El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reafirmó el pasado jueves su compromiso de "saber" lo sucedido con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 y ofreció protección a los testigos o perpetradores que revelen detalles sobre el caso.
"Se está dando garantías a los detenidos y aprovecho para que lo tomen en cuenta: todos los que nos ayuden informando van a tener una consideración, en el marco de la legalidad, y se les va a proteger. Lo que se busca es romper el llamado pacto de silencio", expresó el mandatario.
López Obrador aseguró que "se están dictando órdenes de aprehensión y se está avanzando mucho en la investigación", aunque lamentó que todavía no hay "ningún resultado definitivo".
"Imagínese, 43 jóvenes desaparecidos, 80 presos y no tener todavía qué fue lo que sucedió", expresó el presidente, quien aseguró que tiene "voluntad de aclarar las cosas" y prometió no "mentir" a los familiares de los jóvenes.
El expresidente Enrique Peña Nieto descartó la participación de militares en el caso, mientras que el actual Gobierno arrestó el año pasado al capitán José Martínez Crespo.
Se está dando garantías a los detenidos
Además, el periódico Reforma publicó el pasado miércoles la declaración de un testigo identificado como "Juan", según el cual militares participaron en una operación conjunta con policías y sicarios para detener a los estudiantes y otras 30 personas en el 27 Batallón de Infantería de Iguala, en el estado de Guerrero, donde después los entregaron Guerreros Unidos para su desaparición.
"Lo dice un testigo pero no podemos decir que esto pasó hasta probarlo todo. No se trata de hacer otra versión falsa para cerrar el caso", expresó López Obrador.
La filtración de este testigo fue condenada por la Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa y por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que consideran que estas revelaciones causan un "daño" a la investigación.
Ese mismo testigo acusó al actual secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, de haber recibido sobornos de Guerreros Unidos cuando coordinaba a la Policía Federal en Guerrero en 2014, año de la desaparición de los estudiantes.
Pero García se defendió tras el señalamiento: "Niego categóricamente las declaraciones dolosas hechas contra mi persona por un delincuente, hoy 'testigo protegido', publicadas por Reforma. Mi trayectoria en el combate a la delincuencia organizada en distintos frentes habla por si misma".
Niego categóricamente las declaraciones dolosas hechas contra mi persona
La DW publicó recientemente una columna en la que expone cómo puede estar implicado García en las controvertidas desapariciones.
Anabel Hernández, la autora del contenido del medio alemán, asegura que la información aportada por el testigo contra el secretario de Seguridad coincide con lo hallado en sus investigaciones periodísticas y en las de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Este domingo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que se impuso prisión preventiva a Luis Antonio Dorantes, un exagente de la Policía Federal conocido como Luis "D", vinculado con la desaparición de los estudiantes.
Hernández dice que Luis "D", "el 26 de septiembre de 2014 mantuvo informado a García Harfuch de todo lo que ocurría en la base de Iguala, según los documentos que obran en el expediente de la propia FGR (...) Antes de los hechos en Iguala, Dorantes también tenía un negro historial en su expediente laboral de la Policía Federal".
Además de eso, de acuerdo con Hernández, a García le fue mal en una prueba con el polígrafo o detector de mentiras en relación a sus vínculos con el crimen organizado, a lo que se suma su número telefónico encontrado en la agenda de Sidronio Casarrubias, quien es acusado de ser miembro del cartel Guerreros Unidos.
REDACCIÓN INTERNACIONAL*
*Con información de AFP y Efe
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