El triste panorama de las cárceles latinoamericanas

Sobrepoblación, hacinamiento, violencia, dominio de grupos criminales que han derivado en algunos casos en motines o disturbios con heridos y muertos, extorsiones. Así son las cárceles en América Latina.

Rubén Ortega Montes, analista en seguridad en México, las describe como “bodegas humanas”, esos espacios en los que se elimina de manera parcial a quienes son perseguidos por la comisión de hechos delictivos y muchos de los cuales pasan años antes de recibir una sentencia.

El Grupo de Diarios América (GDA) hizo una revisión del panorama en las cárceles de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y el territorio estadounidense de Puerto Rico. Las conclusiones son alarmantes.

La situación de los presos llega a ser tan precaria que pueden no tener un colchón para dormir o sufrir desnutrición. Frente a la problemática de las cárceles en la región, la respuesta de los gobiernos suele ser traslados o planes para crear más prisiones o ampliar las existentes, pero pocos se enfocan en mejorar las oportunidades o abrir el panorama de las personas privadas de la libertad. 

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A esto se suman factores como el de miles de presos que pasan años sin recibir sentencia. Y países, como Venezuela o El Salvador, donde debido a la situación política resulta difícil obtener información sobre lo que ocurre en las cárceles. 

De los 12 países analizados de 2016 a 2022 solo Colombia, Costa Rica, Venezuela y el territorio de Puerto Rico presentan una tendencia a la baja en su población penitenciaria: es decir que la cantidad de reos en sus cárceles va a la baja, pero en Venezuela solo se cuenta con datos de 2018 y 2020. Las cárceles de Puerto Rico son las únicas que no registran sobrepoblación; al contrario, la cantidad de presos ha disminuido desde 2016: de 11.642 a 7.252 en el periodo 2021-2022.

Los tres países con mayor población penitenciaria a lo largo de siete años son Brasil, México y Argentina, pues tienen mayor densidad de población. En México, 47,3 % de las cárceles registran sobrepoblación. El Estado de México es el más afectado con un exceso de 146,08 %, de acuerdo con el Órgano istrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS). En los últimos 7 años, la población penitenciaria de México solo estuvo por debajo de los 200.000 reos en 2018.

En Argentina, desde 2016, las cifras de presos han ido en aumento; para 2022 este dato creció un 33 %: de 76.261 reclusos en 2016 pasó a 101.267 en 2021, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep).

Solo en Buenos Aires, con capacidad formal de alojamiento en unidades penitenciarias de 27.000, la sobrepoblación es de 118 %.

En Brasil, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Información Penitenciaria (Sisdepen), del Ministerio de Justicia, las cárceles reportaron en 2021 un total de 833.176 presos, mientras que en 2019 había 755.247.

Un caso excepcional fue el que se presentó en Chile durante la pandemia, ya que de acuerdo con registros oficiales, en 2019 había 41.977 personas recluidas; en 2020 esta cifra cayó a 3.813 y en 2021 nuevamente alcanzó la cifra de 38.718 recluidos; este cambio fue debido a la libertad vigilada (de marzo a octubre de 2020 se realizaron excarcelaciones anticipadas). La sobrepoblación carcelaria en el país pasó de 0,5 % en 2016 a 7 % en 2022.

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En Colombia, la situación es tan grave que en 1998 la Corte Constitucional declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional (ECI).

“La población carcelaria —revelan cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)— era de 97.860 reclusos hasta diciembre de 2022 en los 126 establecimientos ligados a la institución. En realidad solo hay cupo para 81.175 personas. La sobrepoblación, de acuerdo con las cifras de 2022, es de 16.685 personas, lo que representa un hacinamiento del 21 %”. 

Costa Rica, de acuerdo con el Ministerio de Justicia, tenía una población carcelaria de 16.265 en 2019 (31 % de sobrepoblación); en 2022, la sobrepoblación era de 6,4 %; este año, con 15.141 presos, la sobrepoblación es de 10 %. Sin embargo, hay cárceles, como son Antonio Bastida de Paz, Nelson Mandela y Gerardo Rodríguez, cada una con una sobrepoblación superior al 40 %.

En el caso de El Salvador, para diciembre de 2016, tenía una población carcelaria de 36.824 reos; en 2018, la cifra se disparó a 39.642; para febrero de 2022 (último dato disponible), la cifra era de 39.538. El hacinamiento en diciembre de 2016 era de 264 %; para diciembre de 2018 era de 69 %.

En febrero de este año, el Gobierno inauguró el llamado Centro para el Confinamiento del Terrorismo (Cecot), que el presidente Nayib Bukele anunció como “la cárcel más grande de Latinoamérica”, con capacidad para 40.000 personas privadas de la libertad. Hasta mayo pasado habían sido trasladados allí unos 5.000 presos, según datos del Gobierno. 

En términos de capacidad penitenciaria, de los 12 países analizados por medios del GDA, Perú es el que muestra la mayor crisis carcelaria: la sobrepoblación este año supera el 100 %; es decir que hay 89.877 reos y solo tienen espacio para 41.018. El hacinamiento llega a ser de más de 400 o incluso de 500 %, como en el EP Callao.

En la República Dominicana, la población carcelaria pasó de 25.437 en 2016 a 26.782 en 2017; para 2020 ya era de 27.026; en 2022 era de 25.711. Actualmente, la cifra es 25.370, con una tasa de hacinamiento de 62,2 %, según la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSP).

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Según el último informe (2021) publicado por el Comisionado Parlamentario Penitenciario de Uruguay, “en las primeras dos décadas de este siglo, el volumen de la población penitenciaria se ha triplicado”.

En 2019, la tasa de crecimiento anual promedio fue de 8,3 %; en 2020 subió a 12,6 %. En cuanto a la sobrepoblación, un ejemplo basta: en la Unidad 5 (cárcel de mujeres), la ocupación era de 143 % en 2021.

En Venezuela, donde obtener datos oficiales sobre la situación de las cárceles es misión imposible, es el Observatorio Venezolano de Prisiones el que proporciona información. Para 2020, la población carcelaria era de 32.200, cuando la capacidad máxima es de 20.438. “Las cárceles venezolanas son sinónimo de hambre ante la carencia de alimentos y la reducción de porciones mínimas que no cumplen con las calorías establecidas por la Organización Mundial de Salud”, determinó el Observatorio. La sobrepoblación es en sí violatoria de la dignidad humana y los derechos humanos, pero además da paso a otros problemas.

EL TIEMPO de Colombia acompañó en marzo y abril de 2023 inspecciones realizadas en seguimiento al ECI en estaciones de policía también hacinadas: 214 personas que ya estaban condenadas y permanecían detenidas allí fueron trasladadas. Se encontró a 16 personas en la Estación de Policía de Engativá que estaban presas en un lugar que era para disponer basura. También fueron trasladadas.

En la República Dominicana, Listín Diario hizo un recuento de La Victoria, considerada como la cárcel en peor situación. Construida para alojar a 2.000 personas, cuenta actualmente con una población carcelaria de 7.608. “El centro posee la cantidad más elevada de personas con trastornos psiquiátricos a nivel nacional (un aproximado de 60 personas)”. Se ubican en un espacio llamado Los Malogrados. La razón: alberga también a internos con tuberculosis o cualquier otra patología contagiosa.

Las prisiones, en general, cuentan con regímenes de visitas familiares y de abogados. Pero hay países, como El Salvador, donde incluso eso está prohibido. Desde el 1.º de marzo de 2020 no se permite ningún tipo de visita a privados de la libertad.

La prohibición se inició en 2019, pero solo aplicaba a reos pertenecientes a pandillas. Sin embargo, al iniciar la pandemia del covid-19, se extendió a los demás presos. La medida incluía visitas de abogados, aunque este año se han retomado las visitas legales.

Otro indicativo de la situación de las cárceles es la cantidad de presos sin sentencia (condena ejecutoriada). El caso más grave es Venezuela, donde, de acuerdo con el Observatorio, la cantidad de condenados es de 47 %, con cifras de 2022.

En países como México, Perú o Chile, la cantidad de presos sentenciados ronda el 60 %. En Colombia y Brasil supera el 75 %, mientras que en Uruguay asciende a 85 %. En la República Dominicana suman 90 %.

Caso distinto es El Salvador, donde no hay datos actualizados porque desde que inició el régimen de excepción, las estadísticas fueron declaradas “bajo reserva”. Hasta 2021, 76 % de presos habían recibido sentencia. Sin embargo, ninguno de los 68.294 capturados bajo el régimen de excepción ha sido condenado. Aun así, están en prisiones con otras personas ya sentenciadas.

Aunque no al nivel de los motines que se han visto recientemente en prisiones en Ecuador o en Honduras, la violencia también caracteriza las cárceles evaluadas.

México destaca en el rubro: según el Violentómetro Penitenciario, que elabora la organización civil Asílegal, en 2019 se registraron 677 hechos violentos en las cárceles del país, que involucraron a 1.045 privados de la libertad. Para 2022, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cifra se elevó a 2.499 incidentes violentos.

Hasta marzo de este año, la Secretaría de Gobernación registraba 222.

Las restricciones de la pandemia también golpearon a las cárceles. El 21 de marzo de 2020, presos en la cárcel La Modelo (Bogotá), considerada la peor de Colombia, se amotinaron, quejándose del mal manejo que se estaba dando a los contagios de covid-19. El motín dejó un saldo de 24 muertos —23 de ellos con arma de fuego— y 107 heridos. La situación se repitió tres meses después en Argentina, donde motines de reclusos dejaron al menos cinco muertos.

Más allá del coronavirus, los pleitos entre grupos rivales son la causa más común de los motines en los penales. En Costa Rica, las riñas han dejado cuatro reos muertos este año: en la República Dominicana se registraron al menos 15 motines con 11 reclusos fallecidos en 2022.

En Brasil, uno de los motines recientes más violentos ocurrió en julio de 2019. O Globo, que dio cuenta de lo ocurrido, explicó que la violencia se desató entre el Comando Clase A y el Comando Ro. Murieron 57 reclusos.

En El Salvador, en el último año lo que ha proliferado son las muertes de personas (más de 150) capturadas durante el régimen de excepción. Organizaciones civiles exigen a instancias internacionales investigar los hechos.

A los motines se suman las extorsiones, que se repiten en prisiones de México, Colombia y Argentina. En Venezuela, una investigación del portal de noticias Runrunes y la plataforma periodística Connectas, que estudió siete prisiones, encontró que desde allí se planifican y controlan “más de una docena de delitos o actividades que generan millones de dólares”.

Las extorsiones telefónicas son una de las prácticas más comunes, que han sido ligadas por las autoridades a prisiones en la región.

En Argentina, este problema ha crecido en los últimos años, además de extorsiones, organizaciones del crimen organizado orquestan desde prisión venganzas y ataques extramuros.

El tema de extorsiones y motines está estrechamente ligado a una realidad que se vive en muchas de las prisiones analizadas: la existencia de grupos criminales bien organizados que son los verdaderos ‘jefes de jefes’.

Mientras en países como Perú, Costa Rica y Uruguay no hay grupos identificados que controlen las cárceles, la violencia o las extorsiones, en México son los carteles los que están al frente. Principalmente el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, seguidos por el cartel del Golfo, el del Noreste, el de los Beltrán Leyva y los Zetas.

Los tentáculos de estos carteles se han extendido a otros países. De acuerdo con la Fiscalía Nacional de Chile, “el control de los penales está entre los objetivos de los carteles mexicanos Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, como se ha visto en Ecuador.

En Chile puede ser perfectamente el ‘Tren de Aragua’ —el que ejerce el control—”.

El ‘Tren de Aragua’, la organización criminal más poderosa de Venezuela, controla desde prisión en este país más de una docena de delitos, incluyendo tráfico y trata de personas.

En Colombia, hoy los liderazgos en las prisiones no son tan visibles como a inicios del 2000, cuando el control lo tenían paramilitares, sicarios de capos del narcotráfico o la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

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En El Salvador, se conoce que son las pandillas las que tienen el control en muchas de las prisiones, obteniendo beneficios que incluyen la libertad de líderes pandilleros, a pesar de ser solicitados en extradición por Estados Unidos. ¿Cómo puede pasar eso? No hay una respuesta oficial.

Otro país donde importantes organizaciones criminales dominan dentro y fuera de las prisiones es Brasil. Las facciones más activas son el PCC y el Comando Vermelho. 

El costo de mantenimiento de las personas privadas de la libertad puede llegar a ser, en México, según datos del gobierno de la Ciudad de México, del equivalente a 900 dólares mensuales.

En Chile, el gasto promedio mensual por interno, al cierre de 2021, era del equivalente a mil 12 dólares al cambio actual. Una cifra similar a la de Uruguay (unos mil 24 dólares mensuales)

A pesar de ello, en general, en los países analizados, al igual que en el territorio de Puerto Rico, las estrategias se quedan cortas. En su gran mayoría, el enfoque se limitar a reducir sobrepoblación con traslado de presos, la separación de los más violentos, la ampliación de centros penitenciarios y la creación de nuevos, la participación del sector privado, entre otros. Escasean las medidas para acelerar las sentencias, por ejemplo.

Existen, al mismo tiempo, programas, con distintos grados de desarrollo, para permitir a la población carcelaria culminar sus estudios, aprender un oficio o trabajar desde prisión y obtener algún dinero.

Hay también programas enfocados en la excarcelación anticipada para delitos no graves –en general se excluyen delitos de explotación sexual, trata de personas o crímenes violentos o de narcotráfico- y siempre y cuando los presos cumplan ciertas condiciones.

Sin embargo, son pocos los países con programas más extensos, enfocados en ayudar a las personas privadas de la libertad a crecer como seres humanos y a incentivarlos a cambiar de vida una vez fuera de prisión. 

En República Dominicana, existen programas enfocados en la salud mental, otros, llamados “de medio libre”, buscan alternativas a la reclusión; también hay programas de salida temporal con fines familiares, educativos, o laborales. Pero este tipo de casos son contados en la región.

“La creciente autogobernabilidad, impunidad y corrupción al interior” de las cárceles, sumado “al contexto geográfico, socioeconómico o por índice delictivo o de inseguridad”, las convierten en centros “donde los fines de reinserción social sólo son utópicos”, advirtió la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México en enero de 2023. La descripción aplica a nivel regional.

GUADALUPE GALVÁN (*)

El Universal (México)

@NoticiasGDA

(*) Con información del Grupo de Diarios América (GDA). El GDA, al cual pertenece EL TIEMPO, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Las cárceles son espacios de violencia, corrupción y violación sistemática de los derechos humanos, caracterizadas por el hacinamiento, hecho que en sí mismo constituye una de las principales violaciones a los derechos de las personas privadas de libertad y del personal penitenciario.

La situación de las prisiones en Latinoamérica no ha mejorado en los últimos años y tiende a agravarse por diferentes factores, entre ellos el “populismo penal”; es decir, el endurecimiento de medidas penales para afrontar la inseguridad, impunidad y corrupción, sin atender las causas reales como la pobreza, desigualdad social, entre otras, señala Manuel Jorge Carreón Perea, especialista en Derechos.

“El número de motines que en los últimos años se han presentado en diferentes prisiones en la región es producto de la inestabilidad y falta de control por parte de las autoridades”, explica el docente de la Universidad Panamericana Ciudad de México (UP México).

A decir de Elba Jiménez, experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es el reflejo de una política de criminalización en contra de sujetos a los que el Estado considera violentos: los declara enemigos, son perseguidos y detenidos. En algunos casos, advierte, las motivaciones son de carácter político.

Sin embargo, lamenta, Bukele es solo una fotografía de lo que ocurre en distintos países en América Latina, como Haití, Cuba o Guatemala.

“Tristemente ante una estigmatización y criminalización de las personas, no se piensa en meterlos en la cárcel para reinsertarlos… es para aislarlos, según sostienen, proteger a la sociedad de esta población y eso justifica violentar las Reglas Mandela” sobre el tratamiento de reclusos, detalla Jiménez. Estas reglas indican que los presos deben tener uniformes, ropa de cama suficiente y tres comidas al día de acuerdo con sus necesidades. Lo que ocurre en la realidad, advierte, es que bajo el argumento de que la persona privada de la libertad cometió un delito, se le violan los derechos humanos y no tiene derecho a nada.

La también docente en posgrado de Derechos Humanos subraya que, en el caso de Nicaragua, el presidente Daniel Ortega ha metido a la cárcel a muchos perseguidos políticos, incluso ha declarado ilegales a universidades que se han opuesto a la política del mandatario y las cárceles están siendo sobrepobladas.

Carreón añade otro factor: no existen programas penitenciarios a largo plazo, dado que se buscan solventar problemáticas del momento conforme con lo que resulta más mediático y no acorde a planes y programas definidos. 

Carreón remarca que el trato inhumano que se les otorga a las personas privadas de la libertad también es uno de los puntos cruciales, ya que las deshumaniza y las coloca en una situación de vulnerabilidad extrema.

Rubén Ortega Montes, analista en seguridad, advierte que el crecimiento de la delincuencia organizada les ha dado poder también en el interior de las prisiones, donde la mayoría de las veces existe un gobierno interno paralelo al institucional y oficial. El autogobierno, asegura, impone sus cuotas en trabajo, dinero, especie y servicios. Aparte, estos cabecillas de prisión tienen comunicación con las estructuras delincuenciales que se encuentran libres en las calles.

“Con ello se convierten las cárceles en palacios blindados y enrejados que protegen a algunas figuras de alto rango”, enfatiza Ortega Montes.

En lugar de rehabilitación o reinserción social, los directores de reclusorios o de penitenciarías se conforman con tener el supuesto control a través del líder delincuencial de las distintas áreas de los penales, a través de la corrupción, señala.

DANIELA WACHAUF

El Universal (México) / GDA