La alerta de la Defensoría por el homicidio de 8 mujeres trans entre febrero y abril de 2024

Para la entidad la cifra es “preocupante” que esta población siga siendo la que “soporta la marginación y la violencia en su grado más extremo” situación que ha sido alertada en varias oportunidades por la entidad.

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Las mujeres trans asesinadas son: Luisa Mome, Paulina Smith Arroyave, Macarena Acuña y Sharon Muñoz Zúñiga, ultimadas en el Valle del Cauca; Luciana Román y Verónica Dantez, víctimas en Bogotá; mientras que Valentina Barrera Delgado fue asesinada en Nariño y el crimen de Thaliana Fajardo ocurrió en Tolima.

“Desde la Defensoría repudiamos los homicidios, amenazas y violencia por prejuicio exacerbada en contra de esa población, que también goza de los mismos derechos que cualquier grupo poblacional o persona residente en el territorio nacional”, expresó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

El Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo da cuentas que un total de 18 casos de asesinatos contra personas LGBTIQ+ se han registrado en Colombia en lo que va de año.

Cifras de la Defensoría señalan que durante el 2023, acompañó 119 casos de violencia por prejuicio contra mujeres transgénero, que incluyeron barreras en el a la salud y hostigamiento institucional.

Se hace un llamado al Gobierno para actualizar la política pública LGBTI y garantizar la participación de la comunidad LGBTI en su elaboración.

“El Ministerio del Interior y la Dirección LGBTIQ+, adscrita al Ministerio de la Igualdad, deben cumplirle a la ciudadanía OSIGD-LGBTI en la actualización de la política pública LGBTI, garantizándole su participación en la construcción del plan de acción, sin vigencia desde el 2022”, exhortó la Defensoría.

Entre otras cosas, la entidad solicitó al Gobierno activar las mesas técnicas y dar celeridad a la reglamentación de la Mesa Nacional de Casos Urgentes y al Sistema Nacional de Participación LGBTIQ+.

Además, instó a hacer seguimiento al cumplimiento de políticas públicas territoriales, especialmente para la protección de personas LGBTI en áreas donde existen políticas pero no se implementan adecuadamente.

Por otra parte, exhortó a la Unidad Nacional de Protección a implementar análisis de riesgo para líderes y defensores de derechos humanos, con el fin de proteger sus vidas.

“Requerimos a todas las entidades para que sus actuaciones estén desprovistas de todo tipo de sesgos, y que sus funcionarias y funcionarios se abstengan de naturalizar el odio y el prejuicio contra la población OSIGD-LGBTI”, recalcó el Defensor del Pueblo.

Jesús Blanquicet
Redacción Justicia
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