El pacto migratorio de mano dura que se cocina en la Unión Europea

El nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo presentado por la Comisión Europea (CE) esta semana propone un blindaje de fronteras sin ofrecer vías seguras de inmigración, deportaciones sin medidas de acogida e instrumentos de dudosa legalidad frente a las obligaciones internacionales.

Además, sigue descargando la responsabilidad sobre un puñado de países (Grecia, Italia y España principalmente) y no tiene en cuenta las necesidades de los migrantes y refugiados.

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La crisis migratoria que provocó la llegada de más de un millón de refugiados en pocos meses a finales de 2015 y principios de 2016 generó una crisis política porque los países de Europa del este se negaron, incluso violando acuerdos europeos, a aceptar una cuota menor de refugiados para aliviar a los países del sur. Desde entonces las llegadas se fueron reduciendo hasta las 140.000 de 2019, equivalentes al 0,03 por ciento de la población europea.

Para analistas como Gemma Pinyol-Jiménez, jefa del departamento de Migraciones de la consultora Instrategies e investigadora sobre Migraciones en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, la propuesta de reforma migratoria de la Comisión Europea es “una agenda de trabajo que sigue el mal camino iniciado en 2015”.

“Nos traerá los mismos resultados: ninguno. No hay reforma de la política migratoria europea, entre otras cuestiones, porque la política migratoria y de asilo no puede centrarse solo en los s irregulares al territorio europeo, y eso es básicamente lo que hace el plan”, explica a EL TIEMPO Pinyol-Jiménez.

Esta investigadora señala que “no se desarrolla ningún instrumento nuevo de gestión ordenada de los flujos y se centra todo en el control de las fronteras marítimas. Así, no solo no se reforma nada, sino que se ahonda en una perspectiva que solo ha traído mayor vulneración de derechos y del derecho de asilo en las fronteras europeas”.

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La imposibilidad de repartir a los solicitantes de asilo a través de un sistema de cuotas lleva a la Comisión Europea a proponer que los países que no los acepten sí ayuden a los del sur a deportar a los que no tengan derecho a protección. Así, por ejemplo, Hungría debería hacerse cargo de personas que hayan visto rechazada su solicitud de asilo, por ejemplo, en Grecia, y sería el responsable de su deportación.

Eve Geddie, directora de la oficina de Amnistía Internacional ante la Unión Europea, critica ese aspecto del plan. Cree que es “preocupante” porque deja que “el trabajo sucio lo hagan los Estados sobre los que la propia UE tiene serias preocupaciones por la falta de independencia de sus sistemas judiciales y en asuntos como libertad de expresión, corrupción, derechos de las minorías y situación de migrantes y refugiados”.

Geddie recuerda que en mayo pasado el Tribunal de Justicia de la UE declaró que Hungría detuvo ilegalmente por más de un año a dos familias con niños, sin permitirles siquiera denunciar su situación. Ese mismo país llegó a dejar sin comida durante días a familias con menores que esperaban en la frontera a que se revisara su solicitud de asilo.

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Hungría, Polonia, Eslovaquia y República Checa ya rechazaron el plan, que se había endurecido precisamente para que esos países lo aceptaran. Aseguran que Bruselas quiere gestionar la inmigración, cuando ellos lo que quieren es impedirla.

Esos gobiernos esperan que Europa construya centros de concentración para migrantes y refugiados fuera del territorio europeo, principalmente en países del norte de África.

Pero esos países ya se negaron en 2016 y en 2018 a ideas similares salidas de algunos gobiernos europeos, entonces del austríaco. Además, supondría que no se pudiera pedir asilo en una frontera europea, algo ilegal.

Europa también promete que no habrá más “Morias”, en referencia al campo de refugiados que ardió hace dos semanas en la isla griega de Lesbos y donde malvivían más de 12.000 personas, cuando se construyó pensando que no acogería a más de 2.000.

Pero la promesa hecha por la Comisión Europea es que no habrá más campamentos como ese. Sin embargo, ya empezaron, junto con el Gobierno griego, los trabajos para construir un nuevo campo a pocos kilómetros del quemado de Moria.

La propuesta europea incluye también una especie de revisión exprés de solicitudes de asilo que genera dudas legales.

Pinyol-Jiménez considera que “el estudio exprés de las solicitudes de asilo es siempre una cuestión delicada. La normativa internacional y europea es clara en la necesidad de estudiar caso por caso. Eso lo plantea el pacto. Pero a la vez establece que se tendrá en cuenta si la persona procede de un país seguro, de un país con bajas tasas de reconocimiento, etc. ¿Cómo se conjugan estos apriorismos con el estudio individualizado? Pues, en cualquier caso, no de manera rápida. Es decir: o se hace bien o se hace rápidamente”.

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Asimismo, Bruselas propone “nuevos partenariados” con países de origen y tránsito de los migrantes. Palo y zanahoria. Los gobiernos que acepten la repatriación de sus nacionales o de quienes hayan pasado por su territorio para llegar a Europa podrían ver cómo se les concede, por ejemplo, la eliminación de visas para viajar a Europa. Y los que no cooperen podrían incluso perder esa concesión si ya la tuvieran.

IDAFE MARTÍN PÉREZ

PARA EL TIEMPO

BRUSELAS