Florida: la propuesta de ley que obligaría a las empresas a cambiar su forma de cobro

La propuesta de ley en Florida busca garantizar la accesibilidad a servicios y productos

La cotización del dólar de hoy Foto: iStock

07.01.2024 08:15 Actualizado: 07.01.2024 08:15

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Con el fin de garantizar la accesibilidad a los servicios y productos para todos los consumidores, especialmente aquellos que prefieren o no tienen a métodos de pago electrónicos, Florida está considerando una propuesta de ley que podría transformar la forma en que las empresas realizan transacciones.

La legislación, que se espera entre en vigencia el 1 de julio de 2024, pretende exigir a ciertos negocios que acepten pagos en efectivo para la mayoría de las transacciones en persona. Además, prohíbe que las empresas impongan tarifas o establezcan condiciones para aceptar efectivo.

La propuesta abarcaría cualquier negocio con una ubicación física fija, operando desde un vehículo o en una ubicación temporal. Sin embargo, se excluyen las transacciones en línea, telefónicas, por correo y otros métodos electrónicos. También se eximen algunos servicios profesionales como contadores, abogados y asesores financieros, así como las instalaciones de estacionamiento propiedad de municipios o que acepten transferencias electrónicas.

La ley se aplicaría a todas las compras de bienes tangibles o servicios donde se acepten otras formas de pago. Las transacciones individuales superiores a US$5.000 estarían exentas de esta obligación.

Ley de pagos en efectivo busca igualar oportunidades para los consumidores

Esta propuesta de ley busca equilibrar la conveniencia para los consumidores que prefieren o dependen del efectivo, al tiempo que brinda cierta flexibilidad y protección a las empresas frente a posibles inconvenientes y riesgos asociados con las transacciones en efectivo. Se espera que esta medida genere un impacto significativo en la dinámica de pago en el estado de Florida.

Para dar cierta flexibilidad a las empresas, la propuesta permite que estas rechacen billetes de más de US$20 o aquellos sospechosos de ser falsos. Esto busca proteger a las empresas de posibles fraudes o transacciones en efectivo de gran envergadura.

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Aquellas empresas que no cumplan con esta legislación podrían enfrentar multas considerables. La primera infracción acarrearía una multa de hasta US$2.500, la segunda de US$5.000 y las posteriores de US$10.000.

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