Un niño y un joven padre: las historias de las primeras víctimas de 'falsos positivos' identificadas en Ituango

El capítulo de los ‘falsos positivos’ inhumados clandestinamente en el cementerio Las Mercedes, de Dabeiba, tiene un nuevo desarrollo. Este caso, que fue desenterrado por la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) en medio de amenazas contra sus magistrados, ahora tiene huellas en el municipio de Ituango, donde fueron exhumados los primeros dos cuerpos de víctimas de este crimen.

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Abraham González Torres, de apenas 15 años, y Rodrigo Humberto Torres Múnera, un joven de 23, fueron asesinados y desaparecidos entre octubre y noviembre de 2004 en Ituango, Antioquia. Tropas del Batallón Contraguerrillas 79 los presentaron falsamente como bajas en combate.

El hallazgo en Ituango se suma a los de los cementerios de Copey, Dabeiba, San Juan del Cesar y Carepa. Allí, en el filo del Parque Natural Paramillo, fueron perpetradas las ejecuciones extrajudiciales y ocultadas medio centenar de víctimas.

Con Abraham y Rodrigo, en total se han identificado y entregado dignamente a sus familias los restos de 16 personas de los 50 exhumados en la región. Estas desapariciones fueron esclarecidas por la justicia transicional mediante las declaraciones de los comparecientes de la Fuerza Pública y su aporte a la verdad, indicando los cementerios y lugares donde podrían estar enterrados como "no identificados" los cuerpos de quienes asesinaron para inflar las cifras operacionales.

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La señora Blanca Elena, Jaider Darío, Sandra Patricia y Carlos, madre y hermanos de Abraham, recibieron sus restos. Su niño, quien fue asesinado a los 15 años, había sido reclutado forzosamente a los 13 por las extintas Farc-EP. 

El 11 de octubre de 2004, la compañía Dinamarca, comandada por el coronel (r) David Guzmán Ramírez, hizo o con el menor. Estaba en el sector conocido Alto de Pliegues realizando labores de patrullaje, no portaba armas ni insignias, y fue capturado por del pelotón sin ofrecer resistencia.

Según la investigación de la Jurisdicción, pese a su condición de indefensión, fue golpeado en su cabeza y le propinaron a quema ropa siete disparos.

Rodrigo Humberto Torres se encontraba en su casa en el corregimiento de El Aro una madrugada de noviembre de 2004 cuando fue sacado a la fuerza por del Ejército. Tenía un hijo de tan solo un año, Yefferson Davian Piedrahíta Torres, quien, ya adulto, acudió a recibirlo en la entrega digna, en Medellín. En la ceremonia estuvieron presentes el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, y el director de la Unidad de Investigación y Acusación de este tribunal, Giovanni Álvarez.

La orden de secuestro con fines de homicidio, según relató Fidel Ochoa Blanco, integrante del Batallón de Contraguerrilla No. 79, fue emitida por el entonces mayor David Guzmán Ramírez, comandante de esa unidad militar, quien personalmente seleccionó a los soldados que formarían el pelotón encargado de ejecutarla.

Torres, junto con otra víctima, fue llevado al Cerro del Oso, donde el sargento Ochoa Blanco los entregó a cuatro hombres identificados como paramilitares. Una semana después, el mayor Guzmán reunió nuevamente al grupo para regresar al Cerro, donde los paramilitares, al mando de alias Junior, entregaron a una de las dos víctimas, quien seguía con vida. De la otra, hasta ahora, se desconoce su paradero.

Según los hechos recopilados por la Jurisdicción, Guzmán ordenó a uno de los soldados, quien llevaba una ametralladora, disparar en contra del joven desarmado e indefenso. Varios de los soldados que estuvieron presentes ese día le contaron a la JEP que su compañero se negó a cumplir la orden y el mayor Guzmán tomó la ametralladora y la accionó el mismo, causándole la muerte a la víctima.

Después de morir a manos de las tropas del Batallón de Contraguerrilla, Torres fue inhumado como N.N. en el cementerio municipal de Ituango, a pesar de que los exmilitares conocían su lugar de residencia, pues fue allí donde lo secuestraron.

Por los asesinatos y desapariciones cometidos por la Fuerza Pública en Dabeiba, Carepa e Ituango han sido imputados 10 exmilitares considerados máximos responsables. Ocho de ellos colaboraron en el esclarecimiento de los crímenes y en la búsqueda de las personas desaparecidas. Sin embargo, dos se negaron a itir su participación y fueron acusados por la UIA, donde enfrentarán un juicio en el que podrían ser condenados a hasta 20 años de cárcel.

Uno de los acusados es el coronel (r) David Guzmán Ramírez, excomandante del batallón. Junto con la desaparición de Abraham y Rodrigo se le acusa de al menos diez hechos perpetrados entre el 31 de agosto de 2004 y el 30 de noviembre de 2005, cuando estuvo al frente de la unidad militar.

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Solo en Dabeiba e Ituango 46 personas fueron presentadas ilegalmente como bajas en combate. Mediante la contrastación de información obtenida de regimientos, hospitales (donde se realizaron las necropsias) y las parroquias encargadas de la istración de los cementerios, se estableció que los cuerpos de Abraham y Rodrigo habían sido enterrados como N.N. en el cementerio de Ituango.

Posteriormente, la UIA confirmó que el Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (Grube) de la Fiscalía General de la Nación tenía en su custodia los restos, luego de una intervención forense realizada en dicho cementerio en 2022 en la que exhumaron más de 100 cuerpos. Fue a ellos a quienes se les solicitaron los restos de Abraham y Rodrigo para llevar a cabo la entrega digna.

"Hoy y cuantas veces sea necesario debemos afirmarlo: Rodrigo Humberto Torres Munera y Abraham González Torre no eran delincuentes, no se enfrentaron a integrantes del Ejército. Rodrigo era un joven campesino que murió a los 23 años. Abraham era víctima de otro actor armado y debió ser protegido por las fuerzas armadas del Estado, que contrario a ello lo asesinaron y lo desparecieron", dijo el magistrado Ramelli.

Uno de los casos más emblemáticos de la Jurisdicción, que salió a la luz gracias a las investigaciones adelantadas por este tribunal -como el de La Escombrera-, ha sido el de los 'falsos positivos' en el cementerio de Las Mercedes, en Dabeiba.

Cuando se estaban esclareciendo los crímenes, el magistrado Alejandro Ramelli (ahora presidente de la JEP) y el magistrado auxiliar Hugo Escobar fueron amenazados al parecer por del 'clan del Golfo', la estructura que reencauchó el paramilitarismo. 

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Redacción Justicia