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¿Podría la excarcelación de Fujimori causar un preocupante precedente con la Corte IDH?
El exmandatario peruano cumplía una condena desde el año 2009 por crímenes contra la humanidad.
“En Perú decimos que en diciembre comemos panetón y escándalo. Y este año no fue la excepción”, le dice a este diario el abogado y académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Andrés Calderón en relación a la polémica liberación esta semana del expresidente peruano Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad, y quien el pasado miércoles bajo el amparo de un indulto concedido por razones humanitarias y pese a la objeción de Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) quedó en libertad abriendo un frente diplomático entre Perú y la Corte.
El gobernante cumplía desde 2009 una condena por crímenes contra la humanidad por la muerte de 25 personas en dos matanzas perpetradas en 1991 y 1992 por un escuadrón del ejército. Nueve de las víctimas eran universitarios que los militares acusaban de ser supuestos guerrilleros de Sendero Luminoso.
De 85 años y diagnosticado de varias enfermedades, Fujimori abandonó el miércoles el penal Barbadillo, en el este de Lima, con tapabocas y conectado por sonda a un tanque de oxígeno.
El exmandatario que padece un cáncer lingual, fibrilación auricular, hipertensión, entre otras dolencias, logró la libertad luego de que el Tribunal Constitucional ordenó el martes su excarcelación tras restituirle el indulto que se le había otorgado por razones humanitarias en 2017.
Alberto Fujimori, expresidente de Perú. Foto:AFP
El entonces gobierno de Pedro Pablo Kuczynski le concedió el recurso de gracia, pero la justicia peruana revocó la medida atendiendo un pedido de la Corte IDH a favor de las víctimas de Fujimori, quien gobernó con mano de hierro entre 1990 y 2000.
“De hecho, fue en la Nochebuena del 2017, cuando Kuczynski, presionado por el bloque del fujimorismo en el Congreso que amenazaba con destituirlo, le otorgó el controversial indulto humanitario a Fujimori. Entonces, adujeron problemas de salud y fue liberado, pero luego se logró demostrar con evidencia de que en realidad su condición de salud no era grave y regresó a la cárcel en 2018”, explica Calderón.
En 2022, el mismo tribunal ordenó su salida, pero el Gobierno del entonces presidente Pedro Castillo no ejecutó el fallo del tribunal local y se acogió a la resolución de la Corte IDH.
Alberto Fujimori, exmandatario peruano. Foto:AFP
No obstante, esta vez, además de las razones humanitarias, el Tribunal Constitucional alegó que Fujimori ya "ha cumplido aproximadamente las dos terceras partes de su condena" y la presidenta Dina Boluarte autorizó su excarcelación, pese a que la Corte IDH elevó un pedido al gobierno peruano para que se abstuviera de excarcelar al exmandatario hasta revisar la legalidad de la decisión del Tribunal Constitucional.
Bajo ese panorama, lo que queda por ver es si la Corte Interamericana de Derechos Humanos eleva a la Organización de Estados Americanos (OEA) el incumplimiento de Perú a su orden, según indica la Convención Americana y el reglamento del tribunal. De prosperar, podría terminar en una denuncia ante la OEA incluso en una expulsión.
"Son pocos los países que se han sublevado anteriormente contra la Corte IDH, estos son Nicaragua y Venezuela, por lo que Perú se estaría uniendo a un trío de rebeldes que desafían el derecho internacional”, dijo Diego Garcia-Sayan, expresidente de la Corte IDH y más recientemente Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados.
"Consideramos que Perú está en desacato de la orden de la CorteIDH. Ahora lo que esperamos es que se activen los mecanismos jurídico-políticos, que la Corte informe al Consejo Permanente (de la OEA)", indicó por su parte en una declaración el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), una de las organizaciones que representa a las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos.
El expresidente Alberto Fujimori permanece en una clínica de Lima. Foto:Archivo El Comercio
Para el exprocurador César Azabache el desatender los mandatos de la Corte IDH “es un punto de inflexión muy serio al no acatar una orden expresa de la Corte y de cómo se configuran las protecciones a los derechos civiles en el país. Es un viraje hacia un punto de no retorno”.
Desde la mirada del analista político Juan David Naranjo: “El Tribunal Constitucional del Perú contribuye a crear una crisis diplomática al fallar a favor del indulto a Fujimori sin presentar los argumentos de fondo para controvertir la decisión de la Corte IDH. Pero, el sistema interamericano también podría estarse extralimitando al exigirle a las instituciones peruanas que no procedan, sin conocer si la decisión del Tribunal está atendiendo a las consideraciones que la misma CorteIDH había presentado en su decisión del 2022”.
De amores y odios
Fujimori es una figura profundamente polarizadora en Perú. Bajo su mandato, la economía peruana se recuperó de las profundidades de la hiperinflación y ejecutó una lucha sin cuartel contra la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso, cuyos principales líderes fueron apresados. Sin embargo, se hizo con el poder de forma ilegal y fue condenado por violaciones de los derechos humanos.
En noviembre de 2000, en medio de una creciente oposición tras 10 años de gobierno, Fujimori huyó a Japón, la tierra de sus ancestros, y renunció por fax a la presidencia. Había detentado un poder casi absoluto tras dar un "autogolpe" el 5 de abril de 1992, disolviendo el Congreso e interviniendo el Poder Judicial.
Pero, hasta el día de hoy, su figura genera posturas contrarias. Mientras que decenas de seguidores lo esperaron durante toda la jornada lo recibieron con vítores, música y fuegos artificiales, los familiares de las víctimas insisten en que se está cometiendo una injustica.
Alberto Fujimori, expresidente de Perú. Foto:EFE/ Ernesto Arias
"Estamos condenados a vivir diciembres entre la angustia, la rabia y el sentimiento de ciudadanos de segunda. Nuestros derechos por debajo de libertad indebida de un delincuente", expresó Gisela Ortiz, hermana de uno de los diez estudiantes desaparecidos en la universidad La Cantuta en 1992.
La representante de los deudos de este sonado caso agregó, en su cuenta de X, que "el indulto de 2017 fue negociado" y calificó el fallo del tribunal como una "inaceptable decisión".
Salir de la jurisdicción de la CIDH ha sido durante mucho tiempo un objetivo de la derecha peruana, incluida Fuerza Popular, el partido liderado ahora por la hija de Fujimori, Keiko.
“Si bien creo que la figura de Fujimori hoy día es más decorativa, Keiko va a tratar de sacar provecho político del asunto lo que nos lleva a una exacerbación de la polarización política que vira más entre un conservadurismo y un progresismo. Pero, esa rivalidad nos está llevando a una situación institucional preocupante”, señala Calderón al insistir que Perú enfrenta un “nuevo y preocupante juego de mesa judicial donde las reglas bajo las cuales creíamos que funcionaba el sistema democrático son distintas y parecen ser aquellas que pone quien ostenta el poder de turno”.