Así buscan disminuir la inseguridad en el país

Existen dos caminos para medir la situación de seguridad en el país. El primero es la dimensión subjetiva, que se mide a través de la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC) y que concentra la opinión de los ciudadanos, sus percepciones y cómo se sienten. Por otro lado está la dimensión objetiva, es decir el análisis y la métrica de los hechos. En los dos ámbitos el balance es bastante similar y preocupante.

Según datos de la Policía Nacional, el aumento de la inseguridad del año 2020 al 2021 en las regiones del país fue principal- mente en los departamentos de Antioquia en un 62 por ciento, Chocó en un 61 por ciento, Risaralda en un 60 por ciento, Tolima en un 52 por ciento, Cundinamarca en un 46 por ciento, Valle en un 31 por ciento y Atlántico en un 36 por ciento.

En cuanto a los homicidios, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional, en el año 2021 Colombia tuvo un total de 13.709 homicidios, 13 por ciento más que  en 2020 (año atípico) y 6 por ciento más que en 2019, siendo los departamentos más preocupantes Antioquia (2.084 casos), 15,2 por ciento; Cundinamarca (1.559 casos), 11,37 por ciento, y Valle (2.580 casos), 18,81 por ciento.

Entre las iniciativas que desde los departamentos se plantean como alternativa para la obtención de mejores resultados en seguridad está una reforma a la justicia que implique evaluar la política criminal del Estado.

Además, consideran necesario hacer una reorganización estratégica con enfoque territorial para fortalecer las capacidades en el territorio. Ello, teniendo en cuenta la situación actual del país, las nuevas dinámicas de la acción criminal y de actores que buscan entorpecer la efectividad de acciones de Policía y de las Fuerzas Militares, los cuales están generando que se materialicen riesgos en diferentes zonas del país.

Las problemáticas generadas en las zonas de fronteras es otra preocupación latente por parte de las entidades territoriales. Colombia cuenta con aproximadamente 9.242 kilómetros de perímetro fronterizo. De los 32 departamentos, 13 están allí y, pese a algunos esfuerzos de los gobiernos de turno y a algunas iniciativas legislativas, aún se necesitan garantías para enlazar los territorios de frontera con los centros del país, potencializar la cooperación por medio del desarrollo de iniciativas binacionales con competencias diferencia- das de acuerdo con cada nivel de gobierno, y gestionar políticas específicas y con el enfoque de las particularidades de la zona.

Según datos de Migración Colombia, para agosto de 2021, había 1.842.390 migrantes provenientes de Venezuela.

En el año 2020 Colombia contabilizó 3.922 personas que cruzaron sus fronteras de sur a norte, y en 2019 fueron 19.040, las cifras del 2021 aumentaron un 2.624 por ciento y con el comportamiento de los primeros 17 días de 2022 en los que cruza- ron 896 migrantes, se proyecta que siga en aumento.

La frontera oriental de Colombia con Venezuela también ha venido padeciendo las consecuencias de la tensa relación diplomática con el país vecino, y con ella la militarización, la búsqueda de pasos ilegales para cruzar de un territorio al otro y la dificultad de las autoridades para ejercer un control fronterizo con la rigurosidad que ameritan los procesos aduaneros, migratorios, sanitarios, fitosanitarios, de seguridad, etc. Esto se agrava con el alto flujo de migrantes venezolanos, que se ha convertido en un gran reto para el país, pero, sobre todo, para las autoridades lo- cales que deben garantizarles y respetar- les sus derechos fundamentales.

La frontera del sur de Colombia tampoco es ajena a los fenómenos delictivos, el contrabando navega a través de los ríos Amazonas, Caquetá y Putumayo, evadiendo con relativa facilidad a las autoridades aduaneras o militares en Colombia, Perú y Brasil.

El reto entonces, según las entidades territoriales persiste en tener mayor presencia del Estado en las zonas de frontera y una adecuada y suficiente asignación de recursos. Para lograrlo proponen formular una política de fronteras que sea sostenible en el tiempo.

De otro lado, la alta dependencia de los departamentos del impuesto al consumo recaudado por la cerveza, bebidas alcohólicas y cigarrillos hace que la lucha contra el contrabando de todos estos productos se haya convertido en una de las prioridades apremiantes de las entidades territoriales.

Sin embargo, la problemática supera los delitos fiscales y tributarios, y se concentra también en las amenazas a la seguridad, pues diferentes estudios (I, 2021) han determinado que el contrabando de estos productos está fuertemente ligado con otros delitos conexos como la evasión fiscal, el narcotráfico y la corrupción, por lo que proponen fortalecer los programas y proyectos enfocados en prevención de consumo y dinámicas de violencia especialmente para jóvenes.

De otro lado, se hace necesario hacer una reforma en la normatividad. El Código Nacional de Policía, es una de las herramientas más importantes con las que cuenta la Policía Nacional para garantizar la convivencia y el respeto de los derechos y deberes de los ciudadanos. Hace 6 años, el Congreso de la República actualizó este código para que fuera acorde con las dinámicas y las realidades del momento.

Sin embargo, las entidades territoriales creen que el Código de Policía puede ser una herramienta más efectiva para las autoridades, si se le da un enfoque territorial, que tenga en cuenta las dinámicas y realidades locales y que pueda ser estratégico en materia de prevención del delito y de garantía de la tranquilidad y armonía.

Lograr la protección integral de los niños, niñas y adolescentes implica su reconocimiento, garantía y cumplimiento como sujetos de derechos.

A través del Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), así como la Ley 1804 de 2016 (Primera Infancia) se invoca el principio de corresponsabilidad, en virtud del cual todos los actores de la sociedad y de los distintos niveles de gobierno deben desde su rol garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia.

No obstante, las Entidades Territoriales aseguraron que es preciso considerar que, aunque la normatividad advierte que ningún nivel de gobierno puede invocar el principio de corresponsabilidad para negar la atención y defensa de dichos derechos, las posibilidades de cumplir con esto están estrechamente ligadas a la capacidad técnica, fiscal, presupuestal y de recurso humano disponible para generar políticas, planes y/o programas a nivel regional y local dirigidos a la niñez y la adolescencia.

Por esto, advierten que aunque las leyes les asignan nuevas competencias a los departamentos y municipios, no se les está haciendo la correspondiente asignación de recursos para garantizar más de 44 derechos a más de 15 millones de niños, niñas y adolescentes.

Se tienen competencias específicas determinadas por la normatividad sectorial y orgánica respectiva, pero está pendiente resolver deficiencias que se puedan presentar dentro de cada sector, frente a su distribución, las responsabilidades específicas y la fuente de recursos para cumplir el mandato de las leyes de niñez y adolescencia.

Especialmente en asuntos transversales como la seguridad alimentaria y nutricional, la protección integral por vulneración de derechos, factores asociados a la violencia intrafamiliar y violencia hacia niños, niñas y adolescentes, a la justicia, responsabilidad penal para adolescentes, promoción de la participación, educación inicial, víctimas de reclutamiento y utilización, atención a población migrante con enfoque diferencial, conductas suicidas y determinantes sociales del embarazo en adolescentes entre otros.

La limitada capacidad técnica de los territorios es un problema de orden estructural que demuestra que existen serias dificultades en las capacidades locales y de la sociedad civil como garantes de derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Entre las principales propuestas de las Entidades Territoriales está la creación de una unidad istrativa especial para la niñez y la adolescencia que tenga autonomía, dirija, distribuya y ejecute los recursos para la niñez y adolescencia.

A su vez, que esta unidad sea la que integre el gasto público social generado en las diferentes entidades, para niñez y adolescencia (inversiones transversales), con participación de los departamentos.

Otra de las propuesta es presentar un proyecto de acto legislativo que modifique el Sistema General de Participaciones (SGP), asignando un rubro específico para niñez y adolescencia, ya sea aumentando la bolsa general o la asignación de recursos del Presupuesto General de la Nación - PGN.

Y elaborar un decreto reglamentario expedido por la Presidencia de la República para crear un sistema de información unificado con los indicadores situacionales de niñez y adolescencia que orienten la toma de decisiones y sustenten las prioridades de inversión y el seguimiento a los impactos de los programas.

El desarrollo y progreso de las regiones está atravesado por el bienestar de sus habitantes. Por ello, Las Regiones Proponen presentó no solo los diagnósticos, sino las oportunidades y propuestas sociales y culturales que deberían tener en cuenta los congresistas que se posesionarán este 20 de julio, así como el nuevo presidente y su gabinete, que llegarán a la Casa de Nariño el 7 de agosto.

Las propuestas hechas por los departamentos van desde la formulación de una política de turismo cultural, que a su vez potencie la memoria histórica del país, hasta el fortalecimiento de la financiación de deportistas de las regiones, de todas las edades y disciplinas.

Así se presentan algunas de las principales propuestas hechas en materia de cultura, deporte, participación ciudadana y para los grupos étnicos, afrodescendientes, raizales y Rrom.

Para los próximos cuatro años, las regiones esperan que se implementen programas de formalización y profesionalización en oficios del sector de la cultura. El objetivo no solo es que se fortalezcan las capacidades de las personas, sino que estas puedan acceder a convocatorias y a recursos de financiación nacional e internacional.

También proponen formular una política de turismo cultural “que potencie la memoria histórica de todo el territorio nacional con acciones de turismo sostenible”.

En el país, cerca de dos millones de personas se reconocen como indígenas. Las comunidades ancestrales tienen presencia en 20 departamentos del país y muchas de ellas tienen limitado a bienes y servicios, entre otros.

Por esta situación, las regiones ven como prioritaria la inclusión, en el próximo Plan de Desarrollo, de planes “para el apoyo de proyectos productivos de grupos étnicos en el que se priorice la economía ancestral”.

Los espacios de participación en Colombia deben garantizar la incidencia de la ciudadanía en todo el ciclo de las políticas públicas (formulación, implementación, seguimiento y evaluación), así como dar garantías para el ejercicio del voto, pues la participación en las urnas no supera el 50 por ciento. Por ello, las regiones proponen analizar y discutir “la viabilidad de la figura del voto obligatorio, como una medida concreta para combatir el abstencionismo electoral y evitar fenómenos de corrupción como la compra de votos”.

Promover las prácticas deportivas en las regiones es una necesidad para el desarrollo. Debido a las limitaciones que tienen los programas de formación deportiva, los departamentos proponen fortalecer la financiación de los y las deportistas, de todas las edades y en todas las disciplinas, con enfoque territorial.

También, buscan que se apoyen programas de escuelas deportivas. En el 2020, el porcentaje de niños y niñas que practicaban deporte después de la escuela era de 8,15 por ciento. Se busca que este indicador suba al 40 por ciento en el país, y que beneficie a la población de estratos 1 y 2.