Las lecciones de la caída del bitcóin en El Salvador

En septiembre de 2021, El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal. En ese momento, el presidente Nayib Bukele argumentó que la audaz decisión promovería la inclusión financiera, aumentaría la eficiencia de las remesas e impulsaría las inversiones privadas, particularmente las vinculadas a las nuevas tecnologías. Sin embargo, la medida también suscitó preocupaciones válidas sobre su implementación y problemas macroeconómicos. Después de que el experimento terminó, a finales de enero de 2025, muchos se preguntaron qué quedaba de la iniciativa y qué sucedería luego.

El cambio de opinión en el Gobierno de El Salvador vino de la mano de las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como parte de un nuevo programa de asistencia financiera de 1.400 millones de dólares otorgado al país. Ante la posición del prestamista multilateral, el Gobierno y la Asamblea Legislativa optaron por abolir el estatus del bitcóin como moneda de curso legal en enero, limitando su uso ‘voluntario’ al sector privado. La ley estableció límites claros para ‘confinar’ las transacciones relacionadas con el bitcóin. Con esta limitación, por ejemplo, una persona no podrá pagar impuestos con el criptoactivo.

Aun así, esto no significa que el experimento haya terminado. El Salvador todavía tiene como objetivo convertirse en un centro tecnológico y logístico mediante la promoción de los criptoactivos y las nuevas tecnologías. En enero, el país organizó el Foro PLANB 2025, la mayor conferencia de criptoactivos de Centroamérica, y el Gobierno está aumentando sus reservas de bitcóin. En un movimiento seguido de cerca por los multilaterales y los entusiastas de las criptomonedas, el Gobierno compró más bitcóin en marzo para llevar el total de su Fondo de Reserva Estratégica de Bitcoin a 6.102 monedas, o alrededor de 500 millones de dólares.

La pérdida del estatus de moneda de curso legal cambia el alcance y el estilo del experimento. Mirando hacia atrás, el fracaso del experimento del bitcóin ilustra los beneficios de las innovaciones institucionales vinculadas a las nuevas tecnologías, pero también los desafíos de la fragilidad estatal, que es generalizada en América Latina. Si se aprenden las lecciones adecuadas, el experimento aún podría dar sus frutos.

Desde el principio, el uso del bitcóin en El Salvador se enfrentó a desafíos prácticos. La mayoría de la gente se mostró reacia a apoyar el gasto del Gobierno para promoverlo, y la falta de confianza hacia el criptoactivo redujo significativamente su uso en los negocios, manteniendo el dólar estadounidense como moneda preferida. Los datos recopilados en 2024 mostraron que ocho de cada 10 salvadoreños no usaban bitcóin, y las remesas a través de la billetera electrónica del Gobierno, Chivo, también fueron lentas, lo que explica por qué solo el 1 por ciento de las remesas totales involucraron criptoactivos.

Cuando el FMI anunció un acuerdo inicial para un Servicio Ampliado del Fondo con la istración de Bukele en diciembre, una de sus condiciones clave fue que se redujera el uso del bitcóin. El Salvador se encontraba en una clara encrucijada: o recibía el apoyo  del FMI o mantenía el bitcóin como moneda de curso legal.

El Servicio Ampliado del Fondo prometió mejorar las finanzas públicas de El Salvador, así como reforzar la gobernanza, la transparencia y los esfuerzos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Dado el éxito limitado de su política de adopción de bitcóin, sacrificar el estatus de moneda de curso legal era la opción lógica.

La primera lección de la experiencia de El Salvador es la necesidad de implementar políticas audaces para impulsar la innovación y la experimentación. América Latina requiere innovación para fomentar el crecimiento económico, particularmente en sus instituciones istrativas. La innovación, a su vez, requiere experimentación y un enfoque de prueba y error.

Si bien su táctica de curso legal no tuvo éxito, el Gobierno ahora está mejor posicionado para liderar los esfuerzos para crear marcos regulatorios efectivos que faciliten el uso seguro de bitcóin y otras criptomonedas. Al aliviar las preocupaciones relacionadas con la moneda de curso legal, El Salvador podría concentrarse en establecer regulaciones sólidas y fomentar la confianza de los ciudadanos, con el objetivo final de utilizar bitcóin para mejorar la inclusión financiera.

La segunda lección es que la innovación sostenible requiere capacidad tanto del Estado como del sector privado. Para el progreso, el uso de nuevas tecnologías así como la inteligencia artificial y el blockchain, por ejemplo, exigen a las tecnologías de la información y la comunicación. En El Salvador, y en América Latina en general, una aguda brecha digital basada en la desigualdad obstaculiza el y el desarrollo de nuevas tecnologías.

El Salvador ocupa la clasificación más baja de la región en el Índice de Desarrollo de la Banda Ancha 2023 del Banco Interamericano de Desarrollo. Esto refleja problemas estructurales profundamente arraigados que obstruyen el a internet y crean barreras para el uso de bitcóin.

La innovación regulatoria puede ayudar a cerrar esta brecha. El Salvador está a la cabeza de estos esfuerzos, por su uso frecuente de sandboxes regulatorios –suspensiones temporales de la regulación para permitir la experimentación–, así como por sus políticas para mejorar la regulación. Por ejemplo, el país ha adaptado sus marcos regulatorios a través de su Ley de Facilitación de la Inclusión Financiera para incentivar la adopción de nuevas tecnologías financieras.

Este tipo de inclusión financiera es clave para reducir la desigualdad y ejemplifica la tercera lección: la regulación y los criptoactivos no son rivales, sino que se complementan. Sin una regulación financiera sólida, el bitcóin se considera más volátil, lo que reduce su uso. Al mismo tiempo, la innovación en criptomonedas puede estimular la innovación regulatoria y, por lo tanto, ayudar a desarrollar la capacidad estatal.

El caso de El Salvador muestra que el uso de criptomonedas para pagos no debe ser un mandato legal, sino que debe surgir de la confianza social. A nivel de derecho, el bitcóin era moneda de curso legal en el país, pero rara vez se usaba.

En lugar de tratar de forzar el uso del bitcóin a través de la legislación de arriba hacia abajo, los proponentes deberían seguir una estrategia de abajo hacia arriba que fomente de manera más efectiva la confianza pública. Desde arriba, el Gobierno puede apuntalar las regulaciones para generar confianza adicional.

Actualmente, El Salvador está posicionado para beneficiarse de la reforma financiera ordenada por el FMI. Esta reforma tiene como objetivo mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector financiero, al tiempo que regula eficazmente los criptoactivos abordando sus riesgos y oportunidades asociados, como reconoce el FMI. El uso del bitcóin seguirá siendo voluntario, y este entendimiento mutuo con el FMI podría allanar el camino para regular los criptoactivos en otros países.

Es probable que las nuevas regulaciones impulsen la confianza en el bitcóin, por lo que el país ahora tiene la oportunidad de innovar en este campo, establecer confianza en el uso de criptoactivos y ayudar a cerrar la brecha digital. Mientras tanto, ha seguido recibiendo apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo para el desarrollo de infraestructura digital.

Si el Gobierno y sus socios multilaterales pueden abordar los riesgos asociados, particularmente en lo que respecta a la inteligencia financiera, la saga del bitcóin en El Salvador no será un fracaso. En cambio, representará el proceso de prueba y error esencial para fomentar la innovación y mejorar la inclusión financiera.

JOSÉ IGNACIO HERNÁNDEZ (*) 

AMERICAS QUARTERLY

(*) Profesor de Derecho Constitucional y istrativo en la UCV y UCAB de Venezuela y ex fiscal general especial de Venezuela.