Procuraduría aprieta a la JEP: pide imputar al exsecretariado como autor y no por línea de mando en reclutamiento

Agotándose el plazo para que seis del último secretariado de las Farc reconozcan la imputación por reclutamiento forzado de menores y delitos conexos como la violencia sexual y por prejuicio, la Procuraduría pidió ajustar su responsabilidad. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) los había vinculado a este patrón criminal como coautores por línea de mando, pero el Ministerio Público solicita que se les señale bajo autoría mediata conjunta.

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Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Alape y Julián Gallo tienen hasta el 21 de mayo para hacer el 'mea culpa' y evitar que el grueso expediente, de más de 900 páginas, pase a manos de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), la fiscalía de la JEP, y sean enjuiciados.

Este auto de imputación era uno de los más esperados por desnudar la victimización de los niños, niñas y adolescentes en la guerra. Sin embargo, también pisó ampollas en la otrora cúpula guerrillera que ha sido esquiva en reconocer la sistematicidad de estos delitos dentro de la organización. 

La Procuraduría, a través de un duro documento de 38 páginas que anexó a la decisión de la JEP, pidió replantear los términos con los que fueron acusados los antiguos cabecillas.

"(La JEP) olvidó tener en cuenta la participación (de los del último secretariado) en las acciones macrocriminales investigadas. Así las cosas, más allá de la pertenencia a una estructura, también importa el rol individual, en la medida en que la responsabilidad recae sobre personas, no sobre estructuras", argumentó el procurador delegado Christian Leonardo Wolffhügel Gutiérrez.

La Procuraduría pide que no solo se tenga en cuenta su papel como máximos jefes de la extinta guerrilla —y, por lo tanto, responsables de las políticas que se instauraron—, sino también su rol como autores directos de los crímenes cometidos a lo largo de su trayectoria en la organización.

"Los antiguos integrantes de las FARC-EP fueron también, en ocasiones de manera simultánea, comandantes de bloques o frentes y, en esa condición, implementaron las políticas victimizantes contra menores de edad", agrega.

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Asimismo, frente a su función como altos mandos, el Ministerio Público rechazó la idea de que su participación en el patrón de violencia sexual y por prejuicio contra niños, niñas y adolescentes reclutados haya sido solo por omisión de sus deberes de prevención y sanción.

"Es claro que existen “bases suficientes para entender” que los exintegrantes del Secretariado utilizaron a dicho grupo armado como un aparato organizado de poder para ejecutar una política de facto y no formal de coerción física y psicológica en contra de niños y niñas (así como de mujeres mayores de edad), dirigida a desplegar un control absoluto sobre sus cuerpos, su intimidad y su sexualidad, política por medio de la cual se cometieron los actos de violencia sexual", anotaron en el concepto.

Para reforzar su autoría directa, algunos relatos vinculan a varios de sus como perpetradores. La Procuraduría citó la declaración de la víctima 07.01.112, quien sufrió hechos de violencia sexual cometidos por los comandantes, entre los que se menciona a (Pablo) Catatumbo Torres. De la misma manera, la víctima 07.01.157 identificó a (Rodrigo) Londoño Echeverry y (Hernán Darío) Velásquez Saldarriaga.

El Ministerio Público solicitó que la imputación ampliara los delitos de ataque a la población civil, traslado forzoso, persecución a las comunidades étnicas, así como el asesinato, principalmente de los bebés recién nacidos. 

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"Al menos 10 víctimas documentaron la ocurrencia de los hechos. Los mismos fueron descritos como actos mediante los cuales una vez nacían vivos los bebés, en medio de la práctica de abortos en edades gestacionales avanzadas, les daban muerte sacándolos y tirándolos en bolsas de plástico o al rio, por ejemplo", 

Uno de los grandes ausentes en la imputación de reclutamiento fue el 'excanciller' de las Farc, Rodrigo Granda, quien no fue seleccionado como máximo responsable. En el auto la JEP argumentó que no intervino de forma decisiva en la creación de estrategias criminales. 

La Procuraduría refutó. "Este razonamiento sugiere que lo único relevante para la selección como máximo responsable fue la pertenencia a la estructura (Secretariado), pero no su posible participación como comandante de bloque o de frente en la implementación de las políticas trazadas por instancias más altas". Por esta razón, pidió incluirlo en la imputación.

Redacción Justicia