Agencia Nacional de Tierras demandó ante la Fiscalía a falsos tramitadores que piden plata para facilitar la adjudicación de predios

A la Agencia Nacional de Tierras (ANT) han llegado más de 150 denuncias ciudadanas de personas que cobran a cambio de agilizar los procesos de adjudicación de predios. Una actividad a todas luces ilegal, dado que este trámite es completamente gratis y los registros tanto de los beneficiarios, como de las hectáreas próximas a entregar, son públicos. 

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Las zonas críticas son Bolívar, los Llanos Orientales, Sucre, Huila y Tolima. En el primer departamento, más de 3.000 familias de Cartagena, Santa Catalina, Arjona, María la Baja, Santa Rosa de Lima, Turbaco y Villanueva están siendo víctimas de estafa. La ANT tiene en la mira a un líder de una de las asociaciones campesinas de la región, quien estaría cobrando entre 30.000 y 40.000 pesos mensuales a cada uno de los , asegurando que con esta plata se garantizaría la eficiencia del proceso. 

La entidad calcula que con este recaudo, el presunto líder comunitario se estaría haciendo con 120 millones de pesos cada mes. 

Por su parte, en el Meta la ANT identificó a un hombre que se hacía pasar por funcionario y organizó reuniones en lugares públicos de Villavicencio tramitando supuestos cupos en la lista de beneficiarios a cambio de sumas que oscilaban entre los $3.000.000 y $7.000.000.  En Sucre, Yermain Toro utilizó WhastApp para engañar a vendedores de tierras, ofreciendo facilitar la compra de los predios por parte del Gobierno a cambio de una comisión del 12 %. Y en los departamentos del Huila y Tolima, se perfiló a alias "Hurbelín" quien utilizó logos y documentos oficiales para pedir unos supuestos costos por servicios como "visitas técnicas, actualización del catastro o una suscripción ante la Superintendencia".

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En el marco del foro 'Así va la paz', el director de la Agencia, Felipe Harman, aseguró que bajo su istración se han presentado 28 denuncias de este tipo. "Esperamos que se investigue de forma clara cualquier tipo de irregularidad", enfatizó. 

Pero también expuso otro fenómeno que ha puesto trabas a la efectiva adjudicación de tierras. La ocupación de los predios del Fondo de Reparación de Víctimas por parte de los antiguos dueños, a quienes el Estado confiscó estos bienes. 

"Para nuestra sorpresa hemos encontrado que la inmensa mayoría de bienes que estaban consignados en la Unidad de Víctimas para la reparación los tienen las mismas personas a las que les quitaron sus tierras. Esto es un exabrupto. Hoy ellas ejercen el dominio sobre muchas de estas fincas sin mediar ni contrato de arrendamiento ni de ningún otro tipo", denunció el funcionario. 

Y especificó que se trataría de "ganaderos estrato seis", que otrora fueron despojadores. Como prueba contó el caso de Félix Gutiérrez, un un político cordobés, quien habría vuelto a ejercer dominio sobre 8.000 hectáreas en el departamento. 

"Este tipo de bienes no pueden terminar embolatados en este tipo de artimañas. Hoy que estamos comprando esa tierra nos estamos dando cuenta de la gravedad del asunto", agregó.

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SARA VALENTINA QUEVEDO 

Redacción Justicia