La homofobia como política de Estado: el caso de Uganda

A finales de mayo, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, firmó la Ley Antihomosexualidad, una nueva legislación que institucionaliza la persecución de las lesbianas, los homosexuales, los bisexuales, los transgénero, los queer y los intersexuales (LGBTIQ+) y que, en términos más generales, promueve una cultura del odio.

La ley es una de las leyes anti-LGBTIQ+ más duras del mundo. Criminaliza las relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo e impone sanciones severas, entre ellas la prisión de por vida para cualquier persona que tenga relaciones sexuales homosexuales y la pena de muerte por “homosexualidad agravada”, definida como los actos homosexuales que involucran a individuos infectados con VIH, niños o personas discapacitadas. Igual de preocupante es la cláusula amplia y vaga que prohíbe la “promoción de la homosexualidad” y ordena un período en prisión de hasta 20 años para los infractores.

Más allá de ser punitiva, esta legislación antihomosexualidad infringe los derechos constitucionales de los ugandeses, entre ellos el derecho a la privacidad, a no ser discriminados ni tratados de manera cruel y denigrante y a la presunción de inocencia. Asimismo, al criminalizar la promoción de la homosexualidad, la Ley Antihomosexualidad cierra el debate, limita el a servicios relacionados con el VIH y recorta la libertad de expresión, pensamiento, asamblea y asociación.

La Ley también quebranta varios tratados regionales e internacionales sobre derechos humanos de los cuales Uganda forma parte. Estos incluyen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, que prohíben toda discriminación basada en el sexo (que, según la interpretación de la Comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas y las cortes, incluyen la orientación sexual).

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El impacto devastador de esta ley draconiana en la población LGBTIQ+ en Uganda no se puede sobreestimar. El Gobierno ugandés ha sancionado la justicia popular y los individuos temen que expresar su sexualidad o identidad de género los pueda exponer a un riesgo de violencia.

La introducción del proyecto de ley en el parlamento a comienzos de marzo ya precipitó un aumento de las violaciones antihomosexuales de derechos humanos: entre el 21 de marzo y el 20 de abril, el Foro de Conciencia y Promoción de los Derechos Humanos documentó 59 arrestos, desalojos y ataques ilegales contra la comunidad LGBTIQ+. 

Codificar la discriminación no es, de ninguna manera, una aberración en Uganda, donde la población LGBTIQ+ desde hace mucho tiempo viene lidiando con la homofobia social y la falta de protecciones legales. La primera legislación antihomosexualidad del país fue, de hecho, heredada de los colonialistas británicos. 

Codificada en el Código Penal de 1950, y más tarde reforzada en los años 1990, la ley impone varios castigos por actos entre personas del mismo sexo, categorizándolos como “en contra del orden de la naturaleza”. La presión por una legislación más dura se ha intensificado en los últimos diez años. En diciembre de 2013, el parlamento de Uganda sancionó la Ley Antihomosexualidad de 2014, con castigos por comportamiento homosexual casi tan severos como en la versión de 2023.

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Pero la Corte Constitucional más tarde la derogó, con el argumento de que no había quorum parlamentario al momento de la votación. Desde entonces, los legisladores populistas han presentado, en repetidas ocasiones, proyectos de ley similares.  

Financiados por grupos de derecha y religiosos occidentales, estos políticos ugandeses interesados emplean una retórica homofóbica incendiaria bajo la pretensión de defender los “valores africanos” de lo que perciben como la imposición por parte de Occidente de derechos LGBTIQ+. Sin embargo, no reconocen que la homofobia es un legado del colonialismo occidental. 

El papel de los grupos fundamentalistas cristianos a la hora de exportar el odio y la homofobia a África quedó plenamente en evidencia en una conferencia interparlamentaria reciente sobre valores familiares llevada a cabo en Kampala. Family Watch International, una organización con sede en Arizona considerada un grupo de odio anti-LGBTIQ+ por el Centro de Leyes de Pobreza del Sur, ayudó a financiar y organizar el evento, al que asistieron líderes religiosos, activistas juveniles y parlamentarios de más de 20 países africanos.

Los asistentes les exigieron a sus gobiernos criminalizar la homosexualidad y las uniones entre personas del mismo sexo, e implementar sanciones más estrictas por tener relaciones sexuales homosexuales, marginalizando y estigmatizando aún más a la comunidad LGBTIQ+ y fomentando un contexto de miedo y hostilidad. 

A pesar de todo lo que se dice sobre una agenda cultural antiafricana, la promulgación de la Ley Antihomosexualidad es, en definitiva, una distracción de cuestiones como la inflación en alza, un sistema de salud carente de recursos y una mayor inseguridad. El Gobierno de Uganda históricamente ha utilizado a las minorías sexuales como chivos expiatorios para distraer la atención de las críticas públicas a sus políticas fallidas y consolidar apoyo.

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Al apuntar contra un grupo marginalizado por denigración, el Gobierno pretende crear un enemigo común y manipular los prejuicios preexistentes para defender sus intereses políticos.

Aun así, a pesar de la escalada de las amenazas, la lucha por los derechos LGBTIQ+ en Uganda continúa. Los activistas por los derechos humanos en el país han iniciado acciones legales para cuestionar la constitucionalidad de la Ley. El resultado sigue siendo incierto, pero hay esperanzas de que, tal como sucedió con la legislación anterior de 2014, la nueva ley no sobreviva.

Es necesario elogiar a la comunidad LGBTQI+ y a los activistas que defienden los derechos de las minorías sexuales en Uganda por su resiliencia y su determinación inquebrantable. Pero para lograr una sociedad verdaderamente inclusiva, es preciso que los ugandeses rechacen la ideología discriminatoria y abracen los principios encumbrados en la constitución del país: igualdad, dignidad, inclusión y tolerancia. Solo un compromiso compartido con la igualdad y la justicia puede garantizar la libertad para todos.

AUTOR: SARAH KIHIKA KASANDE (*)

© PROJECT SYNDICATE - KAMPALA

(*) Abogada de derechos humanos, jefa de la oficina de Uganda del Centro Internacional para la Justicia Transicional y cofundadora del Capítulo Cuatro de Uganda, una organización de derechos humanos centrada en la protección de las libertades civiles.

La Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales (Ilga, por sus siglas en inglés) recopila información en todo el mundo sobre las leyes que afectan a las personas por su orientación sexual.

Si bien, desde que comenzaron a recolectar los datos, hay una tendencia positiva –como sucede en Suramérica–, pues cada vez más países en el mundo despenalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, aún hay muchas regiones en el mundo que las criminalizan.

De hecho, según el último informe (2023) de Ilga en países como Arabia Saudita, Brunéi, Irán, Mauritania, Nigeria y Yemen sus códigos penales especifican que hay pena de muerte por actos sexuales consensuales entre adultos del mismo sexo. En otros 5 países –Catar, Afganistán, Pakistán, Somalia y Emiratos Árabes Unidos–, la pena de muerte es una posibilidad, debido a su interpretación de la sharía o ley islámica. Es decir que, aunque no hay una certeza legal, podría suceder.

Además, la organización asegura que la comunidad LGBTIQ+ sigue siendo objeto de persecución en 64 países del mundo de las Naciones Unidas (62 de manera explícita y 2 de facto), con sentencias que van desde unos pocos meses de prisión a la pena de muerte. De esta cifra, la región con el mayor número de Estados que criminalizan estas relaciones es África, pues 32 países las criminalizan, frente a 22 en los que son legales. Este continente es percibido como una de las regiones más difíciles para las personas que pertenecen a esta comunidad.

Por otro lado, basado en factores como la protección contra la discriminación, la penalización de la violencia contra la comunidad LGBTIQ+, entre otros, el portal alemán Spartacus publicó su última edición del ‘Gay Travel Index’, en el que mide la situación legal y las condiciones de vida de los de la comunidad. Esto les permite clasificar a los países en liberales y amigables o muy peligrosos para que las personas pertenecientes a minorías sexuales y/o de género visiten o vivan. Según este índice, en 2023 el país más peligroso para la comunidad LGBTIQ+ es Brunéi, seguido de Arabia Saudí y Nigeria.

AUTOR: REDACCIÓN DOMINGO 

EL TIEMPO