ONU advierte de ‘riesgo de gobernabilidad’ por expansión de ilegales

Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, habló sobre el agravamiento de la situación humanitaria que se sigue registrando en el país por la expansión de los grupos armados ilegales.

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De Rivero recordó que los acercamientos de paz que adelanta el Gobierno Nacional no afectan su obligación de proteger a la población civil.

Estamos preocupados por los niveles de violencia que se viven en el país, en particular la violencia provocada por actores armados no estatales, por la expansión de la presencia territorial de estos grupos. Pero también por el fortalecimiento del poder que estos grupos ejercen en varios territorios. Nos preocupa que a largo plazo esto genere problemas de gobernabilidad para Colombia, porque los grupos armados en varias regiones del país están tratando de suplantar a la autoridad del Estado, incluso resolviendo temas de istración de justicia, carnetizando a la población y cometiendo toda clase de abusos que afectan a la ciudadanía de esas regiones y en particular a pueblos afros e indígenas.

Esto es una situación que el gobierno actual ha heredado. Se había iniciado antes de este gobierno. Hubo un momento, como un año y medio después de la firma del acuerdo de paz de 2016, en el que la gente en los territorios respiró la paz luego de la desmovilización de las Farc, pero, poco tiempo después de ese año y medio, el vacío que dejó la salida de la guerrilla no fue suplido por autoridades del Estado y empezaron a llegar grupos armados diversos a los territorios. Eso continuó en el gobierno anterior y en este gobierno. Nosotros desde el 2021 estamos documentando el impacto de la violencia en las poblaciones y habíamos documentado en el 2021 un total de 156 municipios afectados por esta violencia. En el 2022 eran 180 municipios, y en el 2023 tenemos 206 municipios, lo que es muy preocupante porque es mucha población la que se ve afectada en sus derechos.

Ha habido algunos indicadores esperanzadores, como un decrecimiento ligero del homicidio de defensores en el 2023, que se va confirmando en el 2024. Algo que podría ser portador de esperanza. Sin embargo, el número de personas defensoras de derechos humanos que han sido asesinadas es muy elevado y sigue siendo el más alto del mundo, por lo que no podemos celebrar este pequeño progreso. Tal vez esto sea una consecuencia de las medidas que ha tomado el Gobierno para tratar de mejorar su reactividad y la protección que les da a defensores, pero en las oficinas que nosotros tenemos en los territorios lo que estamos viendo es que los actores armados siguen tratando de reclutar a niñas, niños y adolescentes, que ha crecido exponencialmente la extorsión, la cual va acompañada de amenazas de muerte y de otras formas de amenazas, y esto está destruyendo las economías comunitarias, las economías indígenas, las economías afros y las economías de municipios y de departamentos enteros.

Las defensoras y los defensores de derechos humanos son quienes en los territorios están defendiendo a las comunidades ante la violencia de los grupos armados que quieren despojar los territorios, el medioambiente de estos territorios, que quieren imponer sus economías ilícitas sobre las poblaciones. Entonces las defensoras y los defensores de derechos humanos son objetivo porque se interponen a estos grupos y tratan de defender los derechos de las comunidades. En el primer semestre recibimos más de 90 alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, muchas de ellas todavía están en proceso de verificación, pues nosotros hacemos un trabajo en los territorios para determinar realmente si la persona era defensora de derechos humanos y si su muerte está vinculada a su actividad. Pero lo que es importante decir ahora es que la tendencia va ligeramente hacia la baja, pero sigue siendo una cifra tan alta que representa esa violencia extrema que ejercen los grupos en muchos territorios del país y es una grave preocupación tanto para las Naciones Unidas como para este gobierno y sobre todo para las comunidades que se sienten azotadas por los grupos armados.

El objetivo de los grupos armados, que constituyen más del 70 por ciento de los casos de homicidio (de defensores), es silenciar a las comunidades sometiéndolas al terror de lo que significa el asesinato de una de sus lideresas o uno de sus líderes. En particular hemos visto un aumento de homicidios de líderes y lideresas indígenas en el Cauca, que tiene como objetivo silenciar a las organizaciones indígenas, a los gobiernos propios de los pueblos indígenas para que no se resistan y no denuncien la actividad de los actores armados. Y esto es un intento deliberado de destruir la fortaleza de las comunidades para poder resistir. El año pasado hemos visto no solamente el asesinato de los jóvenes líderes emergentes, sino también de los líderes y las lideresas espirituales del pueblo nasa y también ataques a pueblos como el awá. Los ataques tienen como objetivo destruir la fortaleza de las comunidades que han resistido históricamente al conflicto y que resisten ahora la violencia de los grupos armados.

Acabo de regresar de una visita a Caquetá y también al departamento de Huila, y son dos departamentos donde realmente se ve la expansión de la presencia del actor armado y el crecimiento de la práctica de la extorsión a través de amenazas violentas y la imposición del grupo armado sobre la vida cotidiana de todos los habitantes de los departamentos. Nos preocupa muchísimo la situación de impunidad en la cual actúan estos grupos, la cual ha sido denunciada por el gobernador de Caquetá y por el gobernador de Huila. Es muy preocupante el riesgo de ingobernabilidad hacia el futuro. Es muy importante que se fortalezca a las autoridades locales para dar respuesta a esta situación y que se fortalezcan las investigaciones de estos crímenes y se combata la impunidad en el territorio. La gente se siente desamparada por el accionar de estos grupos armados, que condenamos con toda la fuerza posible, llamándolos al respeto de los derechos humanos y llamándolos al respeto del Derecho Internacional Humanitario.

Sí, desafortunadamente se han multiplicado los grupos presentes en los territorios en Colombia, y muchas veces lo que vemos es una multiplicidad de actores armados en un mismo territorio, lo que agrava aún más la situación porque muchas veces hay enfrentamientos entre los diferentes actores armados y la población civil se encuentra en medio de este cruce de fuego. Muchas veces esto provoca el desplazamiento de familias o de comunidades o de poblaciones enteras por el miedo a la violencia que se está viviendo entre los grupos. Estos actores también hostigan a las comunidades para que se sometan a su poder, lo que es invivible para ellas. Les ponen restricciones al movimiento en el territorio, a las horas en las que pueden salir de sus hogares, al tipo de comercio en el que pueden trabajar... Es una situación verdaderamente desastrosa y preocupante para todo el país.

Nosotros esperamos que estos diálogos de paz sirvan como un espacio para reclamarles a los grupos armados el respeto de los derechos humanos, de la población y del Derecho Internacional Humanitario, y esperamos que esos diálogos puedan ayudar a mejorar la situación en los territorios. Mientras tanto, el Estado sigue teniendo el deber de proteger a la población civil y debe, desde el nivel central, respaldar a las autoridades departamentales y locales para hacer frente a la situación de abuso que aún están cometiendo estos grupos. Y tienen que ser muy firmes frente a eso, tanto en la mesa de negociación como en los territorios, en reforzar la autoridad del Estado para la protección de los derechos de la población.

Sí, el deber de protección del Estado continúa más allá de las negociaciones. Las negociaciones son espacios importantes para tratar de ver caminos para desmovilizar a los armados y para poder pacificar los territorios. Pero no es un extremo de o negociar o hacer la guerra, hay muchos puntos intermedios y en esos puntos está todo el deber del Estado de proteger a la población civil, de proteger a la niñez colombiana, no puede ser que sean víctimas de reclutamiento armado cuando ya se ha firmado un acuerdo de paz en el 2016. Las acciones de prevención tienen que multiplicarse. El Estado y el Gobierno del presidente Gustavo Petro han adoptado importantes políticas para el desmantelamiento de grupos armados para proteger la vida y el medioambiente en el territorio, pero estas todavía no se están articulando de una manera decisiva en los territorios. Entonces se tienen que hacer mayores esfuerzos para fortalecer la gobernabilidad del Estado en los territorios y que la gente no se sienta sola frente a esta situación invivible que tiene.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redacción Justicia

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