Represión y detenciones: así vive Irán un año después de la muerte de Mahsa Amini

A los pocos días de la muerte de Mahsa Amini (21 años), el 16 de septiembre de 2022, luego de ser detenida por la policía de la moral en Teherán por no llevar bien puesto el velo islámico, comenzaron a aparecer por las calles de la capital iraní mujeres con la cabeza descubierta y era inevitable preguntarse dónde habían dejado su hijab.

“Es mi forma de protestar”, le dijo entonces a la agencia Efe una mujer que caminaba sin el velo por el centro de Teherán poco después de la muerte de Amini, a quien Irán señaló de supuestamente haber violado el código de vestimenta para las mujeres, lo que desató una serie de protestas inéditas que sacudieron el país durante meses y que se extendieron a varias partes del mundo.

Al grito de “Mujer, vida, libertad”, y soñando con unos derechos políticos y sociales, miles de iraníes, en su mayoría mujeres, salieron a las calles, protestaron en universidades y colegios y quemaron velos para mostrar su rechazo a la República Islámica, que respondió con una represión que causó 500 muertos, miles de detenidos y la ejecución de siete manifestantes.

En total, unas 22.000 personas fueron amnistiadas tras ser detenidas en las manifestaciones.

Un año después, la República Islámica no ha podido reimponer totalmente el uso de una prenda que considera un símbolo “innegociable”, pues muchas mujeres iraníes continúan sin cubrirse como gesto de desobediencia civil ante un sistema político que consideran opresivo.

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Estos gestos de desafío se producen a pesar de una represión que recurre a las confiscaciones de carros, la negación de servicios públicos, el cierre de negocios, castigos como limpiar cadáveres o el despliegue de patrullas que advierten a las mujeres que se cubran.

“Anormales”, “virus”, “enfermedad social” o “depravación sexual” son algunos de los términos a los que recurren las autoridades para referirse a las mujeres que no usan hoy el velo.

“Es mi decisión cubrirme o no”, le dice a la agencia Efe una empresaria, cuyo nombre se mantiene en el anonimato por seguridad. En el establecimiento que dirige en la capital iraní permite la presencia de mujeres sin velo, algo que supone un delito. “Que me cierren el local unos días, no pasa nada”, afirma.

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Durante meses la República Islámica se centró en sofocar las protestas desatadas por la muerte de Amini y en abril, una vez controlada la revuelta, volvió su mirada a la reimposición del velo, obligatorio desde 1983.

Como primer paso, la policía iraní anunció el uso de cámaras y herramientas inteligentes para identificar en lugares públicos a mujeres que no usan el hijab, una medida ahora puesta en duda ya que expertos creen que el país no dispone de la tecnología necesaria para ello.

Lo que sí se llevó a cabo fue la identificación de mujeres que manejan sin velo, debido a las matrículas de los vehículos, y su confiscación a las “reincidentes”.

A mediados de julio, las autoridades dieron un paso más allá con el despliegue de patrullas para advertir a las mujeres que “llevan ropas extraordinarias” o “insisten en romper las normas” y que se han vuelto omnipresentes en lugares con un alto tráfico a pie.

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Ataviadas con el tradicional chador (prenda de calle femenina típicamente iraní), el rostro tras un tapabocas y acompañadas por dos policías, son precisamente mujeres las encargadas de imponer el velo, aunque solo se limitan a llamar la atención a aquellas que van descubiertas, sin tomar más acciones. Algunas de las señaladas obedecen y se ponen el velo, pero muchas se lo quitan unos metros adelante, y otras solo ignoran la advertencia.

El Gobierno, sin embargo, quiere más severidad y actualmente impulsa el ‘Proyecto de ley de apoyo a la cultura de la castidad y el hiyab’, el cual tiene como objetivo endurecer las penas por la falta de uso de la prenda islámica y prevé sentencias de cárcel de hasta cinco años, la prohibición de conducir y acceder a servicios bancarios, entre otros castigos.

“El proyecto de ley puede describirse como una forma de apartheid de género, ya que las autoridades parecen gobernar a través de una discriminación sistemática con la intención de someter a las mujeres y niñas a la sumisión”, afirmó un grupo de expertos de la ONU.

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A un año de la muerte de Mahsa Amini, Irán también ha intensificado la represión con la detención de activistas, periodistas, abogados e incluso familiares de manifestantes que murieron en las protestas.

Hace unos días, por ejemplo, un grupo de padres de manifestantes muertos en las protestas denunció que las autoridades de seguridad les estaban exigiendo silencio ante la llegada del aniversario. “Resistiremos hasta el final”, anunciaron estas familias.

Y es que son docenas de familiares de fallecidos en las manifestaciones quienes han sufrido detenciones arbitrarias, restricciones a la celebración de reuniones pacíficas en los lugares donde se encuentran las tumbas y la destrucción de lápidas, según denuncia Amnistía Internacional.

El caso más sonado es el del tío de la propia Amini, Safa Aeli, quien fue arrestado la semana pasada en su casa de Saqez, en el kurdistán iraní, y cuyo paradero se desconoce a la fecha, según han denunciado activistas.

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Y el sábado, cuando se cumplía un año de la muerte de Amini, las autoridades impidieron que la familia de la joven celebrara una ceremonia en el cementerio Aichi, donde está enterrada, y el padre de Amini también fue detenido durante unas horas para advertirle que no conmemorara el aniversario de la muerte, según denunció la ONG Iran Human Rights (IHR).

De otro lado, a la fecha también han sido detenidos 12 activistas (11 defensoras de los derechos de la mujer y un activista político) para “reprimir el descontento popular con la impunidad y las violaciones de derechos”, advierte la organización Human Rights Watch.

Entre los casos que han despertado más indignación entre los iraníes está el del cantante Mehdi Yarrahi, detenido a finales de agosto por publicar una canción en la que llama a las mujeres a quitarse el velo. La canción Roosarit, que significa “tu velo” en persa, “desafía las costumbres y la moral de una sociedad islámica”, según las autoridades judiciales de ese país.

En otro golpe a artistas, las autoridades cinematográficas de Irán han prohibido participar en nuevas películas a actrices que hayan aparecido en público sin cubrirse con el velo o que hayan infringido de alguna manera el estricto código de vestimenta. Es, según dicen activistas, una forma de tratar de evitar que celebridades brinden su apoyo a las protestas, tal y como hicieron el año pasado numerosas actrices, cineastas, cantantes o deportistas.

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Las universidades también se han convertido en un campo de batalla con el despido de numerosos profesores de prestigiosas facultades, algunos de los cuales han vinculado la terminación de sus contratos a motivos políticos. El caso más representativo es quizás el de Ali Sharifi Zarchi, profesor de Inteligencia Artificial del centro educativo más prestigioso de Irán, la Universidad Sharif de Tecnología de Teherán, y quien apoyó públicamente las protestas.

A todo lo anterior se suman las limitaciones que han sufrido los servicios de internet en los últimos días, que fueron notificadas por NetBlocks, una plataforma que supervisa la conectividad de los s y la censura en la red. Para muchos, esas restricciones, que afectan a redes como Instagram y WhatsApp, no son una simple casualidad si se tiene en cuenta que precisamente las redes sociales jugaron un importante papel durante las protestas pasadas.

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Esa ralentización del Internet se ha dado hasta ahora de noche y de manera limitada, según NetBlocks. Pero las autoridades iraníes han atribuido la disminución en la velocidad de las redes a la “instalación de nuevos equipos en algunas zonas”.

En cualquier caso, las redes sociales siguen bloqueadas en el país y es necesario el uso de VPN (programas antifiltros de internet) para acceder a ellas. Así, la demanda diaria de servicios de VPN se ha ido disparando en ese país a “3.082 por ciento más que antes de las protestas”, según informó Top10VPN, un grupo de defensa de la seguridad digital con sede en Gran Bretaña.

Las restricciones también han afectado a millones de iraníes que luchan por subsistir en medio de una crisis económica marcada por la inflación disparada y la depreciación de la moneda local. Y es que las dificultades económicas se han visto agravadas por la decisión estadounidense de reimponer en 2018 sanciones contra Teherán, luego de que el entonces presidente Donald Trump retiró unilateralmente a EE. UU. de un acuerdo nuclear.

Según medios locales, unos 1.200 dueños de comercios le han pedido al presidente iraní, Ebrahim Raisi, levantar las restricciones. Pero la respuesta ha sido insuficiente. De hecho, se conoció que para el bloqueo de internet el Gobierno iraní gastó 773 millones de dólares en 2002, siendo el segundo país que más gasta en estas limitaciones después de Rusia, según Statista, un sitio de recolección de datos con sede en Alemania.

En estas circunstancias, un año después de la muerte de Mahsa Amini son más bien pocos los llamamientos a protestar de nuevo en medio de un clima de desencanto, inquietud y amenaza de represión por parte de las autoridades. El sábado, por ejemplo, apenas se vivieron tímidas protestas en el aniversario de la muerte de la joven debido al enorme despliegue de seguridad en las calles, por lo que el mayor gesto de descontento y desobediencia es la negativa de muchas mujeres a taparse el cabello con un velo.

Eso sí, en el marco del primer aniversario, se han registrado sanciones internacionales. Estados Unidos anunció el viernes sanciones contra 25 iraníes, tres medios de comunicación respaldados por el Estado y una empresa de investigación por internet por estar involucrados “con la violenta represión por parte del régimen iraní de las protestas a nivel nacional” tras la muerte de Amini.

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Por su parte, el Reino Unido anunció sanciones contra varios responsables –entre ellos, el ministro de Cultura, Mohamad Mehdi Esmaili; el alcalde de Teherán, Alireza Zakani, y el portavoz de la policía Saed Montazer Al Mahdi– por ser “responsables de la preparación y aplicación de la ley iraní sobre el uso obligatorio del hijab”.

Y el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, instó a Irán a eliminar, “en la ley y en la práctica, todas las formas de discriminación sistémica contra las mujeres y las niñas en la vida pública y privada” y a adoptar medidas que tengan en cuenta las cuestiones de género para “prevenir y garantizar la protección de las mujeres y las niñas contra la violencia sexual y de género en todas sus formas”.

La muerte de Mahsa Amini, arrestada y torturada por la policía religiosa islámica, marcó un punto de inflexión en Irán. Y muchos, pese a las amenazas, se niegan a que sea en vano.

Los grupos socialdemócrata y liberal en el Parlamento Europeo nominaron esta semana a la joven iraní al premio Sájarov de la Eurocámara a la libertad de conciencia, que se decidirá el próximo 19 de octubre en Estrasburg, Francia, por considerarla “un símbolo para todas las mujeres fuertes y valientes de Irán, que (desde hace un año) han comenzado un movimiento para luchar por sus derechos civiles y acabar con la opresión, discriminación, tiranía y dictadura”.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y AFP