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¿Cuáles son las ciudades de Florida que 'traicionaron' a los migrantes y se aliaron con ICE?

• Ciertas ciudades del estado adoptaron un modelo del programa 287(g) del ICE.

• El objetivo de este acuerdo es ampliar los alcances contra la inmigración ilegal.

Preocupación en Florida por un condado en el que ICE tiene 10.000 órdenes de deportación

Las agencias estatales y locales de Florida colaborarán con el ICE para arrestar a migrantes. Foto: ICE

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Sol Lujan

21.04.2025 13:06 Actualizado: 22.04.2025 15:59

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Aunque Florida es el hogar de una gran cantidad de migrantes desde hace tiempo, las últimas decisiones de su gobernador Ron DeSantis, en conjunto con la policía local, se aliaron con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para realizar operativos contra la inmigración ilegal y colaborar de cara con la agenda política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Entre las medidas que adoptaron algunas ciudades del estado se ubica el Programa 287(g), el cual le permite a la agencia federal colaborar con agentes estatales y locales para arrestar y remover a extranjeros criminales o no autorizados. Uno de los últimos lugares en adherirse al acuerdo fue Doral, donde el Concejo Municipal aceptó su parte por unanimidad, según informó el Miami Herald.

De esa mamera, la localidad se une a Coral Gables, Hialeah, West Miami y Miami Springs, en Miami-Dade, para acoplarse a las políticas migratorias de la istración republicana. Otros lugares que adoptaron el acuerdo fueron Juno Beach, Palm Beach Gardens, Town of Palm Beach, Tequesta y Jupiter Inlet Colony, según consignó FOX 29.

En los últimos sitios, los registros obtenidos por el medio consignaron que las agencias policiales locales se adhirieron al modelo 'Grupo de Trabajo' o Task Force de ICE, que sirve como multiplicador de fuerza para ejercer funciones limitadas de oficiales de inmigración mientras realizan sus labores policiales habituales.

Es decir, los oficiales pueden identificar y detener a personas sospechosas de violar leyes migratorias durante patrullajes, controles de tránsito o puntos de control. La medida fue criticada anteriormente por organizaciones en defensa de los migrantes y suspendida en 2012 hasta que volvió a entrar en vigencia en el segundo mandato de Trump.