Un grito de auxilio de los medios de comunicación en América Latina

Sin prensa crítica no hay democracia, y cuando esta está en riesgo, el periodismo se convierte muchas veces en ‘la última línea de defensa’. Sin embargo, de unos años a la fecha, los medios en algunos países latinoamericanos viven un ambiente de acoso, de intimidación, impulsado desde el mismo Ejecutivo y con el apoyo de otros poderes.

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El Grupo de Diarios América (GDA), del que EL TIEMPO forma parte, se dio a la tarea de hacer un repaso de la situación de la prensa en cinco países cuyos presidentes han hecho del periodismo crítico ‘el nuevo enemigo’: Brasil, El Salvador, México, Perú y Venezuela.

A través de mensajes violentos, de programas o segmentos utilizados por los mandatarios, del uso de la publicidad e incluso de los poderes Legislativo y Judicial, se ha afianzado un discurso de odio que hace que hoy el oficio periodístico sea uno de los más peligrosos para ejercer.

La consigna de los presidentes brasileño, Jair Bolsonaro; salvadoreño, Nayib Bukele; mexicano, Andrés Manuel López Obrador; peruano, Pedro Castillo, y venezolano, Nicolás Maduro, hacia los medios parece regirse por el ‘estás conmigo o en mi contra’.

Y en ese marco han emprendido lo que César Castro, periodista y presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador describe como una “cruzada contra el periodismo”.

Los ataques comienzan siempre con las palabras, pero no paran allí. En México, López Obrador acusa a la prensa crítica de ser “tendenciosa, conservadora”, de estar “al servicio del régimen corrupto”. A 'El Universal' lo acusó de ser “enemigo del pueblo”.

En El Salvador, le recuerda a La Prensa Gráfica Benjamín Cuéllar, politólogo especialista en derechos humanos, Bukele califica a los medios que no se le alinean de “panfletos”.

En Venezuela, Maduro aprovechó el Día del Periodista, en julio, para señalar que los medios de comunicación buscan “imponer el oscurantismo del dominio imperial y oligarca”.

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En Perú, Castillo ha mantenido el silencio ante los medios de comunicación, evitando dar una sola entrevista. “En nuestra campaña decimos una cosa en la calle y los reporteros sacan otra”, argumentó.

“Es el peor divorcio posible. Los únicos periodistas con los que se ha reunido el presidente han sido los consejos de la prensa peruana, y no ha sido para hacerle una entrevista, sino para establecer vasos comunicantes, pero no hay relación”, le resumió a El Comercio el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (P), Rodrigo Salazar.

En Brasil, donde Reporteros sin Fronteras calificó a Bolsonaro de “principal depredador” de la prensa en el país, el mandatario ha acusado a los periodistas de ser “unos canallas. Practican un periodismo canalla, que no ayuda en nada”.

Con la llegada de la pandemia, y frente al ascenso imparable de casos y muertes, atribuido a una mala gestión por la que se ha recomendado acusar al jefe de Estado de crímenes de lesa humanidad, su furia no ha hecho sino arreciar.

En su enfrentamiento contra la prensa, los líderes de estos países han recurrido a la publicidad oficial como arma, apoyando solamente a medios que son leales.

En México existe un gasto del gobierno federal en publicidad oficial con criterios discrecionales y poco transparentes de una bolsa de 2.248 millones de pesos mexicanos al año, donde la mitad de esos recursos se concentran en 10 medios de comunicación.

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En el caso de Venezuela, la publicidad oficial se usa para moldear a gusto del Gobierno lo que se publica en los medios –incluso en los casos en que este tipo de publicidad constituye una parte relativamente pequeña del ingreso del medio–. Los medios que más dependen de esta publicidad son los locales y regionales, que quedan, así, con poco margen para la crítica. 

En El Salvador, como en Venezuela, el Ejecutivo utiliza, además, otra estrategia para hacerse de una prensa afín: tener sus propios medios.

Bukele, por ejemplo, creó Diario El Salvador con fondos públicos y confiscó, en medio de un proceso judicial contra el expresidente Antonio Saca, una cadena de radios que pasó a ser del Estado y es utilizada para apoyar al gobierno central. Eso, sin contar con lo que Benjamín Cuéllar, politólogo especialista en derechos humanos en el país, llama “maquinaria de medios de Casa Presidencial”.

En Venezuela, Maduro construyó un sistema en el que agrupa diversos medios de comunicación en sus plataformas televisivas, radiales y escritas con la intención de hacer frente a lo que denuncia como “complot mediático”.

Solo los medios agrupados en el Sistema Bolivariano de Información y Comunicación de Venezuela (Sibci) reciben apoyo gubernamental, y se encargan de difundir la propaganda política del régimen. Otros medios han cambiado de dueño, incluyendo la que era la cadena de televisión más crítica del gobierno, Globovisión.

Detrás de esta estrategia, a decir de sectores sindicales y opositores, estarían inversionistas allegados al Gobierno. Y es que el caso venezolano va todavía más allá. Entre 2014 y 2021 han sido cerrados 84 medios impresos, canales de televisión y emisoras de radio.

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“El gobierno de Maduro ha ido poco a poco avanzando en destruir los pocos medios tradicionales que quedaban en Venezuela, utilizando diferentes métodos para lograrlo… Es un gobierno que le teme a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, a los trabajos de investigación”, le comentó a El Nacional Isaac González, jefe de apertura de la web en El Nacional y trabajador del medio desde el año 2014.

Las restricciones de al papel prensa, justificadas en la escasez de divisas, llevaron a que, con el cese en 2018 de la edición impresa de El Nacional, no quedaran diarios en papel de alcance nacional no alineados con el Gobierno, y este año, este medio sufrió el peor ataque en sus 78 años de historia: el embargo o toma ilegal de su sede en Caracas, una acción que reclamó el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, como parte de una demanda por daño moral.

“Seguiremos resistiendo. Nos quitarán todo, menos las ansias de libertad en Venezuela”, le aseguró, en su momento, a El Universal Miguel Henrique Otero, presidente y director de El Nacional.

En otros casos, el clima hostil hacia los medios ha derivado en censura. Consultado por O Globo, Marcelo Träsel, presidente de Abraji y profesor de periodismo en la Universidad Federal de Río Grande del Sur, alerta de que la beligerancia del Gobierno se ha traducido en un clima de miedo entre los periodistas, que se lo piensan dos veces antes de firmar artículos o publicar noticias sobre política en las redes sociales, porque ciertos temas pueden dar lugar a acoso virtual.

“Es como una nueva forma de censura”, advierte Patricia Campos Mello, reportera del periódico Folha de São Paulo y quien fue víctima de ataques misóginos hechos por Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del mandatario y quien fue condenado a indemnizarla.

Balbina Flores, representante en México de la organización Reporteros sin Fronteras (RSF), coincide: “La actitud de señalar públicamente por parte del presidente López Obrador a reporteros y medios críticos ha desembocado en ataques en redes sociales”.

En la era de las redes sociales, el acoso presidencial también ha venido por allí. A veces, como en el caso de Bukele o Bolsonaro, ellos mismos usan Twitter o Facebook para lanzar sus dardos contra la prensa. En otros casos, son sus seguidores, como ocurre en México.

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Al mismo tiempo, los mandatarios han abierto sus propios foros. En México, López Obrador no solo comenzó a utilizar el espacio de La mañanera para lanzarse contra la “prensa conservadora”, sino que creó un espacio, los miércoles, denominado ‘Quién es quién en las mentiras de la semana’, donde exhibe a los medios que, afirma, mienten.

“Más que aclarar lo que considera noticias falsas, este espacio es usado para criticar a medios y periodistas (que lo atacan), según él en represalia por haberles quitado sus privilegios publicitarios”, lamentó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

En Venezuela, el presidente ha creado espacios como o con Maduro o Los domingos con Maduro, donde no solo habla de sus programas y medidas, sino también de los medios “imperialistas”.

Castillo, quien asumió la presidencia peruana en julio, dejó entrever que su gobierno busca un espacio para comunicarse “directamente con el país”, acusando a los medios de descontextualizar sus comentarios. El peruano ha optado también por restringir el que los medios tienen a él, mientras que en Brasil han sido los propios periodistas quienes, ante la hostilidad que prevalece en la residencia oficial de Bolsonaro, optaron por suspender su presencia.

El clima de violencia se ha traducido no solo en agresiones verbales, sino físicas, contra reporteros. “Este discurso de odio ha permeado distintas instituciones públicas y a miles de ciudadanos que, a diario, insultan y amenazan a periodistas”, opina el periodista Castro en El Salvador.

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En México, que se ubica entre los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, uno de los problemas más graves es la impunidad. Aunque en términos generales los poderes Legislativo y Judicial son respetuosos de la prensa, y existe un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que depende de la Secretaría de Gobernación, sus resultados son deficientes.

La impunidad en los casos de periodistas y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va del actual gobierno (desde diciembre de 2018) es de 89,37 por ciento y 99 por ciento, respectivamente, según un informe del 5 de octubre de Gobernación.

Las amenazas de narcotraficantes y otros a periodistas llevaron a un grupo de medios, incluyendo El Universal, a sacar un desplegado resaltando que “los grupos que lanzan estas amenazas saben que pueden hacerlo por la impunidad que gozan quienes durante décadas han intimidado a periodistas y medios de comunicación”.

El periodista mexicano Carlos Loret de Mola, uno de los más cuestionados por el presidente, advierte que López Obrador “es una amenaza para la libertad de expresión. Es cierto que desde hace tiempo nuestro país destaca en las listas de los peores lugares para ejercer el oficio, pero el incesante acoso en el actual gobierno, las imparables calumnias generan las peores condiciones jamás vistas”.

En contraste, en El Salvador, o en Venezuela, la separación de poderes no existe y el Legislativo y el Judicial operan a las órdenes de los mandatarios. En el primer país, algunos medios han experimentado censura por vía judicial, promovida por la Fiscalía General de la República, y diputados del oficialismo buscan crear leyes para controlar la información que publican medios independientes.

Las detenciones arbitrarias son el segundo tipo de violación a la libertad periodística más recurrente en Venezuela, después de la intimidación, de acuerdo con datos de El Nacional. Desde 2004 existe una ley de regulación de contenidos radiotelevisivos, ampliada en 2010 a medios electrónicos, que sanciona potenciales coberturas críticas al Gobierno. Y en 2017 se aprobó la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, que califica contenidos y expresiones en las redes sociales y el ciberespacio, pero que ha servido para sancionar al periodismo crítico.

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Las instituciones del Estado no ofrecen ningún tipo de protección a los periodistas, en especial si son críticos con el Gobierno. Más bien organizaciones no gubernamentales como Espacio Público, IPYS, Foro Penal o el Colegio Nacional de Periodistas son las que ofrecen a los comunicadores apoyo, protección o exposición en caso de ser víctima de agresiones.

En Perú, el Consejo de la Prensa Peruana (P) ha pedido a Castillo firmar las declaraciones de Chapultepec y Salta, que garantizan las libertades de expresión y de prensa, sin que ello haya ocurrido hasta el momento, y el plan de gobierno propone eliminar todo elemento “que distorsione la política educativa y la mente de nuestras generaciones, como la famosa radio y TV basura”.

En su 77.ª asamblea, la SIP advirtió que “en los últimos seis meses, la libertad de expresión en las Américas enfrenta tres rasgos dominantes: la radicalización represiva, criminalización judicial y un entorno asfixiante”.

En particular alertó de que Cuba, Nicaragua y Venezuela son los peores países para ejercer el periodismo en las Américas. “Crecieron las detenciones, persecuciones judiciales y violencia contra la prensa, agravadas por homicidios contra dos periodistas en Venezuela y el desplazamiento forzado de otros comunicadores en Nicaragua”, expresó.

De acuerdo con la SIP, desde 1987 fueron asesinados 594 periodistas en 20 países de las Américas. El índice de impunidad en estos casos alcanza el 87 por ciento, de acuerdo con informes, resoluciones y es revisados en la Asamblea. Los expertos concluyen que toda esta actitud hostil y acoso a los medios obedecen a una razón: miedo.

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“El Salvador y el mundo, gracias al periodismo, han visto cómo un presidente que se presentaba a sí mismo como progresista se ha convertido en un vulgar autócrata… Bukele teme al periodismo porque detesta la transparencia”, considera César Castro.

Según Loret de Mola, “López Obrador ataca a los periodistas porque han desnudado que la corrupción ha llegado hasta su círculo familiar, que la inseguridad está en niveles récord y que las de por sí trágicas cifras de muertos por la pandemia están severamente maquilladas”.

* El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL TIEMPO, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

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