Las cifras sobre homicidios de líderes sociales difieren entre las del Estado, ONU y las ONG. ¿Por qué?
Primero, cabe recordar que en Colombia hay alrededor de 7 millones de líderes sociales. Hay diferencia en cifras entre la Fiscalía y la Policía con la Defensoría del Pueblo, pero hay una explicación: desde el 2016, cuando Colombia adoptó la definición de líder social y defensor de derechos humanos, también cambió el reporte de homicidios, pues se incorporó la característica de líder social que, por cierto, tiene 21 tipologías, para arrancar desde ahí la investigación. Hay casos de asesinados, no por el ejercicio del liderazgo sino por otras causas. Pero más allá de esto, para el Gobierno lo realmente trascendental es combatir el fenómeno que nos afecta a todos. Cada vez que un líder social es asesinado, es una pérdida para el país y así lo hemos asumido desde el Gobierno. Este fenómeno nos duele a todos. El país se tiene que sensibilizar aún más ante esta tragedia y debe ayudar al Estado en la defensa de los líderes sociales, comunales, defensores de derechos humanos y periodistas.
Críticos dicen que los asesinatos de activistas sociales crecieron en este gobierno...
Todo lo contrario. En lo corrido del gobierno hemos tenido una reducción del 35 % en el número de homicidios de líderes sociales. Hay que tener en cuenta que entre 2016 y 6 de agosto del 2018 fueron asesinados 222 líderes y defensores de DD. HH., sobre un total de 289, al 9 de julio de este año. Como lo dijo el presidente Duque el pasado20 de julio en la instalación del Congreso, lucharemos hasta el último minuto para que estas cifras lleguen a cero.
Hay sectores con la percepción de que el Estado dejó solos a los líderes sociales...
Están equivocados. Desde el Gobierno les hemos reiterado a los líderes sociales que aquí estamos y que no están solos. El tema de su defensa es prioridad de la istración del presidente Duque, desde el primer día. Existe un gran esfuerzo institucional para protegerlos. Hoy, la Unidad Nacional de Protección da seguridad a 7.600 personas. De ellas, 4.520 son líderes y defensores de derechos humanos. También tiene bajo su cargo 598 medidas de protección colectiva.
¿Y el PAO?
Es el gran articulador de la política de protección. Hemos convocado al Estado para ir a los sitios de mayor amenaza para los líderes. La acción del Gobierno y del Estado es integral. Hay una ofensiva en operaciones de las Fuerzas Armadas, la Policía y la Fiscalía para contrarrestar las amenazas, investigar y determinar a autores materiales e intelectuales. El porcentaje de esclarecimiento de homicidios está en el 60,21 % y la estrategia de Se Busca, con recompensas, ha llevado a la captura de 8 cabecillas determinadores de homicidios a líderes sociales; existe además un componente
social y un sistema de articulación con los PAO, que escucha las necesidades de la comunidad y convoca a las entidades responsables de llevar soluciones. Con las visitas a territorios hemos activado la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y acudimos a las organizaciones sociales y de acción comunal, para que presenten su visión sobre seguridad colectiva. En los sitios más alejados, la labor del líder complementa las tareas de las autoridades del Estado y los verdaderos líderes siempre tienen causas nobles que buscan proteger derechos humanos.