México: ¿en qué consiste la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por qué causa rechazo?

Al grito de “Poder Judicial, contrapeso nacional” o “sin color ni partido, la justicia se ha impartido”, cientos de personas se manifestaron este domingo en distintos estados de México para expresar su rechazo a la reforma judicial propuesta por el saliente presidente Andrés Manuel López Obrador (Amlo) y cuya apuesta central es la elección popular de jueces, magistrados y otros integrantes del sector judicial.

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Mientras Amlo asegura que el actual sistema de justicia es defectuoso y que la elección popular solucionará varios de los problemas, las críticas al texto no se han hecho esperar.

Desde hace una semana, por ejemplo, cientos de trabajadores judiciales iniciaron un paro total de actividades alegando que la propuesta, que tendrá que discutirse en la nueva legislatura que inicia el 1.° de septiembre, viola sus derechos laborales y pone en riesgo la independencia judicial en México. 

Entidades como Stanley Morgan también han expresado sus dudas y hasta los embajadores de Estados Unidos y Canadá en México han hecho saber sus preocupaciones sobre lo que el texto puede significar para la inversión en el país.

El texto hace parte de un paquete de 20 reformas constitucionales que Amlo presentó en febrero y que, en sus palabras, "buscan fortalecer principios como la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia". 

En el caso de la reforma al poder judicial, Amlo asegura que el actual sistema de justicia es corrupto y que está "profundamente distanciado" de la sociedad mexicana. 

El mandatario señala que, en lugar de servir al pueblo, el sistema está al servicio de unas minorías e incluso de "la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco", lo que ha hecho crecer la impunidad y ha mermado la credibilidad y la legitimidad de los jueces y magistrados.

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Y es que un informe de la organización civil Impunidad México señala que en el país azteca no se denuncian el 94 por ciento de los delitos y que solo el 1 por ciento son resueltos.

"En México de cada 100 delitos que se cometen, solo 6.4 se denuncian; de cada 100 delitos que se denuncian, solo 14 se resuelven. Esto quiere decir que la probabilidad de que un delito cometido sea resuelto en nuestro país es tan solo de 0.9 por ciento. A estas cifras responde la baja confianza que reportan los ciudadanos hacia los ministerios públicos y procuradurías estatales, solo el 10.3 por ciento de las personas dice confiar mucho en estas instituciones", reseña el informe de dicha organización.

Así las cosas, López Obrador afirma que la reforma en discusión cumplirá la labor de "limpiar y purificar" el poder judicial.

"La paz sólo puede ser producto de la justicia, pero no puede haber justicia si los órganos responsables de garantizarla muestran incapacidad o desinterés en cumplir con sus deberes constitucionales, o peor aún, privilegian los intereses de grupos de poder creados que son contrarios al interés público”, señala el mandatario en la propuesta de reforma.

El principal cambio de la reforma radica en el mecanismo de elección de los integrantes del poder judicial.

De aprobarse el texto, los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, cuyos integrantes son conocidos como ministros), los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), los magistrados del Tribunal Electoral Federal y en general todos los jueces de distrito y magistrados de circuito pasarían a ser elegidos por votación popular, con lo que más de 1.600 cargos judiciales se definirían en las urnas.

La primera votación, de prosperar la reforma, sería en 2025 y la elección se haría cada tres años. Las candidaturas, no obstante, no serían de libre postulación sino que serían los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) los encargados de proponer un listado de candidatos que luego sería depurado en comisiones de evaluación.

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La reforma plantea, además, una reducción en el número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia, que pasaría de once a nueve. El periodo de los ministros del SCJN también se reduciría de 15 a 12 años.

Pero, la Suprema Corte también sufriría un cambio importante en su funcionamiento, pues la reforma propone eliminar las dos salas en las que se divide actualmente y que las decisiones se tomen en sesiones plenarias públicas.

La reforma judicial establece, además, que los integrantes de la Suprema Corte no podrán obtener una pensión vitalicia una vez salgan de su cargo, como ocurre hoy en día, y que estos y los demás jueces no podrán tener un salario mayor al que recibe el Presidente de la República. 

Otro de los cambios propuestos es una transformación del Consejo de la Judicatura Federal, encargado de la istración y vigilancia interna del Poder Judicial, que sería reemplazado por dos nuevos órganos.

El texto también plantea que cualquier persona pueda presentar denuncias contra los magistrados, jueces y demás integrantes del sistema judicial, así como una regulación de los tiempos que el sistema utiliza para juzgar los casos. 

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Son varios los actores que han emitido críticas al texto. En mayo, por ejemplo, el Colegio de Abogados de México, el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y el Programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano publicaron un informe en el que advirtieron que las propuestas de la reforma "son una amenaza directa a la independencia judicial y al Estado de derecho", al tiempo que violan los estándares internacionales.

En su informe, las tres instituciones aseguran que son muy pocos los países del mundo que eligen a los jueces por votación popular y que la experiencia confirma que dicha elección compromete la independencia e imparcialidad, pues crea incentivos para que se emitan decisiones que satisfagan a determinados grupos políticos.

"En lugar de resolver los casos con imparcialidad y actuar como control del abuso de poder, las y los jueces dictarían sentencias para complacer a quienes ostentan mayor poder y para ganar más votos. Las iniciativas de reforma pondrían en peligro los derechos de las minorías y el Estado de derecho”, aseguró Amrit Singh, directora ejecutiva del Laboratorio de la Facultad de Derecho de Stanford.

En palabras de Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, si la reforma prospera no impartirán la justicia los más capacitados y preparados, sino los más populares y aquellos que hayan sabido relacionarse bien con los grupos de poder.

En un análisis titulado 'Reforma judicial en México: un retroceso para los derechos humanos', Stephanie Brewer, directora para México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), también criticó que los candidatos a los puestos judiciales pudiesen ser postulados por las tres ramas del poder.

"Si un grupo político dominara los poderes ejecutivo y legislativo (como es el caso actual de Morena -partido de Amlo-), dicho partido tendría un papel preponderante en la integración de los Comités y/o la aprobación de las nuevas candidaturas, lo que podría resultar en un poder judicial más alineado con el partido en el poder, perpetuando, a su vez, el riesgo de influencia política en futuras nominaciones. El modelo propuesto podría facilitar la captura política del poder judicial", explica.

Brewer mencionó además que la abrumadora cifra de impunidad en México no se atribuye en su mayoría a los jueces que emiten las sentencias, sino que se presenta sobre todo en las etapas de investigación de las fiscalías, por lo que la reforma no soluciona el problema de fondo sobre la impunidad y al contrario expone aún más a la población a omisiones en las investigaciones penales y a prácticas ilegales como detenciones arbitrarias.

"El problema de la reforma judicial no radica en que la elección popular de jueces y juezas otorgue ‘demasiado’ poder a la población. El problema, por el contrario, es que la elección popular de autoridades judiciales, filtrada por intereses políticos, debilitaría la protección de los derechos humanos y la seguridad, dejando a las personas expuestas a la impunidad y el abuso", concluye Brewer.

Los trabajadores del sector judicial, por su parte, manifiestan que la elección popular de jueces y magistrados elimina la carrera judicial en la que se avanza por méritos y afecta sus garantías laborales. 

Pero, los reparos a la reforma judicial no vienen solo de actores mexicanos, sino que se extienden a inversores, compañías de riesgos y otros actores de la comunidad internacional. Este lunes, por ejemplo, la relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó también su preocupación por las amplias implicaciones que tendría la reforma en la independencia judicial.

"Insto a las autoridades a reconsiderar detenidamente la propuesta, dando el peso adecuado a la garantía de derechos humanos de la independencia judicial", dijo en X.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, por su parte, dejó ver la semana pasada la postura de Washington sobre la propuesta al afirmar que la reforma pondría en riesgo la democracia y podría permitir la intromisión del crimen organizado en el sistema de justicia. 

También alertó que pone en riesgo la relación comercial entre ambas naciones, que "depende de la confianza de los inversionistas en el marco legal de México", y sentenció que las reformas no combatirán la corrupción. Al contrario, dijo, eliminan requisitos claves para contar con magistrados y jueces mejor calificados.

Y en el sector económico, el banco CitiBanamex emitió un comunicado la semana pasada alertando que el mercado parece haber subestimado el riesgo económico que implica la reforma y que el texto debilitará al Poder Judicial como contrapeso al poder.

"Creemos que reemplazar el sistema judicial debería aumentar el riesgo, las primas de riesgo de México y limitar el gasto de capital. Eso es un problema, ya que la deslocalización está alcanzando cuellos de botella clave”, indicó.

Al contrario, Amlo y su partido defienden fuertemente la reforma y aseguran que los únicos que se oponen al texto son aquellos poderosos que se han beneficiado de los delincuentes en los tiempos recientes.

El presidente dijo en la propuesta que la reforma “no debilita al Poder Judicial ni merma su autonomía e independencia, sino que la fortalece a través de la legitimidad emanada del poder popular, cerrando la brecha sistémica que se había creado entre dicho poder y la sociedad y restituyendo la confianza ciudadana en las instituciones".

Por su parte, Ismael Zamora, senador del partido Morena, al que pertenece el actual mandatario, le dijo a CNN que la salida a los problemas de los países está en el pueblo, por lo que la reforma le devuelve el poder de decisión a los ciudadanos. 

"No hay mejores manos en las cuales dejar la elección de jueces que en el pueblo. En eso consiste la democracia, en que el pueblo pueda decidir", señaló.

Zamora agregó que la independencia judicial no se verá afectada y que, al contrario, se recuperará, pues la decisión de quiénes serán los ministros, jueces y magistrados del país ya no estará en unas pocas manos.

Por lo pronto, la reforma comenzará su camino para ser aprobada y se prevé que prospere sin mayores cambios, pues el partido de López Obrador tendrá las mayorías necesarias sin necesidad de negociar con otras fuerzas políticas. Mientras los trabajadores del sector judicial prometen seguir el paro hasta que no se negocie con ellos la reforma al sistema actual.