Proponen fomentar la seguridad alimentaria y el ordenamiento productivo

Colombia tiene una amplia vocación agropecuaria. Además de ser un sector que propende por la seguridad alimentaria del país, es uno de los que más crece.

Para el segundo semestre de 2021, la economía colombiana creció un 17,6 por ciento en el segundo trimestre, porcentaje del que solo el sector agrícola creció 3,8 por ciento.

Sin embargo, los departamentos enfrentan diferentes problemáticas asociadas al desabastecimiento, los altos precios de los insumos, la desactualización catastral del país y la falta de recursos para implementar los Planes Departamentales de Extensión Agrícola (PDEA).

Por ello, las Entidades Territoriales dieron a conocer los temas que consideran son los más urgentes a tratar. La mayoría identificó la necesidad de concentrar los esfuerzos legislativos y ejecutivos, desde el Gobierno Nacional y con los aportes de las gobernaciones, en las siguientes problemáticas.

Garantizar el abastecimiento y la seguridad alimentaria a través de la agricultura resulta clave, ya que de 113 países evaluados, Colombia ocupó la posición 52 en el Índice Global de Seguridad Alimentaria 2021 (GFSI, por sus siglas en inglés).

Además, según el Dane, (2021), el 21,9 por ciento de los hogares colombianos no tiene a las tres comidas al día: esto corresponde a más de 5,46 millones de familias. Y el 54,2 por ciento de la población vivía con algún grado de inseguridad alimentaria (Ensin, Ministerio de Salud y el ICBF, 2021).

Ante este panorama, las regiones proponen crear un sistema para la prevención del desabastecimiento y el ordenamiento del aparato productivo del país.

Otro de los retos del sector agrícola es la desigualdad social que existe entre la población rural y la urbana en Colombia. En las zonas rurales persisten problemas socioeconómicos estructurales que obstaculizan el avance en la rentabilidad de los agronegocios y la generación de mayores niveles de ingreso, bienestar y equidad para la población rural.

Una de sus causas es la escasa oferta de financiamiento en las zonas rurales, ya que según el Informe de Rendición de Cuentas 2021 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la inclusión financiera en el área urbana es igual al 87,2 por ciento, mientras que en el área rural es de 65,1 por ciento, y en áreas rurales dispersas es del 54,7 por ciento.

De igual modo, el de las mujeres rurales al crédito agropecuario es aún menor en comparación con el de los hombres. De 445.000 operaciones crediticias, por un valor de 14.775 millones de pesos en el año 2017, los hombres fueron objeto del 66,2 por ciento de las operaciones y del 25,2 por ciento del valor desembolsado, mientras que el registro para las mujeres fue del 27 por ciento de las operaciones y del 6,5 por ciento del valor desembolsado. El monto restante de los desembolsos fue dirigido a personas jurídicas.

Por ello, entre las propuestas está el aumento de créditos agropecuarios con enfoque territorial.

Si el análisis del Índice de la Pobreza Multidimensional (IPM) se concentra entre el año 2019 y 2020 —por ser este último un año marcado por la crisis causada por la pandemia—, se observa que la incidencia de la pobreza monetaria en el sector rural pasó de 47,5 por ciento en 2019 a 42,9 por ciento en 2020, lo que representó una reducción de 4,6 puntos porcentuales. Esto indica que en el año 2020, el 42,9 por ciento de la población en el sector rural tuvo en promedio un ingreso mensual percápita inferior a la línea de pobreza monetaria de los centros poblados y rural disperso, que en 2020 fue de 199.828 pesos, según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

En 2018, alrededor del 83 por ciento de los municipios del país debían iniciar la revisión de sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT) por vencimiento de la vigencia de largo plazo. Sin embargo, el 86 por ciento se encuentran con POT vencidos y desactualizados.

Además, los procesos de actualización de información catastral presentan un escaso avance ya que el 92,93 por ciento de los municipios tienen información catastral urbana o rural desactualizada, o incluso ambas, y el 2,12 por ciento no están informados: solo 50 tienen su catastro actualizado.

Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), al 2022, respecto a la zona rural del país, el 28,4 por ciento del catastro se encuentra sin formar, el 69,37 por ciento está desactualizado y solo el 2,21 por ciento del territorio se encuentra actualizado.

De este modo, las ET proponen actualizar el catastro de manera periódica al menos en un 50 por ciento de todo el territorio nacional, incluyendo el catastro para comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y Rrom.

La transición de unas energías fósiles y altamente contaminantes hacia unas energías más limpias, sostenibles y que no agoten los recursos del planeta es una de las principales necesidades en los territorios.

Actualmente, cerca del 81 por ciento de la energía consumida en el mundo proviene de fuentes fósiles, mientras que el 19 por ciento restante viene de fuentes renovables.

En Colombia, a 2018, la energía hidráulica generaba entre el 65 por ciento y el 70 por ciento de toda la energía eléctrica del país, mientras que la solar y eólica representaban menos del 1 por ciento de la matriz eléctrica nacional.

Para lograr un desarrollo sostenible de la comunidad, las Entidades Territoriales (ET) consideran que se debe hacer un cambio en el modelo de producción, distribución, consumo de la energía primaria y final, que disminuya su impacto sobre el planeta y sobre el cambio climático.

Además, no quieren verse aisladas de las oportunidades para acceder a energías más económicas, eficientes y menos contaminantes, por lo cual, las políticas de transición energética deben ser aterrizadas en el plano regional y local para adoptar dicha transición de forma ordenada y rápida.

Para lograrlo, proponen crear un fondo de cofinanciación de proyectos para la transición energética territorial y el a energías fotovoltaicas y renovables en zonas aisladas y no interconectadas.

Así como la creación de un programa que permita la masificación de energías alternativas en infraestructuras públicas, como escuelas, hospitales y centros istrativos gubernamentales.

En materia ambiental, las ET identificaron tres problemáticas que afectan los ecosistemas estratégicos, los cultivos y el recurso hídrico.

La primera problemática abarca los altos índices de deforestación, la segunda es la baja capacidad para enfrentar los desastres asociados al clima y reducir el riesgo de su ocurrencia, lo cual aumenta su vulnerabilidad, y la tercera es el crecimiento verde.

Entre las propuestas está modificar la Ley 388 de 1997 para que incluya los riesgos asociados al cambio climático en los instrumentos de planificación territorial (POT, EOT, PBOT) y que garantice la siembra del agua. Y presentar un proyecto de acto legislativo para que los negocios que hacen parte del Plan Nacional de Negocios Verdes sean vinculados a programas de comercialización y exportación para lograr el fortalecimiento de su asistencia técnica y tecnológica.

La Federación Nacional de Departamentos (FND) les propuso a los nuevos congresistas y a los candidatos a la presidencia de la República una reforma legal que regionalice la educación y aumente las transferencias de recursos para asumir las nuevas competencias.

En el marco del libro Las Regiones Proponen, documento que recoge el trabajo de mesas técnicas regionales promovidas por la FND, se plantea la reforma a la ley orgánica de educación (715 del 2001) para definir competencias específicas en materia de niñez y adolescencia, y la ley de educación superior (30 de 1992), para que sea regionalizada.

El libro señala que a las gobernaciones se les vienen asignando competencias sobre adolescentes que antes tenía el Gobierno Nacional, especialmente a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), sin recursos para asumirlas, y eso está generando mayores costos para los departamentos.

Se refieren a temas como responsabilidad penal para adolescentes y la protección integral para el restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de vulneraciones como violencia sexual, maltrato infantil, explotación sexual, reclutamiento forzado, uso y utilización, migrantes, desplazados, personas en situación de discapacidad, minas antipersona, situación de calle y trabajo infantil.

A eso se suman obligaciones como la atención integral a la primera infancia, que incluye el fortalecimiento de los Centros de Desarrollo Infantil, que demanda capacidades territoriales específicas y asignación de recursos para su cumplimiento. Esos recursos “son inexistentes a la fecha y por tanto son asumidos con recursos propios de las entidades territoriales”, dice el documento.

El diagnóstico advierte que los recursos que se otorgan a las regiones por población atendida y por atender no son suficientes para todos los territorios, y cada vez más en las regiones recae la responsabilidad de financiar la operación del sistema educativo colombiano.

Otro asunto que la FND considera urgente es la creación de la Superintendencia de Inspección y Vigilancia del Sector Educativo, pues el Ministerio de Educación Nacional no alcanza a cubrir todo el país, como lo evidenció una encuesta en la que el 69% de los territorios dijo que ese trabajo no se ejerce.

Las Regiones Proponen también señala que es prioritario duplicar la población de jornada única que, a 31 de marzo del 2020 era solo del 29,3% en los colegios oficiales y del 4,6% en los no oficiales.