¿Quién y cómo podrá solicitar la eutanasia en España?

España aprobó este jueves la ley de la eutanasia, que entrará en vigor dentro de tres meses. Bajo el impulso del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en el gobierno, la votación tuvo lugar en el Congreso de los Diputados, con un resultado de 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones.

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De esta manera, España se une a la corta lista de países donde la eutanasia es legal en todo el mundo.

La norma regula la eutanasia y el suicidio asistido. La primera es la “istración directa al paciente de una sustancia por parte del personal sanitario competente”, mientras el segundo se trata de “la prescripción o suministro al paciente por parte del profesional sanitario de una sustancia, de manera que este se la pueda autoistrar para causar su propia muerte”.

La ley acoge a las personas que padecen “una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante”, que les provoque un “sufrimiento intolerable”.

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La eutanasia, además, pasa a constituir una prestación del sistema de sanidad. Es decir, se financia con dinero público. Y se puede solicitar para que tenga lugar en un hospital o una clínica o en el domicilio del interesado.

De acuerdo con la ley, para solicitar la eutanasia hay que se ser mayor de edad y estar “en plena capacidad de obrar y decidir”. La persona debe hacerlo de manera autónoma, consciente y estar bien informada. Para ello, se le explicará el proceso médico, sus alternativas y las posibilidades con que cuenta para gozar de cuidados paliativos.

Si no está en condiciones de mostrar su conformidad o carece de sus facultades, debe haber suscrito previamente algún tipo de comunicado (testamento, voluntades, instrucciones) donde quede patente.

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El paciente debe ser español, tener residencia o demostrar que ha vivido durante más de doce meses en el país (mediante certificado de empadronamiento).

El procedimiento obliga a presentar dos solicitudes por escrito, con una diferencia de quince días entre ellas. Si el médico considera que es demasiado tiempo (por riesgo inminente o pérdida de la capacidad), puede determinar que se acorte.

Después de cada petición, el doctor debe analizar con el paciente su situación y posibilidades. Tras la segunda, el médico traslada la petición a una comisión autonómica (formada por médicos y juristas), que señala a dos especialistas para que examinen el caso. Luego aprueba o rechaza la decisión que ellos tomen. Las resoluciones desfavorables se podrán recurrir.

El interesado puede cambiar de opinión en cualquier momento o retrasar la aplicación de la eutanasia el tiempo que desee.

Una vez aprobada la eutanasia, la ley prevé que el paciente esté acompañado por profesionales durante todo el camino. Si está consciente, debe explicar cómo desea que se le aplique.

En el caso de que prefiera que tenga lugar en el hospital, el equipo sanitario lo debe asistir. Si en es su casa, el médico responsable le prescribe la sustancia y lo apoya hasta que se produzca la muerte.  Ahora bien, los médicos tienen derecho a la objeción de conciencia.

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Finalmente, una vez producido el fallecimiento, el médico responsable debe entregar a la comisión un documento con toda la información pertinente (datos del paciente, de los profesionales que actuaron, el consentimiento, entre otros) y otro con los detalles del proceso.

Desde que Pedro Sánchez es presidente (2018) es la tercera vez que los socialistas intentan la aprobación de una ley a favor de la eutanasia. En esta ocasión ganaron gracias al apoyo de los partidos independentistas, nacionalistas, la extrema izquierda y Ciudadanos, movimiento de centro-derecha. Se opusieron el Partido Popular (PP) y otros grupos de derecha, como Vox, que desde ahora anunció que la derogará si llega al gobierno.

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La diputada socialista María Luisa Carcedo defendió su proyecto. “Hasta ahora sufrir una enfermedad degenerativa era un delito y la condena era una final cruel y doloroso”, dijo. Cree que esta ley se entiende dentro de “la libertad con mayúsculas”.

La diputada de Vox Lourdes Méndez se mostró indignada porque “el Estado ya no tiene en sus manos la salud de los ciudadanos, sino la vida”. Advirtió que su grupo va a interponer un recurso de inconstitucionalidad de la ley.

España se suma a la corta lista de países europeos que aceptan la eutanasia. Los otros son Bélgica (2002), Holanda (2002) y Luxemburgo (2008). De otro lado, en Colombia (2015) y Canadá (2016) también constituye una práctica legal.

En otros lugares existen regulaciones variadas y parciales. En Suiza y Alemania, por ejemplo, se permite solo el suicido asistido. En Estados Unidos se acepta en algunos estados, como California y Montana; en otros, como Washington, se contempla el suicidio asistido. En Australia solo se permite la eutanasia en el estado de Victoria. Y en los países nórdicos la eutanasia pasiva cuenta con luz verde.

JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal de EL TIEMPO

MADRID

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