente Pérez, en una entrevista con Marcel Granier en 1997, señaló que la elección de Chávez era el regreso a la dictadura. La incredulidad fue la reacción del periodista.

Llegó el triunfo de Chávez, la promesa de una nueva constituyente, su juramento sobre la moribunda Constitución de 1961. Luego, la historia es bastante conocida. Una crisis política permanente, como señala Allan Brewer Carias. Constituyente, una nueva constitución (1999), reelección (2000), intento de golpe militar (2002), referendo revocatorio (2004), segunda reelección (2006) y una tercera reelección en el 2012. Este siniestro inventario se dio en Venezuela con un boom petrolero que entre 2004 y 2008 alcanzó el precio del barril a US$ 147. La producción para 2011 era de 2,3 millones de barriles diarios. Un potosí.

Chávez se sirvió de esa riqueza para consolidarse como líder de Unasur, apoyar a Cuba y a varios países del Caribe, y convertirse en un líder latinoamericano. Los nuevos ricos “enchufados” se enriquecieron y los pobres se subsidiaban en el país. Llegaron médicos cubanos y Venezuela volvía a ser el territorio de la riqueza, como en los años cincuenta o los setenta de la “Venezuela Saudita”. 

Lo que no sabían muchos venezolanos es que el gasto del Estado creció, el déficit y la deuda se acrecentaron, la empresa privada empezó a salir del país y no le quedó a Venezuela sino el cascaron del Estado como fuente de riqueza. Si se cortaba el chorro, como ocurrió años después, la crisis aparecería.

En lo político se cooptaron las instituciones, la Rama Judicial perdió su autonomía, el órgano electoral se empezó a corromper y se fracturó a la fuerza política al crear grupos privados de seguridad (colectivos) que amedrentaban a la población. Incluso en 2015, cuando la oposición había ganado las elecciones parlamentarias, el Gobierno a través de la Corte Suprema de bolsillo le quitó el poder de legislar a la Asamblea Nacional. Una flagrante violación de la separación de poderes.

La muerte de Chávez, las elecciones fraudulentas de Maduro en 2013, cuando los resultados mostraron una ventaja de 1,59 % contra Enrique Capriles, y el atropello electoral en 2018, cuando ganó sin la oposición por la ausencia de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) fueron muestras de la dictadura. 

Con posterioridad, en 2019 y ante, las denuncias internacionales, se juramentó a Juan Guaidó como Presidente de la Asamblea Nacional y luego presidente encargado de Venezuela. Fue reconocido por más de 50 países ante el menosprecio de Maduro, quien siguió gobernando de facto en Venezuela. 

El golpe de Estado perpetrado por Maduro en estas elecciones de 2024 completa el sainete de 25 años de dictadura que empezó con Chávez y que esperamos termine con Maduro y le dé paso a una salida que vislumbre la democracia. Por lo pronto, la historia de Venezuela nos enseña que la democracia no es la regla y que al final de todo, la decisión del país la tendrán los militares. 

Ojalá escuchen los clamores de un bravo pueblo que lleva naufragando 31 años, escuchando el eco de las palabras del presidente Pérez que ante su inminente destitución en 1992 y avizorando el fin de la democracia sentenció “Quiera Dios que quienes han creado este conflicto absurdo no tengan motivos para arrepentirse”. 

FRANCISCO BARBOSA (*)

Para EL TIEMPO

(*) Ex fiscal general de la Nación de Colombia 2020-2024. Profesor del Adam Smith Center for Economic Freedom, Florida International University.