Los desafíos para no repetir la historia del apagón nacional

Entre 1.992 y 1.993 Colombia quedó a oscuras por cuenta del gran apagón nacional. Un hecho que duró casi un año, exactamente entre el 2 de marzo de 1992 y el 7 de febrero de 1993.

Ciudades como Bogotá tenían un racionamiento de nueve horas al día y en seis departamentos de la Costa Atlántica el corte era de diez horas, en San Andrés y Providencia el racionamiento fue de hasta 18 horas.

Este apagón obedeció a la crisis energética por cuenta, entre otras razones, al bajo nivel de los embalses, que no llegaban ni al 30% de su capacidad, los cuales generaban la energía eléctrica en medio de un Fenómeno del Niño. Además de la sequía, propia de la época, hubo retrasos en el cronograma de construcción de nuevos proyectos hidroeléctricos y las centrales de generación térmica no funcionaron durante esa coyuntura.

En ese entonces, el Estado era el que estaba a cargo de toda la cadena de prestación del servicio de energía eléctrica a través de las electrificadoras.

Durante el apagón, de 5 p.m. a 9 p.m. no funcionaban los semáforos, no había comercio, oficinas, ni industrias, los colegios y universidades cerraban y mucho menos había opción alguna para el entretenimiento. Las pocas luces que se veían eran las de los automóviles y las de las clínicas y hospitales.

El apagón trajo como resultado un costo cercano a 3 puntos del PIB y las pérdidas del sector productivo alcanzaron los 33 millones de dólares semanales.

Como resultado de la crisis energética, nacieron dos leyes: la 142 (de servicios públicos) y la 143 (eléctrica) de 1994, que reformaron el sector permitiendo el ingreso de privados a la cadena de prestación del servicio, abriéndolo a la inversión privada, y creando instituciones como la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y el Centro Nacional de Despacho (CND), ahora XM.

También se reglamentaron las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización, lo que abrió el interés de la inversión privada. Desde entonces, no ha vuelto a ocurrir un apagón en el país. Ya se cumplieron tres décadas con un servicio de energía eléctrica constante.

De hecho, Luis Fernando Londoño, gerente de comercialización de Isagen, aseguró que actualmente 97 de cada 100 colombianos tiene el servicio de generación de energía interconectado. “Estamos mejor que la mayoría de países del mundo. No ha habido apagones en los últimos 30 años porque hemos invertido más de 140 billones de pesos entre las empresas mixtas y privadas a su riesgo”, dijo.

Las afirmaciones las hizo en el marco del foro ‘¿Cómo garantizar la energía en el país? Una mirada a la inversión, a las reglas de juego del sector y al riesgo de desabastecimiento’, organizado por Acolgen en alianza con EL TIEMPO. Durante el evento, los istas advirtieron cuáles son los desafíos que deben afrontar desde el sector para evitar un posible desabastecimiento de energía en los próximos años y anunciaron que están a tiempo de lograrlo.

Una de las alerta sobre un posible desabastecimiento de energía a mediano plazo es la demora en la entrada de los nuevos proyectos que afectan la disponibilidad de energía.

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, aseguró que “desarrollar un proyecto en Colombia hoy se ha vuelto una odisea. Hemos hecho seis subastas de confiabilidad y tres subastas de contratos a largo plazo. La tasa de éxito por subasta es menor al 65 %”.

Gutiérrez explicó, además, que ninguno de los proyectos ha entrado en operación comercial y que de los megavatios nuevos esperados en el 2021 ingresó solo el 7 %; en 2022, el 28 %; y en 2023, el 17 % de lo esperado.

“De 4,5 gigas solares esperadas ingresó menos del 5 % y de 1 giga eólica no entró nada. Y las señales políticas parecieran querer renunciar a los grandes proyectos hidroeléctricos y térmicos olvidando que son justo estas tecnologías las que nos han garantizado la confiabilidad del suministro 24 horas al día”, añadió Gutiérrez.

Juan Ricardo Ortega, presidente de GEB (Grupo de Energía de Bogotá), reveló que para poder tener los bombillos prendidos en el país se requieren 8 billones de pesos. “Eso equivale al 10% del presupuesto de educación nacional”, explicó el presidente de la GEB.

Además, trajo a colación el caso de Sudáfrica donde “por razones políticas empezaron a generar la narrativa de comemos o pagamos y hoy están con apagones de 12 horas”, enfatizó Ortega y añadió que eso representa que se pudra la comida, se dañen los electrodomésticos y que los negocios pequeños no operen con normalidad. Para él, cuando un sistema eléctrico colapsa la clase media y popular es la que más sufre. “Nosotros no nos acordamos porque eso pasó hace 30 años, pero eso no quiere decir que no estemos en riesgo de cometer ese error”, alertó.

Ricardo Sierra, presidente de Celsia, reveló que se necesitan inversiones al año superiores a los 2.000 millones de dólares para poder tener los niveles de generación que necesita el crecimiento del país. “Necesitamos mantener la confianza para asegurar ese flujo de inversiones”, recalcó Sierra y agregó que casi ningún país en Latinoamérica tiene la confiabilidad del servicio que tiene Colombia.

De hecho, recordó que hace 30 años de cada cuatro hogares había uno que no tenía a energía eléctrica, “hoy prácticamente tenemos cobertura completa”, añadió Sierra.

Además, frente a las reformas de las leyes 142 y 143, que plantea el Gobierno Nacional, mostraron sus puntos de vista.

Diana Jiménez, gerente de regulación, relacionamiento institucional y ambiental de Enel, aseveró: “Hoy podemos materializar las entradas de nueva generación de energía y los nuevos retos regulatorios, pero eso no significa cambiar completamente todo el esquema porque nosotros sí creemos que eso ha permitido garantizar esa confiabilidad”, y puntualizó: “El reto es cómo vamos a articular el triángulo entre sociedad, Gobierno y empresas”, enfatizó Jiménez.

Germán Castro, contralor delegado del sector de Minas y Energía, expresó sus preocupaciones. “Recientemente, por ejemplo, la subasta que se hizo el 15 de febrero no cubre el crecimiento proyectado de la demanda de energía”.

También aseguró que desde hace un año organizaron en la Contraloría un tema de estudio alrededor de la transición energética. “Compartimos la importancia de esta transición, la consideramos necesaria y muy importante para cumplir con nuestras metas y para la sostenibilidad”.

Además, compartió el conjunto de causas que llevaron al apagón de hace 30 años. “Las razones son varias: el crecimiento de la demanda, las altas pérdidas de energía, las bajas hidrologías, el mantenimiento y la baja existencia de combustibles. Y algunas otras como la tasa de salida de plantas de generación,los índices de indisponibilidad, los niveles mínimos operativos de los embalses, las tarifas, y la incobrabilidad.

Uno ve estas razones y comienza a preocuparse porque eso es lo que en este momento nos lleva a estar pendientes de esos temas y agradecemos todo lo que se pueda hacer para evitar que esto se repita”, dijo Castro.

Gracias a inversionistas privados, llegó la energía eléctrica a las calles de Bogotá. Estos constituyeron empresas para generar, distribuir y vender electricidad. En principio se usó para el alumbrado público y para el comercio, y luego para residencias.

› 1920 y 1930

Se realizaron reformas que determinaron que estas empresas, que eran privadas, pasaran a ser del Estado.

La istración de Carlos Lleras creó Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), que permitió suministrar electricidad en el país de forma más rápida. Las entidades regionales que conformaban ISA (entre ellas la Empresa de Energía de Bogotá y Empresas Públicas de Medellín, entre otras) cedieron participación a la Nación, con el ánimo de poder ejecutar proyectos, como una contraprestación.

Un estudio que analizó a las empresas estatales de energía eléctrica (las cuales estaban encargadas de la prestación del servicio) identificó resultados negativos en eficiencia istrativa, operativa y financiera.

Mientras el Estado estaba a cargo de toda la cadena de prestación del servicio de energía eléctrica (a través de las ‘electrificadoras’) se presentó un apagón nacional, con racionamiento de nueve horas en Bogotá, diez horas en seis departamentos de la Costa Atlántica y hasta 18 horas en San Andrés y Providencia.

Se aprobaron las leyes 142 y 143 de 1994 (de servicios públicos domiciliarios y energía eléctrica, respectivamente), a través de las cuales se permitió el ingreso de privados a la cadena de prestación del servicio y se estableció la institucionalidad del sector. Desde este momento, y luego de más de 30 años no han ocurrido apagones en Colombia. Hace 30 años, 1 de cada 4 familias no tenía a energía. “Hoy la cobertura en el país es prácticamente completa”, Ricardo Sierra, presidente Celsia.