Tras 15 años de espera, víctimas de El Quimbo logran justicia y reparación de tierras

Se hizo justicia. Después de 15 años de espera y de lucha social, el viernes 20 de septiembre de 2024 se convirtió en un día clave para 94 familias del Huila, que recibieron las primeras 3.000 hectáreas de tierra en el municipio de Gigante, Huila, luego de haber denunciado ser víctimas de desplazamiento a causa de la construcción de la hidroeléctrica.

En un evento liderado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y presidido por el presidente Gustavo Petro, el pasado viernes 20 de septiembre se logró la primera muestra de justicia y reparación a víctimas de la represa El Quimbo, cuya construcción y puesta en marcha, según denunciaron algunas comunidades en su momento, estuvo marcada por desplazamientos, una inundación de más de 8.000 hectáreas y víctimas que hoy exigen la devolución de sus tierras para recuperar la soberanía alimentaria en su territorio.

Se trata de la primera entrega de 3.000 hectáreas de tierra con las que se marca la hoja de ruta de reparación para las víctimas de la represa de El Quimbo, tanto aquellas incluidas dentro de la sentencia como las que aún no han sido reconocidas judicialmente desde hace 15 años. Asimismo, esta restitución de tierras busca priorizar a las comunidades campesinas y apostarles a la reparación y el restablecimiento de derechos a través de la reforma agraria.

“Hoy, en nuestro programa de Reforma Agraria les estamos entregando tierra a los beneficiarios, que no necesariamente dependen de los censos institucionales, sino que son campesinos despojados de su tierra en el departamento del Huila. (...) Estamos haciendo papeles de escritura en tres fincas más en El Agrado, una más en Gigante y otra en Campoalegre, para un total de 3.000 hectáreas, como lo prometimos. Este es el inicio de una reparación histórica que consideramos sumamente valiosa y valiente para mucha gente que durante 15 años fue desarraigada por el megaproyecto”, destacó Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras.

Precisamente, este acto representa un avance en la lucha por los derechos campesinos y la reparación de quienes han sufrido las consecuencias por algún proyecto de este tipo en el país.

“Esta entrega es el resultado del esfuerzo, la perseverancia, la valentía, el aguante y la lucha de las comunidades, quienes en estos 15 años no han parado de movilizarse. También es un referente para Colombia y para América Latina en materia de reparación a las víctimas de un proyecto hidroeléctrico. Brasil, por ejemplo, es uno de los países que más afectados de represa tiene organizados, tiene una política nacional de afectados. Hoy Colombia, con la ANT, está dando el primer paso y el primer ejemplo”, sostuvo Jenniffer Chavarro Quino, representante legal y presidenta de la Asociación de Afectados por la Construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo (Asoquimbo), organización para defender los derechos de las comunidades afectadas por la inundación de tierras tras la construcción de dicha represa.

A Zoraida Brown el río Magdalena le ha dado las mejores cosas de su vida: el sustento con la pesca; el amor de su vida, Miler, con quien vive y comparte desde hace más de 26 años; una hija y dos nietos; de allí que recuerde con nostalgia aquellos años en los que podía comer cucha recién pescada, o sentarse en la sombra de un árbol de mango o guanábana a consumir los frutos que la naturaleza le regalaba al tiempo que iraba la grandeza del Magdalena.

“Pero aquellos tiempos nunca volverán. Ya no hay cuchas, ya no hay mangos, ya no hay guanábana, ya no queda nada. Desde hace 15 años, cuando llegó la represa de El Quimbo, nos quitaron la libertad como pescadores; nos arrebataron los pescados, porque ya poco o nada se logra pescar; y nos inundaron las tierras, en las que ya no se puede sembrar”, relató Brown.

Zoraida y su esposo Miler viven junto a las compuertas de la represa, cerca del río Páez y el Magdalena, añorando desde hace 15 años ser reparados, recibir una tierra y comenzar de nuevo.

“Lo primero que yo haré cuando salga beneficiado del proceso de reparación es sembrar y comenzar a producir. Mango, arroz, yuca, de todo me pondría a sembrar, aunque toda la vida he sido pescador, también puedo ser buen jornalero y así darle una mejor vida a mi familia”, dijo Miler.

Desde el 2009, se declararon 8.500 hectáreas de utilidad pública para la realización del proyecto hidroeléctrico. La Declaratoria de Utilidad Pública es un instrumento que permite la adquisición de inmuebles por parte del estado con un fin específico, en donde prevalece el interés general sobre el particular.

“Consisten en un acto istrativo mediante el cual se califica como de Utilidad Pública e Interés Social un plan, un proyecto o una ejecución de obras para la generación, transmisión, distribución de energía eléctrica, acueductos, riego, regulación de ríos y caudales, así como las zonas afectadas por los mismos”, explica en un documento el Ministerio de Energía.

Durante los últimos 15 años, la unión de las comunidades, que denunciaron e hicieron visible su afectación ha sido clave para lo que hoy ya se materializa con la restitución y reparación de las primeras tierras. Aunque a pesar de los años, algunas familias y líderes sociales aseguran seguir siendo blanco de amenazas y hostigamientos, pero la esperanza de tener justicia los ha mantenido en pie de lucha.

“Esta entrega la vemos con mucha alegría, como una muestra de justicia socioambiental para las comunidades afectadas de nuestra región, pero también como un mensaje para todas las comunidades afectadas por represas en Colombia de que sí es posible que se restablezcan los derechos. Siempre estuvimos convencidos de que iba a haber momentos de justicia, creemos que este es uno de ellos, de justicia socioambiental en el sentido de que tenemos la razón, que nosotros estamos denunciando y exigiendo algo que se debe entregar de nuevo porque la gente lo merece, entonces esa convicción nos llevó a sostenernos en el tiempo”, señaló Chavarro.

De acuerdo con Asoquimbo, a la fecha no hay un número exacto de víctimas, pues Emgesa, empresa del conglomerado internacional Enel, dueña de la construcción de la hidroeléctrica, “no ha realizado un censo juicioso y certero que dé cuenta del impacto y la cantidad de afectados”.

“Los afectados del Quimbo son cientos, muchos salieron desplazados y no han vuelto, pero la única certeza es que en este proceso se excluyeron a muchas personas. Por esto, en el 2013 la Corte Constitucional le ordenó a la empresa hacer un nuevo censo de afectados, pero a la fecha no se ha resuelto la situación del censo”, concluyó Chavarro.

Según Asoquimbo, luego de esta primera entrega de tierras se abre un nuevo camino en materia de dignificar la labor del campesino, desde seguir exigiendo el reconocimiento total de los afectados del proyecto de hidroeléctrica hasta poner a producir nuevamente un territorio que luego de ser fértil y rico, a nivel de productividad, hoy, en su mayoría, está bajo el agua y en abandono.

“Actualmente estamos trabajando en el desarrollo de una estrategia bajo la modalidad de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (Pidar), que es uno de los proyectos de integralidad de producción que se adelantaron desde la Agencia de Desarrollo Rural”, explicó Jenniffer Chavarro.

En resumidas cuentas, el objetivo ahora es poner a producir nuevamente la tierra de manera sostenible, a través de un reacondicionamiento de los predios.

“Vamos a hacer un trabajo con las organizaciones que son amigas y aliadas en temas de producción y campesinado, para hacer un plan de trabajo, y esperamos que el próximo año podamos mostrar esta primera entrega como una producción activa, viva, pero también sostenible”, concluyó.