Tras analizar declaraciones recibidas por una excombatiente del bloque 57 de las Farc, otras mujeres de otras estructuras y dos exjefes, la Procuraduría le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que investiga la situación territorial ocurrida en Urabá en cuanto a violencia sexual intrafilas.
Así mismo, solicitó recibir en diligencias individuales a las exguerrilleras del bloque 57 para que puedan rendir declaraciones de manera reservada, libre y espontánea, sobre su condición de víctimas de aborto, planificación forzada, cohabitación forzada, prostitución y esclavitud sexual.
Los relatos analizados por el Ministerio Público, dijo la entidad, dan cuenta de la ocurrencia de prácticas sistemáticas de abortos y planificación forzada dentro de las Farc.
De otra parte, el órgano de control también conceptuó que hay una responsabilidad en la práctica de secuestros y uso de medios y métodos prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), como minas antipersona, cilindros bomba y dinamita en ataques y tomas a poblaciones, y que por esto la responsabilidad por uso de minas, cilindros bomba y explosivos debe recaer sobre todos los de esa estructura.
Entre las observaciones que hizo la Procuraduría también se evidenció la responsabilidad que tendría que asumir todo el bloque 57 de las Farc por daños ambientales entre 1998 y 2000 por el taponamiento de río Jiguamiandó y otras fuentes hídricas para impedir el paso de otros actores armados hacia la región, lo que generó serios daños colaterales a la comunidad al imposibilitar la comunicación fluvial para el ingreso de alimentos, medicinas y comercio.
Finalmente, la Procuraduría encontró entre los datos entregados por los comparecientes elementos de contexto que ayudarían a esclarecer la verdad en casos de desaparición, desplazamiento y homicidio contra el partido político Unión Patriótica en la región, por lo cual solicitó traslado de las versiones al magistrado a cargo de ese caso.
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