Ley permitió la esterilización forzosa de miles de personas hasta los años 90 en Japón

Apenas tenía 16 años de edad cuando la llevaron a una clínica en el noreste de Japón para realizar aquel procedimiento que, luego descubriría, la dejó irreversiblemente estéril.

Pero eso no era una consecuencia indeseada de una cirugía necesaria. No.

Su incapacidad para tener descendencia era el objetivo principal de aquella intervención quirúrgica, ejecutada al amparo de una política de eugenesia que se estuvo aplicando en Japón entre 1948 y 1996, con el fin de “prevenir el nacimiento de descendientes de mala calidad... y proteger la vida y la salud de la madre”.

Se estima que 16.500 personas -principalmente mujeres- fueron operadas sin su consentimiento, unas 8.000 dieron autorización -aunque se cree que probablemente bajo presión- y a otras 60.000 mujeres les fueron practicados abortos para evitar enfermedades hereditarias, de acuerdo con un reporte parlamentario de 1.400 páginas que fue presentado recientemente.

El informe, fruto de una investigación que se inició en 2020, ha generado mucha indignación al revelar que hubo, al menos, una niña y un niño de 9 años de edad que fueron sometidos a estos procedimientos.

El texto también ha sido criticado por dejar importantes preguntas sin respuesta en relación con esta política que, en opinión de muchos, Japón tardó demasiado tiempo en rechazar.

En este último caso, si el médico consideraba que la intervención era necesaria “para proteger el interés público con el fin de prevenir la transmisión hereditaria de la enfermedad” debía solicitar a una comisión de la prefectura local que valorara si el procedimiento era apropiado.

Entonces, en teoría, se ponía en marcha un mecanismo para la revisión del caso que permitía al paciente presentar objeciones e incluso el inicio de un juicio para evitar la operación.

No obstante, según advierte Takashi Tsuchiya, profesor de la Osaka City University, en un artículo publicado en 1997: “estas provisiones de notificación, revisión y demanda no aplicaban en el caso de que los pacientes con discapacidad mental o intelectual”.

Adicionalmente, unos lineamientos aprobados por el Ministerio de Salud en 1953, establecieron que cuando la comisión lo considerara necesario este tipo de cirugías podían realizarse “en contra de la voluntad del paciente” y autorizaba a que el procedimiento se realizara “sometiendo el cuerpo del paciente, istrándole un analgésico o engañándolo”.

“Estas nuevas disposiciones a principios de la década de 1950 permitieron y autorizaron la esterilización forzada y engañosa, que era la forma como comúnmente se practicaba”, apunta Tsuchiya.

Así, según revela el informe parlamentario, a algunos pacientes se les informaba que iban a ser sometidos a procedimientos de rutina, como una operación de apéndice, cuando en realidad iban a ser esterilizados.

La ley incluía una lista de enfermedades que entonces se consideraban hereditarias y que hacían al paciente candidato a la esterilización como la esquizofrenia, la psicosis maníaco depresiva, “un deseo sexual marcadamente anormal”, una “marcada inclinación al crimen”, el albinismo, la distrofia muscular, la epilepsia, la sordera, la hemofilia, la acromatopsia, la “rotura de mano” y la “rotura de pie”, entre otras.

Según destaca Tsuchiya, esta legislación era reflejo de la preocupación del gobierno japonés sobre la superpoblación, sino también sobre el “deterioro” de la descendencia.

El gobierno de Japón pidió perdón por esta política en 2019 y anunció que le pagaría a cada sobreviviente una compensación equivalente a unos US$28.600.

Para Junko lizuka, quien lleva años peleando por recibir justicia y que viste lentes y mascarilla para no ser reconocida públicamente, las consecuencias fueron mucho más allá.

"La cirugía eugenésica me privó de todos mis modestos sueños de tener un matrimonio feliz e hijos", le dijo Iizuka a la prensa.

Explicó que su marido la abandonó y le pidió el divorcio inmediatamente después de que ella le contó que había sido víctima de una cirugía de esterilización y que no podría tener descendencia.

De acuerdo con Tsuchiya, muchas de las esterilizaciones forzosas fueron practicadas en pacientes de hospitales psiquiátricos y en otros centros para personas con discapacidades intelectuales, a quienes usualmente se les engañaba para que se dejaran someter a la operación.

“En ocasiones se les preguntaba pero eran virtualmente forzadas a dar su consentimiento porque con frecuencia la esterilización era un requisito para la isión en estas instituciones, que es lo que los padres de estas personas ansiaban”, apunta.

Debido a que el objetivo de estas cirugías no era solamente evitar que estas personas pudieran tener descendencia, sino además -en el caso de las mujeres- detener la menstruación para hacer más fácil el cuidado de estas personas en los centros de salud, muchas veces estas esterilizaciones no se realizaban por medio de la ligación de las trompas de Falopio sino a través de una histerectomía completa.

“Para detener la menstruación, la cirugía necesita retirar o los ovarios o el útero, pero como la pérdida de los ovarios causaba ‘una pérdida de la feminidad’, los médicos preferían extirpar el útero ‘en beneficio de la paciente’. Este procedimiento era ilegal porque la ley permitía solamente la esterilización ‘sin extirpar los órganos reproductivos’”, señala Tsuchiya.

Durante décadas, las víctimas han hecho campaña para que se reconozca el daño que sufrieron y ser compensadas.

El año pasado, una corte superior en Osaka ordenó al gobierno japonés pagar US$200.000 a tres víctimas.

Sin embargo, a inicios de este mes, otro tribunal rechazó ese fallo argumentando que al haber transcurrido más de 20 años, la causa legal se había extinguido.

Junko lizuka, quien era una de las demandantes, calificó el fallo como “terrible” por no tomar en cuenta las razones por las cuales las víctimas no podían demandar antes.

En declaraciones a la prensa, agregó que dado que “la responsabilidad del gobierno es obvia” ella quisiera que hubiera una solución más rápida que ofrezca una compensación más ajustada sin necesidad de recurrir a los tribunales.

Pero, aparentemente, la justicia que esperan las víctimas tampoco se derivará del reciente informe parlamentario.

Koji Niisato, un abogado que ha representado a víctimas de esta política, cuestionó el reporte por no ir lo suficientemente lejos.

Señaló que básicamente se trata de una recolección de lo que ya había sido investigado e informado sobre el tema .

“Carece de una síntesis sobre por qué esta ley terrible fue puesta en vigor y existió durante 48 años y no menciona por qué el gobierno no se hizo responsable incluso después de que la ley fue cambiada. Esto es extremadamente lamentable”, dijo Nisato a la prensa esta semana.

A sus 80 años, sin embargo, expresó su deseo de que el tema sea resuelto a la brevedad.

“Me gustaría que el Estado no oculte el problema en la oscuridad, sino que tome en serio nuestros sufrimientos pronto”, dijo.

Por ahora, su espera continúa.