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ONU reporta un aumento de los homicidios de defensores en 2023
En 9 meses, el organismo verificó 54 casos, 6 más que los registrados en el mismo periodo en 2022.
La concentración en la plazoleta de San Francisco duró más de tres horas, tiempo en el que se realizaron distintas actividades enfocadas en la paz. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / EL TIEMPO
“Se destacó por la protección del territorio”. Esas fueron las palabras que el alcalde de Jamundí, Felipe Ramírez, entregó el 26 de agosto, horas después del asesinato de Claudia Ordóñez, una de las candidatas al Concejo de ese municipio de Valle del Cauca.
El caso de Ordóñez sería una de las 173 alegaciones de homicidios de defensores y líderes de derechos humanos de los que tuvo conocimiento la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, entre el 1.º de enero y el 30 de septiembre de 2023.
El número da cuenta de un leve aumento de los casos verificados respecto al mismo periodo de 2022, cuando la Oficina documentó 48 casos; sin embargo, se destaca que el año pasado se registró 183 alegaciones de homicidios de personas defensoras.
Entre enero y septiembre del 2020, en Colombia fueron asesinados 135 defensores de DD. HH., según datos de Somos Defensores. Foto:Julián Ríos Monroy. EL TIEMPO
Detalles de los casos
De los 54 casos verificados en los últimos 9 meses, la ONU señala que 8 fueron mujeres; de ellas, dos eran afrodescendientes, una era indígena y tres eran campesinas. Además, siete pertenecían a juntas de acción comunal (JAC).
Por otro lado, de los casos confirmados, 45 eran hombres, 13 de ellos indígenas, 7 afrodescendientes, 14 campesinos. Adicionalmente, se documentó una víctima con identidad de género no binario.
El departamento que más casos registró fue Cauca, en donde hubo 12 homicidios; Nariño, con 8 casos; Norte de Santander, con 5, y Arauca y Valle del Cauca, con 4 casos cada uno.
La protesta la hicieron en contra de los asesinatos a líderes sociales, defensores de derechos humanos y el incremento de los homicidios en Medellín. Foto:Jaiver Nieto. EL TIEMPO
El reporte habla de la actividad de defensa a la que se dedicaban las víctimas: el 17 por ciento hacían parte de JAC; el 15 por ciento, con derechos políticos; 12 por ciento, con los derechos de los pueblos indígenas; 11 por ciento, con derechos de poblaciones campesinas y derechos económicos, sociales y culturales.
El resto se dedicaba a la defensa de la tierra y el territorio, de afrodescendientes y de la población LGBTIQ+, entre otros.
Al reporte de ONU DD. HH. se suma la preocupación elevada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la continuidad de la violencia contra defensores de derechos humanos en la región, al indicar que durante el segundo cuatrimestre del 2023 fueron asesinados al menos 36 líderes. De estos, Colombia concentra 23 casos, encabezando el listado.
“La Comisión observa con preocupación que la mayoría de los asesinatos registrados siguen siendo contra personas que se dedican a la defensa de la tierra, el territorio y/o el medio ambiente”, señaló la CIDH en un comunicado.
Hombres armados en la región. Foto:Archivo EL TIEMPO
Hablan expertos
Para Jorge Iván Cuervo, docente e investigador de la Universidad Externado, una de las formas para resolver ese tema es que el Gobierno y la Fiscalía hagan un “mapa de riesgo” de los líderes sociales y defensores que permita reconocer unos perfiles por regiones. “Hay que mirar el rol que juegan los líderes y los actores armados en las regiones”, señaló Cuervo.
Otros analistas sostienen que los factores estructurales del conflicto armado en Colombia tuvieron una transformación desde la firma del acuerdo de paz, lo que llevó a “una degradación del conflicto”.
En esa corriente coincide Carlos Charry, director del doctorado en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, quien dice que esos cambios han aumentado los enfrentamientos entre los grupos armados y que los líderes sociales asuman con mayor fuerza sus roles en las comunidades, por ello “terminan asumiendo las consecuencias de esas transformaciones”.
En esa misma línea, Francisco Daza Vargas, coordinador de la línea de Paz Territorial y DD. HH. de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), dice que la violencia contra estas personas se enmarca en el control social y territorial que ejercen los grupos armados. “Ellos quieren incidir en las dinámicas de las JAC, esto hace que se quiera tomar la vía de la violencia para hacer mella en los procesos organizativos locales”.