En Nicaragua han expulsado 245 religiosos católicos en siete años: ¿por qué el régimen de Daniel Ortega está obsesionado con perseguir a la Iglesia?

‘Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?’ es un informe que le sigue la pista a la persecución y expulsiones que se han cometido contra los religiosos en ese país centroamericano desde que estalló la crisis social y política en 2018. En la nueva entrega de ese documento, Martha Patricia Molina, la investigadora exiliada que investiga este asunto, asegura que en estos últimos años, 245 religiosos han sido obligados al exilio o han sido expulsados del país.

De ese total, uno es un nuncio, tres son obispos, 136 son sacerdotes pertenecientes a diferentes diócesis de Nicaragua, tres son diáconos, once son seminaristas, y 91 son religiosas o monjas. De ellos, 19 religiosos nicaragüenses, entre ellos el obispo excarcelado Rolando Álvarez y el obispo exiliado Silvio Báez, y otros 14 sacerdotes, han sido declarados "traidores a la patria" y despojados de su nacionalidad.

Esas agresiones forman parte de los 879 ataques que ha sufrido la Iglesia católica de Nicaragua por parte del Gobierno que preside Daniel Ortega con su esposa Rosario Murillo, desde abril de 2018 al primer semestre de 2024, según el estudio.

"Debido a los ataques permanentes de la dictadura en contra de los clérigos, las diócesis de Matagalpa, Estelí (ambas en el norte) y Siuna (en el Caribe) se encuentran sin presencia física de sus obispos porque fueron desterrados ilegalmente", anotó la investigadora.

La Arquidiócesis de Managua, que preside el cardenal Leopoldo Brenes, es la que más ataques ha recibido (294) por parte de las autoridades y esto se debe a que es la jurisdicción más grande, porque aglutina los departamentos de Managua, Masaya y Carazo, explicó Molina.

En segundo lugar, se encuentra la Diócesis de Matagalpa, con 162 agresiones; seguida por las Diócesis de Estelí (72). Ambas son dirigidas y istradas ahora desde el exilio por el obispo Álvarez.

Asimismo, según el estudio, 19 propiedades pertenecientes a la Iglesia católica han sido "confiscadas" por el Estado de Nicaragua, pese a que el artículo 44 de la Constitución Política prohíbe la confiscación de bienes.

Todo esto hace parte de la deriva autoritaria que se recrudeció en Nicaragua desde abril de 2018, cuando el oficialismo reprimió a puño y hierro las manifestaciones que dejaron 309 muertos y unos 1.300 presos políticos.

El presidente Daniel Ortega lleva desde el 2007 en el poder, y la ha emprendido contra sus opositores. Quienes se enfrentaron a él en las elecciones de 2021 fueron encarcelados, desterrados o tuvieron que exiliarse.

Los religiosos son, junto con los opositores políticos, los que más han sufrido la persecución en ese país.

La propia Molina, en diálogo con BBC Mundo, dijo que “el gobierno ha ido erradicando los espacios democráticos. La iglesia es el único bastión que queda, pues el clero no ha estado dispuesto a adularlos".

De hecho, ese medio explica que las tensiones entre la Iglesia y el sandinismo no siempre han sido igual. El clero, de hecho, en ese país sirvió para mediar entre el Frente Sandinista de Liberación y la dictadura de Anastasio Somoza para la liberación de presos políticos en los años 80.

Sin embargo, en los años posteriores, la Iglesia empezó a denunciar los excesos del sandinismo. Más recientemente, desde el año 2007, cuando Ortega volvió al poder, la Iglesia ha elevado el tono contra la represión. Durante las marchas del 2018 dieron refugio a muchos jóvenes que salieron a las calles a manifestarse, algo que no toleran desde Managua.

Desde entonces, el gobierno ha prohibido ritos como los de Semana Santa y durante las misas vigilian que no se haga algún tipo de alusión negativa al orteguismo. De acuerdo con los diarios nicaragüenses, el orteguismo está dispuesto a eliminar cualquier tipo de institución o figura que pueda oponerse al Gobierno.

“Es altamente preocupante que en Nicaragua siga ocurriendo una persecución contra de la Iglesia católica. Ya no se trata de que si un clérigo o miembro de la Iglesia se porta bien o mal, de acuerdo con los criterios de la dictadura, sino que se le persigue sobre la base de que hay una decisión de arrestar y reprimir todo lo que tenga que ver con el mundo religioso que la dictadura no controla”, le dijo Ismael Moreno, un sacerdote jesuita e investigador, a La Prensa, de Nicaragua.

La vicepresidente y esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo, es una de las figuras más destacadas que se ha encargado de elevar los niveles del discurso contra los religiosos.

A propósito, el medio digital El Confidencial, fundado por periodistas nicaragüenses en el exilio, realizaron un informe en el que reflejan la narrativa sistemática de la vicepresidente para atacar a los religiosos.

Descalificaciones como “servidores de satanás”, “representantes del demonio”, “diablos” o “falsos representantes de Dios” son algunas de las frases que suele utilizar en sus alocuciones.

“Según Murillo, durante las protestas de 2018 los sacerdotes prestaron los templos para llamar a los ciudadanos a protestar. ‘¿Cómo podemos creerles nada a los representantes del demonio? ¿Cómo se atrevieron a blasfemar? Porque es una blasfemia, un sacrilegio alterar el orden de las cosas, y hacerlo en nombre de Dios’”, agrega el diario El Confidencial al hacer eco de las palabras que utiliza Murillo para justificar la arremetida contra la Iglesia.

Además de los arrestos contra religiosos, los otros tipos de ataques registrados, la investigadora Molina mencionó asedios, represiones a religiosos, impedimentos de ingresar a templos, cierre de ONG y medios de comunicación católicos, prohibiciones de las actividades religiosas, pintadas y mensajes de odio, robo y profanaciones y represiones a laicos, entre otros.

*Con Efe