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¿Qué es lo que está haciendo la JEP que está molestando a las extintas Farc?
Líderes de la antigua guerrilla amenazaron con apartarse de las decisiones del tribunal.
Roberto Vidal, presidente de la JEP. Foto: Cortesía
Horas después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citara a nueve ex de las extintas Farc-EP a rendir versión sobre el atentado al Club El Nogal, a través de una carta dirigida directamente al presidente Gustavo Petro, antiguos líderes de la extinta guerrilla advirtieron sus diferencias con el tribunal de paz ante los supuestos incumplimientos a lo acordado en La Habana.
La misiva ha desatado toda clase de reacciones de diferentes sectores en el país en apoyo a la labor que viene realizando la JEP, tras la firma del acuerdo de paz.
Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, en su cuenta en la red social X señaló: “A la JEP le corresponde investigar y sancionar a los máximos responsables de crímenes más graves del conflicto armado. La amenaza de de @ComunesCoL de desconocer sus decisiones atenta contra los derechos de las víctimas y la independencia de la JEP”, indicó.
Por su parte, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), en un comunicado, calificó de “inisible” que los firmantes de paz y los comparecientes, así como cualquier ciudadano, señale cómo la JEP debería cumplir con su mandato constitucional.
“No pueden entonces los procesados utilizar a la jurisdicción como un cajero automático que profiere sus decisiones acordes a lo que pretende el solicitante”, señaló la CEJ y consideró que “atribuir el cumplimiento de las obligaciones de los comparecientes al actuar de la JEP resulta irresponsable”.
Los antiguos del secretariado de las Farc junto al presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, y la comisionada Marta Ruiz. Foto:Comisión de la Verdad.
Y es que en la misiva, Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como Timochenko; Julián Gallo, conocido en la guerra como Carlos Losada; Pablo Catatumbo; Pastor Alape; Joaquín Gómez; Rodrigo Granda; y Jaime Alberto Parra, señalan que “se estaría llevando a los firmantes y comparecientes a apartarse de las decisiones proferidas por esta jurisdicción”.
En la Carta, los firmantes indicaron que “se estaría llevando a los firmantes y comparecientes a apartarse de las decisiones proferidas por esta jurisdicción”.
Ante esas declaraciones, la JEP respondió los cuestionamientos y en cabeza de su presidente, el magistrado Roberto Vidal López, indicó que “el propósito principal de esta jurisdicción transicional es el esclarecimiento de la verdad y la garantía de los derechos de las víctimas”.
“La imputación de los crímenes bajo el derecho internacional a los máximos responsables es una obligación constitucional y legal que este tribunal está desarrollando y seguirá cumpliendo con el mayor rigor y transparencia”, dijo.
Ante las preguntas de los periodistas, el magistrado Vidal reiteró que "de ninguna manera esto constituye una amenaza para la Jurisdicción porque nuestra competencia judicial no está en discusión". Nuestra competencia deriva de la Constitución". pic.twitter.com/yLBZnkNHWR
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) February 7, 2024
Destacó que los comparecientes que se aparten de las decisiones de la JEP están sujetos “a la pérdida de los beneficios y a la reactivación de las investigaciones, los procedimientos y las sanciones penales impuestas por la justicia ordinaria”.
En su intervención, el magistrado indicó que no les corresponde a los excombatientes “emitir órdenes ni orientaciones acerca de la manera como la magistratura debe cumplir con su mandato constitucional”.
Uno de los puntos álgidos de la carta guarda relación con las 4.485 solicitudes de amnistía hechas a la JEP, que dicen los excombatientes y que solo se han concedido 688, pero sobre ese tema el magistrado Vidal señaló que “7000 personas, de las antiguas Farc, recibieron amnistía por vía istrativa y por vía de la intervención de jueces ordinarios y un pequeño grupo de caso fueron destinados a la JEP, casos que revisten de complejidad. Más de la mitad de esos casos ya han sido resueltos”, dijo el magistrado.
Rodrigo Londoño y Julián Gallo. Foto:Mauricio Moreno El Tiempo / Prensa Julián Gallo
Las molestias
En diálogo con EL TIEMPO, el senador Julián Gallo Cubillos, manifestó que son varias las preocupaciones a las que hacen referencia, una de ellas es que “en el acuerdo de paz está estipulado que la JEP solamente va a ocuparse de los casos más representativos ocurridos en el conflicto”.
“Hasta ahora se han abierto 12 macrocasos y se viene vinculando primero a los máximos comandantes de las Farc, eso estaba acordado y en eso no vemos dificultad, lo hemos estado haciendo, estamos cumpliendo, pero se ha ido bajando en la escala de mando hasta los niveles medios y bajo, e incluso ya están citando guerrilleros y guerrilleras de base. Eso obviamente es una violación del acuerdo y lo que va a suceder si la JEP sigue por ese camino es que van a sepultar la verdad”, dijo Gallo.
Analistas consultados por EL TIEMPO manifestaron que tras las molestias de la antigua Farc podrían estar varios factores.
César Niño, profesor de paz y conflicto de la Universidad de La Salle, señaló que los líderes de la antigua guerrilla “están furiosos porque los van a llamar a que aclaren sus roles en el atentado al Club el Nogal de 2002”, para que expongan sus responsabilidades y cómo hicieron el atentado.
Pero Niño, además considera que las viejas Farc “seguramente temen que haya un mayor repudio y rechazo general por lo que se llegue a confesar”.
Mientras que Carlos Charry, experto en temas de paz y conflicto señaló que concretamente algunos exlíderes de la extinta guerrilla de las Farc “están inconformes con los fallos y los procedimientos de la JEP”.
“El hecho de que no estén de acuerdo algunos de las antiguas Farc con determinados fallos, no quiere decir que se están incumpliendo los acuerdos. Para que una persona de las extintas Farc haga parte y reciba los beneficios de la JEP se tiene que comprobar que está reparando y aportando al esclarecimiento de la verdad”, dijo Charry.
Señaló que la mayoría de los de la Farc “han cumplido con esto”, pero no todos lo han hecho. “El presidente de la JEP, como una justicia autónoma, está diciendo que aquellos que no cumplan sus casos deberán ser entonces trasladados a la justicia ordinaria donde no van a tener los beneficios producto del acuerdo”.
“Esa es la polémica que se ha formado, pero esto no es nuevo. En su momento durante el Gobierno de Iván Duque, principalmente de las Fuerza Pública, indicaban exactamente lo mismo: que no habían las condiciones, que la JEP estaba parcializada y que era un ente ideológico”.
Ambos analistas coincidieron que la JEP es un ente autónomo y que los tiempos para negociar lo firmado ya pasó, y consideraron que la actitud de algunos de los ex de las Farc supone de, alguna manera, una intromisión indebida en las decisiones de la JEP.
Por su parte, Diego Martínez, exintegrante de la Comisión Jurídica de los Diálogos de La Habana, en conversación con EL TIEMPO, señaló que los antiguos del secretariado están respondiendo por todo y no están buscando evadir sus responsabilidades.
“Recordemos que solamente en el caso 01 han reconocido más de 13 delitos internacionales, no sólo el delito del secuestro y su responsabilidad; sin embargo, lo que han manifestado es que ellos están respondiendo por los mandos medios y por los integrantes de estructuras intermedias. No significa que la JEP no los pueda judicializar, sino que el umbral de hechos de selección de esta jurisdicción es menor y aplicarse la renuncia a la persecución penal”, dijo Martínez.
Señaló que la JEP, al igual que lo realiza la I, tiene un mecanismo de selección de los hechos “más graves y representativos”.
“La preocupación esencial es que, al dedicarse la JEP a sancionar a gran parte de los ex de Farc, está olvidando este principio de selección de los hechos más graves y representativos, y sobre todo de juzgamiento de los máximos responsables por participación o liderazgo. Y en ese sentido lo que nos hace es una JEP interminable, y una JEP que va a durar mucho más allá del tiempo que está trabajando”, dijo el exintegrante de la Comisión Jurídica.
Añadió que el derecho a la amnistía más amplia posible es transgredido al aplicar de forma restrictiva este principio. “Son características en las decisiones de la Sala la negligencia, la lentitud y las fallas al debido proceso. Las amnistías están siendo condicionada a factores que no existen en la ley”.