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Gobierno español aprueba el indulto a los líderes catalanes presos
La arriesgada jugada política busca relajar la tensión con Cataluña. ¿Qué puede pasar?
El presidente de España, Pedro Sánchez, presidió el consejo de ministros que aprobó el indulto a los líderes catalanes presos. Foto: AFP
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, concedió este martes el indulto a los nueve dirigentes catalanes que se encuentran presos desde 2017 por su participación en la fallida declaración unilateral de independencia de Cataluña, un gesto que debe relajar latensión sin zanjar una crisis muy enquistada, según analistas.
Con esta medida de gracia, "queremos abrir una nueva etapa de diálogo, de reencuentro, y cerrar de una vez por todas la división y el enfrentamiento", expresó el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, en una declaración luego del Consejo de Ministros que dio luz verde a los indultos.
La Constitución española faculta al presidente para conceder indultos en cualquier tiempo y Sánchez lo hace ahora por motivos de “utilidad pública”, según indicó.
“Encontraremos dificultades en el camino, pero merece mucho la pena intentarlo. Por nuestros hijos y nuestras nietas, la sociedad entera se lo merece. Queremos cerrar de una vez por todas la división y el enfrentamiento. La sociedad española demuestra hoy su grandeza. Es el momento de volver a la política”, dijo. "España sin Cataluña no sería España, como Cataluña sin el resto de España no sería Cataluña. Esta certeza es el norte que guía nuestro camino”, agregó.
Como consecuencia de los indultos decretados, se pondrán en libertad a Oriol Junqueras, exvicepresidente del gobierno catalán; a los exconsejeros Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Dolors Bassa; a los exlíderes de asociaciones independentistas Jordi Cuixart y Jordi Sánchez; y a Carme Forcadell, expresidenta del parlamento catalán.
El indulto no favorece aCarles Puigdemont, expresidente de Cataluña, huido de la justicia en Bélgica, al no haber sido aún juzgado y condenado por los delitos de sedición y malversación de fondos, como sus otros compañeros independentistas.
Todos pagan penas de entre 9 y 13 años de cárcel desde finales de 2017, pero con el indulto solo habrán cumplido menos de la mitad de las condenas.
Sánchez explicó que los indultos serán parciales, ya que se conmuta la pena pero no la inhabilitación para ejercer cargos públicos, y están condicionados a que los beneficiados no cometan delitos graves en un tiempo determinado.
No obstante, el crispado ambiente sigue latente, mientras que la decisión debe cumplir todavía unos pasos istrativos, aunque debería hacerse efectiva rápidamente.
El presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, realiza una declaración institucional tras el Consejo de Ministros celebrado esta mañana, en el que se han aprobado los indultos a los condenados en el juicio del Procès. https://t.co/b2UECU6Z1t
"Los indultos ayudan a destensar el clima entre el gobierno de la Generalitat y el gobierno central, permiten una mesa de negociación más fluida, pero difícilmente con eso vamos a poder llegar a un acuerdo entre las partes. Queda muy lejos aún", afirma Lluis Orriols, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid.
Todavía no se han cumplido cuatro años del frenético otoño catalán de 2017, cuando a un referéndum ilegal de autodeterminación, marcado por la violencia policial, le siguieron unos días caóticos que acabaron con una fallida declaración unilateral de independencia, sus líderes camino de prisión y el presidente regional, Carles Puigdemont, fugado en Bélgica.
Y las heridas aún son profundas. Los indultos que el gobierno aprobó este martes en Consejo de Ministros "son un elemento más simbólico", valora Cristina Monge, politóloga de la Universidad de Zaragoza. "Es una manera de sentarse en la mesa de diálogo con una prueba de buena voluntad, y además resituar el conflicto en el ámbito político", añade.
El exlíder catalán exiliado y miembro del Parlamento Europeo Carles Puigdemont (izq.) junto a simpatizantes catalanes detrás de una pancarta frente al Parlamento de la UE en Bruselas el 9 de marzo de 2021. Foto:AFP / HATIM KAGHAT
Factor Puigdemont
Efectivamente, Aragonès volvió a pedir amnistía y referéndum el viernes a las puertas de la 'Casa de la República' de Waterloo, el cuartel político de Puigdemont en Bélgica, con quien coincidió en que los indultos no son la solución al "conflicto político".
Tampoco acudió a la conferencia del presidente del gobierno español el lunes en el teatro del Liceu de Barcelona, donde Sánchez anunció los indultos en nombre de la "reconciliación". Pero tanto Aragonès como Oriol Junqueras -líder de ERC y condenado hasta ahora a 13 años de cárcel-, ya expresaron la renuncia a la vía unilateral de su partido, con un perfil más negociador y aliado de los socialistas de Sánchez en el Congreso español.
Más complicada es la situación de Puigdemont, cuya formación se resiste a bajar el tono.
El expresidente regional no ha sido juzgado en España y solo podría regresar con garantías en caso de una amnistía, por ahora descartada. Pese a ser eurodiputado, el gobierno español reiteró recientemente su intención de detenerlo y que sea juzgado si decide volver de Bélgica.
"Estos indultos no afectan absolutamente para nada a Puigdemont, otra cosa es que pueda considerar discutible su propia posición teniendo en cuenta que los que se quedaron aquí estarán en libertad y, en cambio, los que se fueron al extranjero van a permanecer en una situación muy delicada", observó Jordi Nieva-Fenoll, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona.
El reto de sentarse a dialogar
Según el gobierno de Sánchez, que tomó la medida con todos los partidos de oposición en contra, se trata de un primer paso para resolver la cuestión catalana por la vía del diálogo.
De hecho, se espera para los próximos días una reunión entre el presidente de España y Pere Aragonés, presidente de Cataluña. Sánchez confía en que la mesa de diálogo se reanude tras la voluntad mostrada con los indultos.
Para el presidente español, las conversaciones entre el gobierno central y el regional no deben estar marcadas por la autodeterminación ni por la amnistía, que considera inconstitucionales. Por su parte, los separatistas apuestan por allanar el camino hacia el referéndum para votar acerca de la independencia, apoyados por el gobierno central.
Ambas posturas, claramente enfrentadas, ponen sobre la mesa la dificultad de alcanzar un acuerdo.
Sánchez, sin embargo, mantiene su idea inicial de resolver el conflicto con la puesta en marcha de un modelo federal en este país, semejante al alemán. Pero no parece que los separatistas, ahora mayoría en Cataluña, le sigan el juego a una propuesta que no culmine con la separación territorial.
El grave problema para el presidente español es que, si no cede, puede romperse el bloque parlamentario, con los separatistas a su lado, que hoy le permite gobernar en España.