En el cementerio de San Juan del César, en La Guajira, fueron enterradas sin identificar cinco personas que, entre 2006 y 2008, viajaron hasta ese departamento en busca de una oportunidad laboral, pero se encontraron de frente con la muerte. Fueron asesinadas y presentadas como bajas en combate por el Ejército. Después de más de 15 años de investigación, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda encontraron sus cuerpos y los entregaron a sus familiares.
Un campesino, un embolador y un vendedor ambulante fueron tres de las cinco víctimas de 'falsos positivos', registradas como guerrilleros N.N. ultimados por el Ejército en ese cementerio.
No fueron los únicos. Antes de los acuerdos de paz, Medicina Legal había solicitado la protección del campo santo de San Juan del César, pues tenía la hipótesis de que allí podrían encontrarse los restos de personas desaparecidas en el marco del conflicto.
En 2023, la Unidad de Búsqueda lo declaró como un punto de interés forense. Es decir, un lugar en el que, de acuerdo con los testimonios de los mismos actores armados y testigos, era factible encontrar restos de víctimas no identificadas.
El 18 de abril de este año, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP decretó una medida cautelar sobre este cementerio para proteger las investigaciones del caso 03 (subcaso Costa Caribe), que indaga las desapariciones y ejecuciones de inocentes perpetradas por agentes del Estado.
Al mes siguiente, en mayo, la Unidad inició las exhumaciones, durante las cuales recuperaron 38 cuerpos, cinco de ellos pertenecientes a Rafael Mejía, Alejandro Durán, Óscar Bocanegra, Harold Pérez y Antonio Tobías.
"Los cuerpos fueron ubicados e identificados mediante investigación y análisis forense, como resultado del trabajo liderado por la JEP y la Unidad de Búsqueda, con el acompañamiento de otras entidades como la Fiscalía General de la Nación (FGN) y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF)", indicó la Jurisdicción.
Las historias detrás
Junto con la entrega digna, en Guamal (Magdalena), Codazzi (César), Villavicencio (Meta), Barranquilla (Atlántico) y Fundación (Magdalena), también se adelantó una investigación para limpiar su nombre, que era el principal clamor de sus familiares.
En este sentido, se corroboró que Mejía y Durán eran dos vecinos del barrio Pescaíto, de Valledupar, que el 28 de febrero de 2008 viajaron a San Juan del César para trabajar como jornaleros en una finca.
"Al día siguiente, los medios de comunicación anunciaron que seis supuestos integrantes de un grupo al margen de la ley fueron abatidos en San Juan del César. Nunca más los volvieron a ver", reveló el informe.
Por su parte, Yance iba a cumplir 31 años cuando desapareció. Vivía en un corregimiento cercano a Riohacha. Se encontró con su jefe en la plaza de mercado el 26 de mayo de 2006 para que le pagara el sueldo, y nunca más se supo de él.
“Una persona lo vio montado en una camioneta que iba hacia el sur de La Guajira con cuatro muchachos más. No supimos más nada”, dijo Antonio Tobías Macea, el padre de la víctima. Un día después, el 27 de mayo, Antonio Tobías murió en un supuesto combate.
Cinco meses después de la desaparición de Antonio Tobías Yance, en el mismo lugar donde fue abatido, se documentó otro montaje de combate que, en su momento, presentó el saldo de dos insurgentes muertos: Harold Rafael Pérez Moncada, oriundo de Barranquilla, y Óscar Bocanegra Tafur, quien nació en Villavicencio.
Las investigaciones revelaron que nunca habían cargado un fusil. Pérez era embolador en Barranquilla y Bocanegra, vendedor ambulante. Ambos fueron asesinados por el Ejército, luego de ser engañados por una atractiva oferta de trabajo.
SARA VALENTINA QUEVEDO
Redacción Justicia