Eligen nuevo director de unidad para desmantelar organizaciones criminales

Hernando Toro Parra fue elegido por el fiscal general, Francisco Barbosa, para ocupar el cargo.

El exfiscal Martínez pidió que, para el peritazgo de la plataforma Esperanza, se tenga el apoyo de gobiernos extranjeros que han contribuido a consolidar el sistema. Foto: Abel Cárdenas / Archivo EL TIEMPO

03.11.2021 19:34 Actualizado: 03.11.2021 19:47

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El abogado Hernando Toro Parra fue designado como nuevo director de la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales.

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Toro fue postulado en la terna junto con Carmen Maritza González Manrique y Alexandra Valencia Molina, por los magistrados del Tribunal de Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Una vez recibida la terna el pasado 29 de octubre, el nombramiento se efectuó para un período de 4 años, luego de las entrevistas realizadas en Leticia (Amazonas) por el fiscal general, Francisco Barbosa, a los aspirantes.

El nuevo director de la unidad es abogado de la Universidad San Buenaventura de Cali, con postgrado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de Sevilla (España).

Tiene experiencia en Políticas Públicas, Dirección e Implementación de Proyectos de Cooperación y Desarrollo Internacional, así como en trabajo con entidades del Estado y comunidades; además cuenta con conocimientos sobre seguridad y defensa nacional.

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Hasta antes de su nombramiento se desempeñaba como asesor de la UEI de la Fiscalía General de la Nación, donde se encargaba del relacionamiento con comunidades, organizaciones sociales y de defensores de derechos humanos para valorar contextos y dinámicas de criminalidad que las afectan en los territorios.

Según el ente acusador, también apoyó el impulso y seguimiento de investigaciones por afectaciones a defensores de derechos humanos, líderes sociales y personas en proceso de reincorporación.

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Toro cuenta con una trayectoria de más de 26 años en el sector público, en entidades como el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Cruz Roja Colombiana.

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