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Las preocupaciones de la ONU por recrudecimiento de violencia en Colombia

informe anual sobre derechos humanos en Colombia cuestionó violencia en medio del paro.

Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Foto: Cortesía

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Juliette De Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hizo un llamado al Estado para que tome las medidas necesarias que garanticen la seguridad durante la elección de las curules de paz.
La funcionaria alertó sobre las acciones de grupos ilegales en las zonas en las que por primera vez se cumplirá ese proceso democrático.
Al presentar el informe anual sobre los derechos humanos en Colombia la delegada  indicó que se requiere que esas elecciones se den "en un ambiente libre de amenaza y violencia". 
En su informe correspondiente al 2021 la funcionaria destacó los avances del proceso de paz, la ampliación de la vigencia de la Comisión de la Verdad y la elección de las curules de paz. Al tiempo que cuestionó las violaciones a los derechos humanos en el marco del paro nacional.
De Rivero indicó que una de las mayores preocupaciones es el incremento de la violencia en los territorios que está afectando especialmente a comunidades indígenas y campesinas.
Indicó que se requieren mayores decisiones del Estado para proteger a esas comunidades, fortalecer el cumplimiento de los acuerdos de paz y avanzar en el proceso de desmantelamiento de los grupos ilegales que sigue activos en el país.

Alerta por crímenes 

"La Alta Comisionada observó con mucha preocupación el incremento de la violencia particularmente en zonas rurales del país y en algunos centros urbanos como Quibdó", dijo la funcionaria.
El informe señala que el año pasado, según datos de la Policía, el homicidio en el país se incrementó en un 9.5 por ciento respecto al 2020. "Esta violencia se manifiesta principalmente en zonas con altos niveles de desigualdad y una insuficiente presencia integral del Estado", añadió De Rivero. 
Sostuvo que las comunidades reportan un incremento en el reclutamiento de menores y uso de minas antipersona.
"La violencia extrema que usan estos grupos ilegales genera zozobra y desesperanza, estos grupos desconocen a los gobiernos locales y son responsables de desapariciones forzadas, estos grupos amenazan y asesinan a lideres y defensores de derechos humanos, son autores de violencia sexual en las comunidades", añadió la funcionaria.
Dijo que su oficina recibió el año pasado reportes de cien casos de posibles masacres, de las cuales ha verificado 78 casos. Los departamentos mas afectados por esos hechos son Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca.  
Entre enero y noviembre de 2021 mas de 72 mil personas fueron desplazadas en el país y en el 2020 fueron mas de 26 mil. Además se reportó el confinamiento de mas de 57 mil personas. El 69 por ciento de los desplazados y el 96 por ciento de los confinados hacían parte de comunidades indígenas y afro.
La misión de la ONU verificó el asesinato de 54 excombatientes de las Farc el año pasado "lo que elevó a 303 el total de homicidios de estas personas desde la firma del acuerdo de paz".
Se recibió reporte del homicidio el año pasado de 202 defensores de derechos humanos de los cuales verificó que en cien casos había un vínculo entre su muerte y su labor como líder. Se recibieron 1.116 reportes sobre amenazas y agresiones contra defensores.
"La violencia se utilizó con mayor intensidad para acallar a quienes defienden la tierra y el territorio, los derechos de los pueblos étinicos, el medio ambiente y las víctimas del conflicto ", indicó. La violencia también afecto a las personas que defienden la promoción de la sustitución de cultivos ilegales.
Indicó que la oficina de la ONU en Colombia identificó altos niveles de estigmatización, incluso por parte de agentes del Estado, contra defensores de derechos humanos.
Y cuestionó que el incremento de la presencia de la Fuerza Pública en las regiones no ha logrado reducir la violencia contra las comunidades.
Igualmente dice el documento que hay rezagos en el desarrollo de un enfoque étnico de derechos como lo establece el acuerdo de paz. Igualmente indica que se requiere aumentar la presencia del Estado en los territorios para enfrentar problemas como la pobreza.

Violencia en el paro

La funcionaria señaló que el paro del año pasado fue mayoritariamente pacífico y con un alto componente de personas jóvenes.  Y destacó que no obstante que Colombia cuenta con un marco jurídico para la protección de la protesta se evidencia una necesidad de reforzarla.
Indicó que el 33 por ciento de los homicidios y e l 37 de ataques registrados contra defensores de derechos humanos se dieron con ocasión de las protestas "revelando un alto nivel de violencia contra ellas durante las manifestaciones".
@JusticiaET

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