Duro informe de HRW sobre abusos cometidos durante el paro nacional

La organización estadounidense Human Rights Watch presentará este miércoles, en Washington, un primer y duro informe sobre abusos de la Fuerza Pública y hechos de violencia que se han presentado en el contexto del paro nacional que vive Colombia desde el pasado 28 de abril.

El reporte está basado en entrevistas con más de 150 personas en 25 ciudades del país e incluye a víctimas, familiares, testigos presenciales, funcionarios judiciales, de la defensoría del Pueblo, del gobierno del presidente Iván Duque y defensores de derechos humanos.

(Lea más: CIDH recibió informe de Cancillería y Fiscalía sobre protestas)

Así mismo, sostiene la ONG, consultó registros policiales y médicos, necropsias, fotos y videos de las víctimas, publicaciones de organizaciones de derechos humanos, informes de prensa e incluye la valoración que hicieron del Grupo Independiente de Expertos Forenses (Ifeg) del Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (IRCT), sobre algunos de los casos de personas que han perdido la vida durante las manifestaciones.

HRW arranca diciendo que la Policía Nacional ha cometido "abusos gravísimos" en contra de personas que han participado en las marchas y que, dice la ONG, en gran parte han sido pacíficas.

Incluye, a su vez, una serie de recomendaciones para todos los actores, entre las que destacan tomar medidas urgentes para proteger los derechos humanos de quienes se manifiestan y una reforma profunda de la Policía.

Si bien el anuncio resalta lo hecho por el presidente Iván Duque hace pocos días en este sentido, sostiene que la mayoría de los cambios propuestos son solo “cosméticos” y no son suficientes para corregir la situación.

“Las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía en Colombia no son incidentes aislados de agentes indisciplinados, sino el resultado de fallas estructurales profundas”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

En el informe se dice haber recibido denuncias creíbles sobre 68 muertes ocurridas desde el comienzo de las manifestaciones. “Hasta ahora, hemos confirmado que 34 de estas muertes ocurrieron en el contexto de las protestas incluidas las de dos policías, un investigador judicial y 31 manifestantes o transeúntes. Personas armadas vestidas de civil también han atacado a manifestantes y han causado la muerte de por lo menos cinco de ellos", dice en el reporte.

No obstante, según el informe oficial entregado por la Fiscalía a la CIDH el lunes, el ente acusador reportó 51 personas muertas, de las cuales se ha establecido que 21 tienen que ver con las protestas, otras 11 están en verificación y 14 fueron descartadas.

La ONG dice poseer evidencia que apunta a que la policía mató a 20 manifestantes o transeúntes en el mes y medio que va del paro; 16 de ellos con armas de fuego, tres por el uso indiscriminado de armas menos letales (como gases lacrimógenos) y uno por golpiza.

En el caso de los muertos por armas de fuego, HRW sostiene que el tipo y lugar de las heridas —analizadas por los expertos forenses— indicarían la intención. Seis de estos casos son presentados de manera puntual en el reporte, al igual que el de una de las muertes con armas menos letales y el que sufrió la letal golpiza.

HRW señala que la cifra del Ministerio de Defensa de más de 1.100 manifestantes lesionados podría ser más alta, pues no todos los casos se reportaron. Así mismo, sostiene que entre los heridos hay periodistas y defensores de derechos humanos que estaban cubriendo las protestas, pero que fueron agredidos no obstante que portaban chalecos que los identificaban como tal.

De otro lado, advierte que más allá del estimado de la Fiscalía, que señala que 1.136 personas fueron detenidas, de las cuales 921 han sido dejadas en libertad, al menos 5.500 más fueron privadas de su libertad utilizando una figura que le permite a la policía “trasladar” a individuos a centros de detención para su protección. Una práctica que, dice HRW, debe ser revisada.

En cuanto a la cifra de desaparecidos, la de HRW alcanza las 419 personas, de las cuales aclara que 309 ya fueron localizadas. Sobre esto, el reporte inicial de la Fiscalía era de 548 casos, de los cuales 91 siguen activos.

Asimismo, la organización documentó 17 golpizas, dos casos de violación sexual, 14 de agresión sexual y 71 casos de violencia de género que atribuye a la Fuerza Pública, según reportes de la Defensoría del Pueblo.

Frente a los casos de presunto abuso sexual o delitos de género, la Fiscalía adelanta 14 investigaciones y en una de ellas ya hay una citación a un uniformado.

La ONG documenta en el reporte cómo algunos individuos han cometido actos muy graves de violencia contra la Fuerza Pública, incluyendo ataques a estaciones de la policía, saqueos e incendios de bienes públicos y privados. Y menciona, citando fuentes en esta institución, que por lo menos 1.200 policías han sido lesionados y dos perdieron la vida.

Se refiere, a su vez, a los bloqueos de algunos grupos de manifestantes y cómo esto ha restringido e impedido la distribución de alimentos y circulación de ambulancias.

“La violencia contra policías y los bloqueos que impidan el a alimentos o servicios de salud son absolutamente injustificables, pero no pueden ser un pretexto para la brutalidad policial”, señaló Vivanco.

Se trata de Kevin Agudelo, un almacenista de 22 años en Cali; Santiago Andrés Murillo, un estudiante de 19 años de edad de Ibagué; Nicolás Guerrero, artista de grafiti de 26 años (Cali); Yinson Andrés Angulo Rodríguez, un electricista de 23 años (Cali); Edwin Villa Escobar, técnico de gas de 38 años (Cali); Marcelo Agredo Inchima, estudiante de 17 años (Cali); Brayan Niño Araque, auxiliar de bodega, de 24 años, que murió cuando recibió el impacto de un cartucho de gases lacrimógenos en un ojo en Madrid, Cundinamarca, y Elvis Vivas López, de 24 años, en Madrid, Cundinamarca, producto de una goliza que le habría propinado la policía, según le dijeron testigos a HRW y basándose en un video de su detención y el testimonio de una autoridad judicial.

De acuerdo con esta ONG, el Ministerio de Defensa reporta que más de 1.100 manifestantes han sufrido lesiones, pero anota que el número podría ser más alto pues no todos los casos se reportan.

Así mismo, sostienen que entre los heridos hay periodistas y defensores de derechos humanos que estaban cubriendo las protestas, pero que fueron agredidos no obstante que portaban chalecos que los identificaban como tal.

La organización, aparte de la de Vivas, también documentó 16 golpizas adicionales, dos casos de violación sexual, 14 de agresión sexual y 71 casos de violencia de género que atribuye a la Fuerza Pública según reportes de la Defensoría del Pueblo.

HRW reconoce en su reporte que bajo los estándares internacionales y legislación colombiana, la policía está autorizada para utilizar armas letales, pero solo cuando resulte estrictamente necesario y esté en riesgo la vida del uniformado o de civiles. Y en ningún caso para dispersar reuniones o manifestaciones.

Si bien HRW afirma que la Policía les negó haber utilizado armas letales en las manifestaciones, la organización corroboró "varios videos en los que se ve a policías disparando armas de fuego en el contexto de las manifestaciones, en circunstancias en las cuales no parecía haber un riesgo para la vida o la integridad física de una persona".

En el caso de las armas no letales, como las aturdidoras o gases lacrimógenos, HRW afirma que en algunas ocasiones la Policía las empleó de forma imprudente y peligrosa, disparando las armas contra los manifestantes y no al aire para evitar un impacto directo.

En el informe también se refieren al sistema de lanzamiento de proyectiles múltiples que se conoce como Venom y que ha sido utilizado por la Policía en varias ciudades.

"Se supone que el sistema lanza los proyectiles con una trayectoria 'parabólica' —es decir, hacia el cielo— para evitar que haya un 'impacto directo' contra los manifestantes, según le indicó la Policía a Human Rights Watch en una carta.

Sin embargo, la carta también indica que el Venom puede disparar desde un ángulo de apenas 10 grados, lo cual no permitiría que sea parabólico. "Human Rights Watch también corroboró varios videos de la policía utilizando el Venom desde el suelo y disparando de forma directa contra los manifestantes en Popayán", dice la organización.

Para HRW, Venom produce efectos indiscriminados en un área extensa y no es posible usarlo de un modo que permita distinguir amenazas legítimas, con lo cual no es adecuada para manifestaciones pacíficas e incluso polémico para reprimir casos de violencia aislada.

Anota, de otra parte, que la cifra de desaparecidos alcanza las 419 personas, pero que la Fiscalía sostiene haber ya localizado a 309 de ellas.

HRW afirma también que pese a los anuncios del presidente Duque en el pasado indicando que habría "cero tolerancia" frente a los abusos de la Policía, poco se ha avanzando en las denuncias contra de la Fuerza Pública por los excesos que se cometieron en las protestas de finales de 2019 y comienzos del 2020.

"El sistema disciplinario interno de la Policía, que no es suficientemente independiente, no ha castigado a los agentes responsables por abusos durante protestas en 2019 y 2020, conforme indican datos oficiales obtenidos por Human Rights Watch. La Fiscalía, que adelanta investigaciones penales, tampoco ha logrado avances suficientes en sus investigaciones sobre abusos cometidos durante esas protestas", dice el reporte.

El informe incluye una sección dedicada a la presunta participación de grupos armados y afirma que, según el Gobierno, elementos del Eln y las disidencias de las Farc se habrían infiltrado en la protesta para cometer actos de vandalismo y atacar a la policía, al igual que bandas locales que se dedican al narcotráfico.

Según fuentes en esta organización, directivos de HRW tienen prevista una reunión virtual con el presidente Duque este miércoles en la tarde para discutir el reporte.

El informe incluye una serie de recomendaciones para todos los actores del Estado.

- Condenar de forma inequívoca las violaciones de derechos humanos, incluyendo los casos de uso excesivo de la fuerza y de violencia sexual por parte de policías, así como los casos en los cuales de la Policía no tomaron acciones para frenar ataques en contra de manifestantes y presentar disculpas por tales actos.

- Evitar el uso de lenguaje que estigmatice a los manifestantes y asegurar que la Fuerza Pública proteja la protesta pacífica y priorice mecanismos que no involucren el uso de la fuerza en todas sus acciones para levantar bloqueos.

- Así mismo, acelerar las investigaciones disciplinarias sobre abusos policiales y comprometerse a reportar de forma pública y periódica los avances en estas investigaciones.

- También suspender el uso de proyectiles de impacto cinético y del Venom hasta que se realice un examen independiente sobre el riesgo de estas armas, los protocolos para su uso y la capacitación que han recibido los agentes policiales para utilizarlos.

- Al tiempo, llevar a cabo una revisión de los protocolos, las prácticas y los equipos de control de multitudes de la Policía, y de la capacitación de los agentes sobre el uso de la fuerza, el derecho a reunirse en forma pacífica y otros derechos humanos, y amplificar el entrenamiento sobre control de multitudes.

- Debe a su vez brindar reparaciones a las víctimas, convocar el comité creado para verificar detenciones y “traslados por protección” durante las manifestaciones y fortalecer los sistemas para prevenir y sancionar los actos de violencia basada en género perpetrados por policías.

- Iniciar un proceso con amplia participación de grupos de la sociedad civil y agencias internacionales que operan en Colombia para reformar la Policía, adoptando las siguientes medidas, entre otras:

- Transferir la Policía del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior o a un nuevo Ministerio de Seguridad, a fin de asegurar que el rol y las funciones de los policías estén claramente separados de los de los militares.

- Establecer salvaguardas sólidas que aseguren que los “traslados por protección” no se usen de modo arbitrario.

- Reformar el sistema disciplinario de la Policía para asegurar su independencia.

- Garantizar que el sistema de justicia militar no adelante investigaciones sobre violaciones de derechos humanos cometidas por policías.

- Revisar los protocolos policiales sobre uso de la fuerza a fin de asegurar que existan mecanismos sólidos para prevenir el uso excesivo de la fuerza por parte de policías.

- Establecer mecanismos independientes de supervisión y control sobre la Policía y fortalecer los mecanismos para prevenir y sancionar actos de violencia de género perpetrados por policías.

- Reformar el Código Penal para asegurar que los fiscales tengan la obligación de investigar de oficio cualquier lesión que haya sufrido una persona, incluidas las lesiones causadas por policías, con independencia de si se ha realizado una denuncia penal por el hecho.

- Priorizar los procesos por abusos policiales realizando investigaciones sobre los agentes que hayan estado directamente involucrados en abusos cometidos en el contexto de protestas, al menos desde el 2019, así como sobre los comandantes a cargo de unidades y operativos que puedan haber ordenado la comisión de tales abusos o que puedan tener responsabilidad, conforme al derecho colombiano, por no haber adoptado las medidas adecuadas a efectos de prevenir delitos o hacer que los responsables rindan cuentas por su actuación.

- Crear un grupo especial de fiscales e investigadores dentro de la Delegada de Seguridad Ciudadana que se estén a cargo exclusivamente de investigar abusos policiales cometidos contra manifestantes, al menos desde 2019.

- Presentar escritos judiciales para solicitar que los jueces resuelvan que sea la Fiscalía —y no el sistema de justicia militar— la que se ocupe de los casos de violaciones de derechos humanos cometidos por la Policía.

- Investigar de oficio todos los casos en los cuales los jueces hayan concluido que de la Policía violaron derechos de los detenidos cuando esas acciones constituyan un delito con arreglo al derecho colombiano.

- Garantizar una rendición de cuentas por los abusos policiales, lo cual incluye investigar disciplinariamente a los agentes que hayan estado directamente involucrados en abusos cometidos en el contexto de protestas, al menos desde el 2019, así como a los comandantes de las unidades y a los comandantes de Policía a cargo de los operativos que puedan haber ordenado la comisión de tales abusos o que puedan tener responsabilidad, conforme al derecho colombiano, por no haber adoptado las medidas adecuadas a efectos de prevenir delitos o hacer que los responsables rindan cuentas por su actuación.

- Apoyar las acciones legales que busquen garantizar que los casos de violaciones de derechos humanos cometidos por la Policía sean transferidos de la justicia penal militar a la justicia penal ordinaria.

- Convocar el comité creado para verificar detenciones y “traslados por protección” durante las manifestaciones y reformar el protocolo que creó este comité para garantizar la participación de representantes de la sociedad civil.

- Investigar de oficio todos los casos en los cuales los jueces hayan concluido que de la Policía violaron los derechos de los detenidos cuando esas acciones constituyan una infracción disciplinaria con arreglo al derecho colombiano.

- Asegurar un control “estricto, fuerte e intenso” sobre abusos cometidos por el Esmad durante manifestaciones, tal y como lo ordenó la Corte Suprema en su sentencia de septiembre de 2020.

- Aumentar el número de funcionarios a cargo de monitorear los abusos policiales durante las protestas y garantizar que reciban protección y apoyo adecuado para realizar su trabajo.

- Informar de forma pública y periódica sobre los casos de abusos policiales cometidos durante las protestas.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68

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