Trump versus EE. UU.: el controvertido fallo que blindó a los presidentes de EE. UU.

En su opinión en contra del caso Trump contra Estados Unidos, la jueza de la Corte Suprema Sonia Sotomayor declaró que, con el fallo de la mayoría, “el presidente es ahora un rey por encima de la ley”. En esto se equivoca: la mayoría del Tribunal le otorgó al presidente estadounidense mucho más poder del que tenían los reyes ingleses en la época de la Revolución americana.

Cuando George Washington leyó la Declaración de Independencia a sus tropas el 9 de julio de 1776, proclamó que el documento prometía “asegurarnos la libertad y los privilegios” garantizados en “la Constitución británica”. Al hacerlo, se limitó a afirmar los principios establecidos de 1688-1689, cuando los ingleses, en su propia revolución, limitaron el poder de los reyes, obligándolos a gobernar bajo la ley. Este principio fundamental sustentó las libertades y los privilegios protegidos en la Declaración de Independencia.

Washington sabía de lo que hablaba. El rey Jacobo II (1685-1689) utilizó el “novedoso” método de crear pruebas ideológicas antes de nombrar a los jueces de los tribunales superiores de Inglaterra, incluido el tribunal de King’s Bench (división del Tribunal Superior). En contra de siglos de tradición, Jacobo llenó los tribunales de hombres que le prometieron en privado tomar decisiones en consonancia de su propia autoridad.

La posición del rey se puso a prueba en abril de 1686, cuando el cochero Arthur Godden se animó a interponer una demanda contra su patrón, sir Edward Hales, por aceptar una comisión real en violación directa de la ley establecida. En medio del caso, el rey Jacobo afirmó que estaba en su potestad prescindir de la ley cuando le conviniera a la voluntad real. Los contemporáneos entendieron que esta situación, bien publicitada y seguida con avidez, sería una prueba sobre qué debía primar, si “la prerrogativa del rey o las pretendidas libertades de los súbditos”.

En junio de 1686, 11 de los 12 jueces elegidos a dedo fallaron a favor del rey. Haciendo eco del procurador del rey, sir Thomas Powys, el presidente del Tribunal Supremo, George Jeffreys, sostuvo que, si el rey no tenía un margen de maniobra por encima de la ley, “la preservación del Gobierno” podría estar en peligro. El Tribunal del King’s Bench defendió la prerrogativa real, que era amplia y prácticamente ilimitada, porque de otro modo sería imposible que el rey gobernara. El embajador francés, observador atento del caso, concluyó que “la prerrogativa atribuida al rey de Inglaterra anulaba las leyes por completo”.

El caso Godden contra Hales otorgó a los reyes ingleses un poder casi ilimitado, pero solo por muy poco tiempo. En noviembre de 1688, el pueblo inglés, ayudado por los holandeses, se sublevó contra Jacobo II. Y el 28 de enero de 1689, una Convención del Parlamento declaró que el rey abdicó del gobierno al violar las “leyes fundamentales” del reino y tratar de “subvertir la constitución”.

Los ingleses coincidieron en que, cuando los reyes se sitúan por encima de la ley y actúan bajo su propia autoridad, dejan de ser reyes. Pero la Cámara de los Comunes no se conformó con la mera abdicación. Sir Joseph Tredenham fue solo uno entre un coro de parlamentarios que denunciaron la decisión “en el caso contra sir Edward Hales” por haber arrancado “todo de raíz”, haciendo que “la ley no tuviera fuerza”. La decisión fue “justamente condenada por todo el mundo”, y los propios jueces merecían “ser castigados”.

Sir Robert Howard, un defensor de la monarquía de la larga data, pensó que incluso esto no era ir lo suficientemente lejos. Todos “los asesores y promotores de los juicios” debían ser declarados penalmente responsables, declaró. Al final, como muchos de los jueces ya habían fallecido, la Cámara de los Comunes decidió simplemente eliminar el registro oficial de Godden v. Hales para que no pudiera servir de precedente.

El razonamiento ofrecido por el procurador del rey y el presidente del Tribunal Supremo –que murió a causa de las heridas sufridas a manos de una turba enfurecida en abril de 1689– guarda un parecido asombroso con los argumentos ofrecidos por el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, en el caso Trump contra Estados Unidos. Al igual que Powys y Jeffreys, a Roberts, según el fallo, le preocupa que someter al presidente a la ley y a “la posible responsabilidad penal y el peculiar oprobio público que acompaña a los procesos penales” imposibilite que el primer mandatario actúe libremente. “Esto distorsionaría la toma de decisiones presidenciales”, defiende el juez, y tal vez imposibilitaría que el jefe de Estado gobierne adecuadamente.

En 1689, el pueblo inglés rechazó rotundamente tal razonamiento y afirmó que, a partir de entonces, sus reyes estarían sujetos a la ley. Y sentaron un precedente al destituir a Jacobo II. La decisión de la Corte Suprema va más allá de amenazar más de dos siglos de jurisprudencia estadounidense; pues en general anula cuatro siglos de jurisprudencia angloamericana. La mayoría de la Corte no le dio al presidente el poder de un rey inglés, sino que le otorgó el poder que solo un rey inglés podría codiciar.

STEVE PINCUS (*)

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CHICAGO

(*) Profesor de Historia de la Universidad de Chicago.