Se agrava la crisis política en Corea del Sur tras el intento fallido de arrestar al presidente Yoon

Policías y agentes anticorrupción surcoreanos intentaron arrestar el viernes 3 de enero al presidente suspendido Yoon Suk Yeol por la imposición de una ley marcial hace un mes, pero abortaron la operación ante la resistencia de los servicios de seguridad en la residencia del dirigente.

Lo sucedido este viernes plantea un nuevo escenario sin precedentes dentro de la espiral de incertidumbre en la que está inmersa Corea del Sur desde hace un mes y plantea nuevos interrogantes acerca del futuro político del país y del propio Yoon.

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Un portavoz de la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO por sus siglas en inglés) informó a medios que la operación se canceló hacia las 1:30 p.m. hora local (11:30 p.m. hora Colombia del 2 de enero), después de que 20 agentes de este organismo y 80 policías se encararan durante tres o cuatro horas con el servicio de seguridad presidencial, que se negó a facilitar el al interior de la vivienda.

Según contó un funcionario del CIO a la agencia Yonhap, el servicio de seguridad presidencial formó varios perímetros con unos 200 efectivos que detuvieron a los investigadores a unos 200 metros de la residencia.

Pese a que no se realizó ninguna detención, se ha citado a declarar mañana al jefe del servicio de seguridad presidencial, Park Jong-joon, por un posible delito de obstrucción de labores oficiales.

"En cuanto a la ejecución de la orden de arresto hoy, ante el punto muerto persistente, hemos determinado que era virtualmente imposible ejecutar la orden y estábamos preocupados por la seguridad de las personas sobre el terreno debido a la obstrucción para ejecutarla", explicó el portavoz del CIO en declaraciones que recoge la agencia Yonhap.

El portavoz explicó que se estudiarán ahora otras medidas y añadió que lamentan "profundamente la actitud del sospechoso, que no acató los procedimientos legales".

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El líder conservador, que sumió al país en una grave crisis al declarar por primera vez en democracia una ley marcial el 3 de diciembre, podría convertirse en el primer presidente surcoreano en ser arrestado en el cargo.

Suspendido de sus funciones por la Asamblea Nacional y con su destitución en manos del Tribunal Constitucional, Yoon también se expone a acusaciones por presunta "insurrección", punibles con la cadena perpetua o la pena de muerte.

El suspendido presidente ha seguido insistiendo en que declarar la ley marcial fue un "acto de gobernanza" ante lo que considera acciones "antiestatales" de la oposición, que controla el Parlamento, y sus abogados solicitaron una anulación judicial de la orden de detención argumentando que es "ilegal" y que solo la Fiscalía, y no el CIO, puede demandar un arresto bajo la acusación de insurrección, el único delito para el cual no hay inmunidad presidencial en Corea del Sur.

A las afueras del recinto, unos 11.000 seguidores del presidente, algunos de los cuales pasaron allí toda la noche, coreaban su nombre y entonaban cánticos como "la orden de captura ilegal no es válida".

Pese a que el equipo conjunto de investigación formado por el CIO, la policía y el Ministerio de Defensa Nacional ha solicitado a la Fiscalía unificar las pesquisas, el ministerio fiscal se ha negado, poniendo de relieve un desencuentro que viene de lejos.

El CIO fue establecido por el anterior Gobierno del presidente liberal Moon Jae-in en 2021 en un momento de fuerte enfrentamiento con el entonces fiscal general que él mismo había nombrado dos años antes: el ahora presidente Yoon Suk-yeol.

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Después de que Yoon lograra hacer dimitir por corrupción a un ministro de Justicia -y cercano aliado de Moon- la sucesora en el cargo, Choo Mi-ae, acometió una reforma de la Fiscalía para recortar sus competencias en materia de investigación y estableció el CIO.

Esto motivó la dimisión en marzo de 2021 del entonces fiscal general, que tres meses después se postularía como candidato con los conservadores a las presidenciales de 2022, las cuales ganaría por apenas un 0,7 % de los votos.

El CIO ha dicho que estudiará los siguientes pasos a adoptar con respecto a la orden, que caduca el 6 de enero, y que de hacerse efectiva permitiría retener a Yoon para que declare durante 48 horas, plazo en el que se puede solicitar una extensión temporal del arresto si se considera que es necesario prolongar el interrogatorio.

Los investigadores habían apostado por hacer hoy efectiva la detención de Yoon ya que se prevé que el sábado y el domingo aumente la concentración de seguidores del presidente, en su mayoría personas que superan los 60 años, lo que incrementa el riesgo de los encontronazos.

La situación plantea múltiples incógnitas pese a que Yoon, destituido por el Parlamento el 14 de diciembre, ya está siendo juzgado por el Tribunal Constitucional, que tiene hasta junio para dictaminar si hubo o no violación de la Carta Magna el 3 de diciembre y si por lo tanto su cese debe ser o no definitivo.

En todo caso el episodio vivido hoy, más en un momento en el que país está en situación de interinidad (el Parlamento también destituyó al primer ministro, que había heredado las funciones de Yoon, hace una semana y desde entonces el presidente provisional es el titular de Finanzas), subraya el poder desmedido en Corea del Sur de la figura presidencial, que muchos surcoreanos tachan de "casi imperial", y añade leña al debate sobre la necesidad de reformar la Constitución.

Hoy mismo, el Tribunal Constitucional surcoreano estableció que la primera vista oral en el juicio político sobre la destitución del presidente, Yoon Suk-yeol, por su declaración de la ley marcial se celebrará el 14 de enero.

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Se espera la próxima semana la visita del jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, a Corea del Sur.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores surcoreano hablarán de "la alianza entre Corea del Sur y Estados Unidos, la cooperación entre ambos países y Japón, los problemas de Corea del Norte y los desafíos regionales y mundiales".