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Defensoría del Pueblo alertó sobre 11 focos de emergencia humanitaria: Chocó, el punto crítico

Según la defensora Iris Marín, al menos diez grupos armados están detrás de la ola de violencia.

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Sara Valentina Quevedo Delgado

REDACTORA A17.02.2025 06:48 Actualizado: 18.02.2025 00:00

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Luego de un fin de semana marcado por la escalada de los enfrentamientos entre el Eln y el 'Clan del Golfo' en la región de San Juan, en Chocó, y tras el anuncio de un nuevo paro armado decretado por la guerrilla, la defensora del Pueblo, Iris Marín, enumeró al menos 11 focos de emergencia humanitaria en el país debido al accionar de los grupos armados.

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Marín, que ha seguido de cerca los puntos críticos de orden público, como el que estalló en Catatumbo debido a la disputa territorial entre las estructuras ilegales que hacen presencia en la zona, aseguró que estos combates han "afectado de manera desproporcionada a comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas, así como a niñas, niños y adolescentes".

A las afueras del Congreso, se encuentran acampando 160 personas en muestra de protesta. Foto:CESAR MELGAREJO/EL TIEMPO

El polvorín que ranquea su lista es la subregión de San Juan, Chocó, donde desde el 4 de febrero los enfrentamientos entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o 'Clan del Golfo' y el Eln, que históricamente ha controlado la zona, han desplazado y confinado a unas 2.000 personas.

Precisamente, la amenaza a la hegemonía de la guerrilla ha agudizado los enfrentamientos, una situación similar a la que ocurrió en Catatumbo con el Eln y el 'Frente 33'. Por primera vez, aseveró la Defensora, "tenemos reportes de las disidencias al mando de 'Mordisco' en la subregión Chocana", quienes estarían actuando en alianza con las AGC para enfrentar a los elenos.

En el contexto de esta guerra abierta, el Eln decretó un paro armado de 72 horas a partir del martes 18 de febrero, argumentando una "connivencia entre las autodefensas y algunos de la Fuerza Pública". Este anuncio pone de nuevo los reflectores en la población civil, ya que, según la Defensora, arreciaría el confinamiento de las comunidades "debido a la prohibición de navegación en la zona".

Frente de Guerra Oriental del Eln confirmó paro en el Chocó. Foto:Comunicado.

Solo en el medio y bajo San Juan al menos 1.600 personas han sido afectadas por desplazamientos y confinamientos en la región, "con especial preocupación por la situación del pueblo Wounan, que enfrenta severas restricciones de movilidad y a recursos básicos", enfatizó la cabeza del Ministerio Público.

Sin embargo, esta cifra podría ascender a los 10.000 afectados, como lo expuso la gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba. En el último paro, decretado el 6 de noviembre pasado, más de 45.000 personas, principalmente de las comunidades étnicas y afrodescendientes, vieron restringidas sus libertades, situación que empató con la peor crisis climática generada por las lluvias en la región, lo que les impidió acceder a ayuda humanitaria.

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Los otros focos de emergencia

Además de Chocó, la Defensora documentó emergencias en Nariño, Cauca, el Pacífico Vallecaucano, Antioquia, la Sierra Nevada, la Serranía del Perijá, Magdalena Medio, Arauca, Meta, Guaviare, Sur de Córdoba, Buenaventura, Tolima y Putumayo, este último con alto riesgo en las elecciones atípicas del 23 de febrero.

Comunicado emitido por el ELN. Foto:Comunicado.

“El 73% de los municipios del país están bajo la influencia de grupos armados ilegales. En los últimos cinco años, han logrado expandirse y fortalecer su accionar. Es preocupante, pero no es irremediable”, enfatizó Marín.

La lista de actores armados también es larga. Al menos diez grupos, muchos de los cuales han tenido acercamientos con el Gobierno en el marco de la 'paz total', se están disputando el territorio y el control de las rentas ilegales. Entre ellos, el ELN, el 'Clan del Golfo', las disidencias de 'Mordisco', las de 'Calarcá' y bandas como Shottas y los Espartanos, que han desatado el terror en Quibdó.

Ante lo que parece un campo abierto de batalla, la Defensoría instó al Gobierno y a las autoridades locales a "implementar acciones inmediatas que prioricen la protección de las comunidades afectadas, tomando en cuenta el diagnóstico de las alertas tempranas y sus recomendaciones". Asimismo, pidió que en las mesas de diálogo se exija el respeto al derecho humanitario, especialmente no involucrar a la población civil y la prohibición rotunda del reclutamiento de menores de edad.