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Corte IDH declaró responsable al Estado colombiano por la desaparición de dos jóvenes en Cali en 1995

Se trata del caso Ubaté y Bogotá Vs. Colombia. Esto dijo el tribunal internacional.

Aspectos de la diligencia de este viernes.

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Jesús Antonio Blanquicet

PERIODISTA JUDICIAL13.12.2024 14:02 Actualizado: 13.12.2024 14:05

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) hizo pública su decisión este viernes 13 de diciembre, con relación a la responsabilidad internacional del Estado colombiano en la desaparición forzada de los jóvenes Jhon Ricardo Ubaté y Gloria Mireya Bogotá, por agentes de la Unidad Antiextorsión y Secuestro (Unase), de la Policía Nacional, el 19 de mayo de 1995.

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El Tribunal Internacional determinó que el Estado colombiano es responsable internacionalmente en este caso por: La desaparición forzada de Jhon Ricardo y Gloria Mireya, la falta de investigación de los hechos y judicialización de los responsables, el no haber desplegado con prontitud una estrategia de búsqueda diligente y coordinada con las víctimas, además, del exilio al que se vieron forzadas algunas víctimas del caso.

De acuerdo con el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (Cajar), los jóvenes, de 24 años y 22 años, respectivamente, fueron detenidos por los agentes del Estado frente a las instalaciones de la Clínica Tequendama en Cali, Valle del Cauca. Desde ese momento y hasta la fecha, se desconoce su paradero.

“Los familiares de Jhon Ricardo y Gloria Mireya llevan 29 años luchando por encontrar a sus seres queridos, por justicia para ellos, por saber la verdad de lo ocurrido y por garantías estatales para que crímenes como estos nunca más ocurran en Colombia”, señaló Cajar en un comunicado.

Jhon Ricardo Ubaté y Gloria Mireya Bogotá. — Gloria Mireya Bogotá. Foto:Cortesía

En diciembre de 2022, la Comisión Interamericana sometió el caso a la Corte IDH. En este escenario, el Estado colombiano aceptó el 30 de enero de este año, en Audiencia Pública convocada por el Tribunal Internacional, su responsabilidad en estos crímenes.

“Este hecho se inscribe en un contexto de desapariciones forzadas cometidas directamente por agentes estatales en la década de los 90”, manifestó el colectivo.

Jomary Ortegon, vicepresidenta de Cajar y representante de víctimas, señaló que esta decisión reivindica la memoria de las víctimas y reconoce la verdad que sus familiares han sostenido por casi 30 años.

“La lucha por encontrar a estos dos jóvenes continúa, pero esta decisión es un impulso para este proceso. Esperamos que haya un cumplimiento de las órdenes de la Corte IDH, así como de las medidas de reparación”, dijo la abogada.

Redacción Justicia

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