Cada mes de este año 16 líderes sociales habrían sido asesinados en Colombia, según la ONU

Diego Tulande un reconocido líder social, y quien en la actualidad se desempeñaba como Fiscal de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Cerro Rico, ubicada en la zona media del municipio de Buga, en el Valle del Cauca, se convirtió en el último líder social asesinado en Colombia.

Su asesinato se registró el pasado 21 de diciembre, y se dio en zona rural, a pocos metros de un colegio hasta donde llegaron hombres armados, lo abordaron y le propinaron varios disparos.

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Aunque el caso de Tulande no ingresó en las más recientes cifras reveladas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, sí hace parte de las alarmantes estadísticas que maneja el organismo respecto a la violencia ejercida contra esta población.

En razón de ello, la organización reportó que entre el 1.º de enero y el 30 de noviembre de 2024, tuvo conocimiento de la ocurrencia de 186 alegaciones de homicidios contra esta población, lo que da un promedio de 16 muertes cada mes.

El reporte refiere que de las 186 alegaciones, 80 -entre las que se cuentan 10 mujeres, 69 hombres y una mujer trans- ya fueron verificadas, es decir, se confirmó el carácter de defensor o defensora de la víctima y una de las hipótesis de su homicidio estuvo vinculada a su actividad como tal.

Al poner la lupa en las cifras se tiene que de los 10 homicidios de mujeres defensoras, se tiene que 2 eran indígenas , 1 afrodescendiente, tres campesinas y 4 que ejercían otro tipo de liderazgo, cinco de todas ellas eran de una Junta de Acción Comunal (JAC). 

Con respecto a los hombres, de los 69 verificados, 4 eran afrodescendientes, 17 indígenas, 34 campesinos, y 14 que ejercían otro tipo de liderazgo. Del total de hombres, 32 pertenecían a una JAC.

Al analizar las cifras se tiene que en el mismo periodo de 2023, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos conoció 214 alegaciones de homicidios de personas defensoras. De estas se habían verificado 69 casos, 47 casos estaban en proceso de verificación y 98 casos no habían sido concluyentes.

Ahora bien, en el periodo analizado este año, se tiene que 11 de las alegaciones siguen en verificación y entre las víctimas reportadas en este grupo hay 1 mujer y 10 hombres.

De otra parte, hay 95 casos que fueron determinados como ‘no concluyentes’, de ellos, 25 víctimas, en efecto eran líderes sociales, pero los móviles de sus asesinatos no tendrían que ver con su labor como tales.

De acuerdo con el balance de ONU Derechos Humanos, la mayoría de defensores asesinados trabajaba en la defensa de derechos comunitario a través de juntas de acción comunal (24 %), en la defensa de derechos campesinos (16%) o en la defensa de derechos económicos, sociales y culturales (13 %), mientras que el 10 % se dedicaban a la defensa de los reclamantes de tierras y otro 8 % a los derechos de los pueblos indígenas. 

En cuanto a los sitios de los homicidios, en los 80 casos ya verificados se tiene que Cauca, con 17 homicidios, es el departamento con más hechos, seguido por Arauca, con 15 casos, Valle del Cauca, con 11 casos y Antioquia con 5 casos.

Por su parte, Norte de Santander, Casanare, Meta, Huila, y Bogotá registraron 3 casos cada uno, seguido de Magdalena, Córdoba, Chocó, Tolima, Nariño y Putumayo registraron 2 casos. 

En su última entrevista con EL TIEMPO, la otrora directora de la entidad, Juliette de Rivero, puso de presente que este tipo de violencia, sin dudas, estaba afectado principalmente a líderes del Cauca, aunque indicó una “leve mejoría” en la afectación de seguridad en esta población.

“En el caso de las defensoras y defensores de derechos humanos hemos visto una ligera mejora de la situación en los últimos dos años. Pero la situación es tan grave que no lo podemos celebrar porque todavía tenemos decenas de líderes asesinados en el país o amenazados. Yo creo que el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, está fortaleciendo las garantías para estos defensores de derechos, pero el contexto violento no ha cambiado esencialmente. La situación de riesgo sigue existiendo y eso no se ha podido mejorar en general”, dijo la entonces representante del organismo. 

El pasado 24 de diciembre, la ONU derechos humanos, a través de su cuenta en la red social X rechazó el ataque que sufrieron dos líderes sociales.

“Rechazamos 2 graves hechos ocurridos hoy en Cauca: el robo, por parte de actores armados, del vehículo en el que se desplazaba Orgenis Viera, diputada de la Asamblea del Cauca y lideresa del movimiento campesino Fensuagro”, dijo la ONU; al tiempo que se pronunció tamibién por el atentado con arma de fuego contra el Neider Escué Coicué, coordinador de guardias del resguardo San Francisco Toribio.

“Solicitamos a las autoridades competentes tomar las medidas necesarias para investigar y sancionar a los responsables de estos dos hechos. Llamamos a fortalecer las medidas de protección y de prevención de la violencia en el Cauca, en particular, para personas defensoras, y líderes y lideresas”, dijo la organización.

Redacción Justicia