Corte Internacional de Justicia afirma que ocupación de Israel de los territorios palestinos es 'ilegal' y debe llegar a su fin

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) consideró este viernes que las políticas israelíes de asentamientos “violan el derecho internacional” y su "presencia continua" en Palestina es "ilegal", y le exigió la “evacuación de todos los colonos”, el “desmantelamiento” del muro de separación y la devolución de tierras a sus residentes originales desplazados desde 1967.

(Lea también: Dron que impactó en Tel Aviv fue fabricado por Irán y lanzado por los hutíes: lo que se sabe sobre el ataque en Israel que dejó un muerto)

La CIJ consideró que los asentamientos israelíes y su régimen asociado en Cisjordania y Jerusalén Este fueron “establecidos y se mantienen en violación del derecho internacional”, y que la “presencia continua” de Israel en los territorios palestinos (incluida la Franja de Gaza) es “ilegal” y debe llegar a su fin “lo más rápido posible”, afirmó el juez presidente, Nawaf Salam, que leyó las conclusiones de una mayoría de los 15 jueces que conforman la CIJ.

La Corte se pronunció luego de que la Asamblea General de la ONU adoptó el 31 de diciembre de 2022 una resolución en la que solicitaba a la CIJ su "opinión consultativa" sobre las "consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado, incluido Jerusalén-Este".

(Le puede interesar: Parlamento de Israel vota en contra de crear un Estado palestino: 'Perpetuará el conflicto y desestabilizará la región')

La Asamblea General de la ONU le pidió a la CIJ responder a dos preguntas. La primera: "¿Cuáles son las consecuencias legales derivadas de la violación continua por parte de Israel del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, de su prolongada ocupación, asentamiento y anexión del territorio palestino ocupado desde 1967, incluidas las medidas destinadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatus de la Ciudad Santa de Jerusalén, y de su adopción de legislación y medidas discriminatorias relacionadas?”.

Además, cuestionó: ¿Cómo afectan las políticas y prácticas de Israel mencionadas (…) al estatus legal de la ocupación, y cuáles son las consecuencias legales que surgen para todos los Estados y las Naciones Unidas de este estatus?". 

En junio de 1967, Israel libró la Guerra de los Seis Días, arrebatando el control de Cisjordania y Jerusalén Este a Jordania, de los Altos del Golán a Siria, y de la Franja de Gaza y el Sinaí a Egipto.

Posteriormente Israel comenzó a ocupar los 70.000 km2 de territorios árabes tomados. La ONU declaró la ocupación ilegal.

El tribunal advirtió este viernes a Israel que debe “revocar todas las leyes y medidas que crean o mantengan la situación ilegal, incluidas aquellas que discriminan al pueblo palestino en los territorios palestinos ocupados, así como todas las medidas destinadas a modificar la composición demográfica de cualquier parte del territorio”.

La CIJ cree que Israel tiene la obligación de “proporcionar una reparación completa por los daños causados por sus actos internacionalmente ilícitos a todas las personas físicas o jurídicas afectadas”, lo que incluye la “restitución, compensación y/o satisfacción” de los afectados, es decir, “devolver la tierra y otras propiedades inmuebles”, así como “toda la propiedad cultural y los activos tomados de los palestinos y las instituciones palestinas, incluidos los archivos y documentos” incautados desde que comenzó la ocupación en 1967.

Además, la reparación “también requiere la evacuación de todos los colonos de los asentamientos existentes" y "el desmantelamiento de las partes del muro construido por Israel que se encuentran en el territorio palestino ocupado, así como permitir que todos los palestinos desplazados durante la ocupación regresen a su lugar de residencia original”.

La CIJ lamentó que las políticas y prácticas de Israel “inducen la salida de la población palestina de partes del territorio palestino ocupado, en particular de Jerusalén Este y el área C de Cisjordania”, lo que “permite una mayor expansión de la política de asentamientos de Israel y de la integración del territorio palestino en Israel”.

“Todos los Estados (y las organizaciones internacionales, incluida la ONU) tienen la obligación de no reconocer como legal la situación derivada de la presencia ilegal del Estado de Israel en los territorios palestinos ocupados y de no prestar ayuda ni asistencia para mantener la situación creada por la presencia continua del Estado de Israel” en Palestina, agregó el tribunal.

Los dictámenes consultativos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no son vinculantes, pero sí son susceptibles de aumentar la presión internacional sobre Israel, tras más de nueve meses de guerra en Gaza.

En las audiencias de febrero, la mayoría de quienes tomaron la palabra llamaron a Israel a poner fin a la ocupación posterior a la Guerra de los Seis Días, y algunos advirtieron que una ocupación prolongada suponía un "peligro extremo" para la estabilidad de Oriente Medio y más allá.

Funcionarios palestinos acusaron a los israelíes de dirigir un sistema de "colonialismo y apartheid" y exhortaron a los jueces a que pidan el fin de la ocupación de forma "inmediata, total y sin condiciones".

El embajador de Sudáfrica en los Países Bajos dijo ante los jueces que las políticas de Israel en los territorios palestinos son una forma "aún más extrema" del apartheid que su país vivió antes de 1994.

(Además: Amnistía Internacional denuncia torturas y detenciones arbitrarias a ciudadanos gazatíes por parte de Israel)

Pero Washington salió en defensa de su aliado, diciendo que Israel no debería estar legalmente obligado a retirarse sin tener en cuenta sus "necesidades muy reales en materia de seguridad".

Israel no participa en las audiencias, pero presentó una contribución escrita en las que califica las preguntas planteadas al tribunal como "perjudiciales" y "tendenciosas".

Estas audiencias no están relacionadas al caso presentado ante la CIJ por Sudáfrica, que acusa a Israel de cometer actos genocidas en Gaza.

En enero, el tribunal pidió a Israel que impidiera cualquier posible acto de genocidio en el enclave palestino y en mayo, ordenó a Israel que detuviera su ofensiva militar en Rafah.