¿Por qué la inmunidad de la Corte Suprema a Donald Trump cambió los rieles que guían el poder presidencial en EE. UU.?

En el corto plazo, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de este lunes sobre la inmunidad parcial con la que cuenta Donald Trump se traduce en un efecto concreto: ninguno de los cargos federales que tiene pendientes -por interferir en las elecciones del 2020 y por sustraer documentos clasificados al abandonar la Casa Blanca- será resuelto antes de las próximas elecciones presidenciales, pues todos tendrán que ser revisados para ajustarse al nuevo estándar que acaba de delinear el máximo tribunal.

(Vea también: Estados Unidos: juez colombiano Juan Merchán aplaza la sentencia contra Donald Trump hasta el 18 de septiembre)

Esa, a grandes rasgos, fue la primera lectura que le dieron expertos en temas legales a la trascendental decisión.

La mayoría conservadora de la Corte determinó que Trump goza de inmunidad frente a todos los actos que haya cometido en el ejercicio propio de sus funciones como primer mandatario, pero no sobre aquellos que se refieran a sus acciones como ciudadano privado o como parte de una campaña política.

En palabras de Jon Roberts, el presidente del Tribunal y quien escribió la ponencia por la mayoría, el mandatario debe poder actuar y tomar decisiones sin el temor de que más adelante -una vez abandone la Oficina Oval- estas van a ser objeto de revisión y potencial castigo ante el sistema judicial.

(Le puede interesar: Estados Unidos: ¿cuál es el 'plan B' para reemplazar la candidatura de Joe Biden y qué tan viable es realmente?)

"Un presidente, inclinado a tomar un curso de acción basado en el interés público, puede optar por otro, temeroso de que le puedan recaer sanciones penales cuando deje su cargo”, escribió Roberts.

Desde la perspectiva de la mayoría, su órbita pública incluiría cambios en las políticas, decisiones militares y discusiones que haya tenido con otros funcionarios de su istración.

Dado que muchos de los cargos que se le imputan a Trump tienen que ver con acciones que tomó cuando era primer mandatario estas podrían estar cobijadas. Roberts, por ejemplo, citó de manera específica las discusiones que tuvo el presidente republicano con la Fiscalía General para que investigaran un supuesto fraude en las elecciones presidenciales.

Aunque en Estados Unidos la Fiscalía opera de manera independiente, la mayoría de los altos funcionarios son nombrados por el primer mandatario y hasta cierto punto actúan bajo su dirección.

El magistrado dejó claro, eso sí, que otras acciones como pedirle al entonces vicepresidente Mike Pence que no cumpliera con su deber constitucional de certificar el triunfo de Joe Biden estarían por fuera de sus funciones como presidente y, por lo tanto, sujeto de investigación y posible sanción judicial. Recordó, a su vez, que el Congreso sigue siendo órgano de control para evaluar las acciones de un presidente a través del proceso de destitución (o impeachment).

"Los presidentes -enfatizó Roberts- no están siempre al margen de la ley".

La Corte, en su sentencia, no determinó de manera específica por dónde pasa la línea que va a determinar qué está cobijado y qué no, devolviendo el caso al tribunal federal de la magistrada Tanya Chutkan, que ya había avalado los cargos contra Trump por interferencia electoral en una decisión que fue luego refrendada por una corte de apelaciones compuesta por otros tres jueces.

Un ejercicio que va a tardar meses y no será completado antes de las elecciones. Como se sabe, dado que se trata de cargos federales, Trump, si gana las elecciones, podría archivar todos los cargos en su contra.

Pero, aún si pierde y Chutkan determina que parte de las actuaciones de Trump estuvieron por fuera de la ley, esa decisión sería apelada, regresando nuevamente a la Corte Suprema de Justicia.

Lo cual, según los críticos, es uno de los problemas centrales. La decisión del máximo tribunal se dividió en estrictas líneas partidistas (los 6 conservadores contra tres de corte liberal). Y, por supuesto, deja un mal sabor que tres de esos 6 jueces fueron nombrados por el propio Trump y confirmados por el Partido Republicano que impuso la mayoría que tenían entonces en el Senado.

La corte, y este fue un detalle que llamó mucho la atención, esperó hasta el último minuto para tomar la decisión, asfixiando en la práctica la posibilidad de que el tema se resolviera para bien o para mal antes de los comicios de noviembre.

Pero eso, de acuerdo con los tres jueces liberales que se opusieron a la sentencia y otros expertos jurídicos, es solo la punta del iceberg.

"Esta decisión redibuja la institución presidencial y se burla del principio… de que ningún hombre está por encima de la ley. El presidente es ahora un rey", dijo la Sonia Sotomayor, una de los nueve que componen el máximo tribunal.

En su escrito de disidencia, Sotomayor alega que de ahora en adelante, tras el fallo, los presidentes podrán hacer cosas que antes eran claramente ilegales.

“¿Ordenar a los SEAL 6 (órgano élite de la Armada) que asesinen a un rival político? Inmune. ¿Organiza un golpe militar para mantenerse en el poder? Inmune. ¿Acepta un soborno a cambio de un perdón presidencial? Inmune, inmune, inmune, inmune...", escribió Sotomayor.

Para Patrick Gaspard, presidente y director ejecutivo del Center for American Progress, se trata de una decisión no solo peligrosa en términos prácticos sino que pasará a la historia como quizá la peor adoptada por la Corte Suprema.

"Al determinar que los presidentes gozan de amplia inmunidad por acciones tomadas en el ejercicio de sus funciones los eleva a rango de emperador. Vuelve, además, casi imposible procesar a Trump por sus esfuerzos por anular los resultados de las elecciones presidenciales y otorga a los futuros presidentes un poder casi ilimitado para abusar de su autoridad, incluida la capacidad aparentemente ilimitada de convertir al Departamento de Justicia en un arma para atacar a sus rivales políticos", dijo Gaspard.

De acuerdo con Charlie Savage, experto en cortes del diario The New York Times, la decisión de la corte constituye, como mínimo, una masiva expansión de los poderes presidenciales.

"La decisión de la Corte Suprema es una expansión extraordinaria del poder Ejecutivo cuyas repercusiones se seguirán sintiendo incluso cuando Trump desaparezca del mapa. Más allá de sus implicaciones inmediatas para este caso de subversión electoral o la perspectiva de que Trump pueda sentirse menos limitado por la ley si regresa al poder, el fallo normaliza el implacable ascenso del poder presidencial que se viene experimentando desde medios del siglo XX", dice Savage.

Para citar un ejemplo, y de acuerdo con este analista, el proceso criminal que se inició contra el expresidente Richard Nixon por el espionaje a la sede del Partido Demócrata (el famoso escándalo de Watergate que forzó su dimisión), sería hoy ilegal pues las conversaciones de Nixon con su departamento de Justicia y las órdenes que emitió estarían cobijadas por la nueva inmunidad.

Roberts, respondiendo a las críticas, calificó la letanía de crímenes que ahora se podrían cometer -y que elevó la oposición- como un intento por "infundir miedo sobre la base de hipótesis extremas".

Los jueces disidentes, dijo, pasaron por alto la “perspectiva más probable de un poder Ejecutivo que se canibaliza a sí mismo, con cada presidente sucesivo libre de procesar a sus predecesores, pero incapaz de cumplir con sus deberes con determinación y sin miedo por temor a ser el próximo”.

Para Sotomayor, no obstante, es todo lo contrario.

Según la jurista, en aras de preservar esa capacidad de acción, los conservadores ignoraron "la necesidad compensatoria de la rendición de cuentas y la moderación. Nunca antes en la historia de Estados Unidos, los presidentes habían tenido motivos para creer que serían inmunes a ser procesados si utilizaban su cargo para cometer delitos. Sin embargo ahora, y a futuro, todos los expresidentes gozarán de esa inmunidad".

Lo cual, de acuerdo con Sotomayor, es grave porque los presidentes operarán a sabiendas de que así actúen para su beneficio personal -y cometan crímenes- en la mayoría de los casos habrá forma de procesarlos bajo las leyes actuales.

Pero de lo que sí no hay duda -por lo menos bajo la actual composición de la Corte Suprema- es que los rieles que guiaban el ejercicio del poder presidencial en Estados Unidos hoy ya son otros. Para bien o para mal.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington